Bolivia: ¿Evo fue derrocado por un golpe de Estado? El debate que llevó a Áñez a prisión

Rubén Guillemí
·4  min de lectura
El máximo jefe militar coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez
El máximo jefe militar coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez

El por qué, el cuándo y el cómo. Todo generó polémica en la detención de la expresidenta Jeanine Áñez en Bolivia. Y la decisión de ponerla tras las rejas marca una escalada en los choques entre el gobierno y una oposición que se resiste a que el Movimiento al Socialismo (MAS) recupere le hegemonía que ejerció en todos los poderes del Estado durante casi 14 años de gestión de Evo Morales.

La acusación de “terrorismo y sedición” presentada en diciembre pasado por la diputada del MAS Lidia Patty, que terminó con el arresto de Áñez y algunos de sus exministros, afirma que la salida de Evo en noviembre de 2019 fue propiciada por un golpe de Estado, realizado en medio de acusaciones de fraude electoral. Pero los constitucionalistas debaten sobre si lo que ocurrió en Bolivia fue realmente un golpe.

Bolivia. Detienen a la expresidenta Jeanine Áñez

“No creo que sea correcto analizar lo sucedido solo a partir de noviembre de 2019”, dijo a LA NACION el abogado constitucionalista boliviano Williams Bascopé. “En 2018 Evo Morales hizo que el Tribunal Constitucional, integrado por gente puesta por él, desconociera el resultado del referéndum de 2016 que lo inhabilitaba para ser candidato, y dictaminó que su reelección indefinida era un ‘derecho humano’. Así fuimos a la elección de 2019 con Evo como candidato, y luego ocurrió el fraude que comprobó la OEA [Organización de los Estados Americanos]. Es en ese contexto que la gente sale a las calles, Evo presenta su carta de renuncia y sale del país. Además, la Constitución dice bien claro en su artículo 169 cómo es la sucesión en caso de renuncia o ausencia del presidente. Y se respetaron todos los pasos”, señaló Bascopé.

En cuanto a la participación militar, el constitucionalista recordó que la “sugerencia” de renuncia presentada a Evo el día anterior a su alejamiento en 2019 por parte del alto mando militar, es parte de las atribuciones que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece en su artículo 20 cuando menciona entre las tareas castrenses: “Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”.

Boscopé dijo también que en todo caso no correspondía ahora al Fiscal General ordenar la detención de la exmandataria, sino “un juicio de responsabilidades a través de la Asamblea Legislativa porque se trata de acciones de Áñez derivadas del ejercicio de su función como presidenta”.

La posición oficialista

Pero no todos los juristas coinciden en estas interpretaciones. Para David Inca Apaza, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, no se respetaron los pasos establecidos por la ley.

“La proclamación de Áñez se realizó sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, un paso que exige la Constitución boliviana. Además, el acto se realizó en un hemiciclo semivacío, con la única participación de los partidos opositores. Y finalmente, la persona que le colocó la banda presidencial a ella fue el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, el mismo que le ‘sugirió’ a Evo la renuncia, vestido con un uniforme de fajina. Eso no es lo que yo entiendo por una sucesión democrática constitucional”, dijo Inca Apaza a LA NACION.

En forma paralela, el abogado impulsa otra acción legal contra la expresidenta por la llamada “masacre de Senkata y Sacaba”: 11 civiles murieron en esas localidades de El Alto, vecina a La Paz, luego de que Áñez, mediante el decreto 4078, eximiera de responsabilidad penal a los militares que reprimían las protestas contra su gobierno.

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“Yo fui testigo de esa masacre porque estaba allí en ese momento. Y nadie me puede decir que gente que solo tenía piedras y palos eran una amenaza para militares con armas de guerra”, dijo Inca Apaza.

La ahora exdiputada Lidia Patty comentó a LA NACION que la presentación que ella impulsó contra Áñez se refiere básicamente a “todas las acciones que hizo para preparar el golpe de Estado cuando aún era senadora; ella y otros legisladores, que luego fueron sus ministros, incluso realizaron varios viajes al exterior para organizar el golpe”.

En cuanto a la movilización popular contra Evo, Patty la atribuyó a “los gobernadores y alcaldes que dieron licencias a sus funcionarios y empleados, y los impulsaron para que participen de las manifestaciones”.

Sin embargo, la llamativa detención de Áñez –que fue hallada y fotografiada escondida en cuclillas en una caja en su casa– y su posterior exhibición detrás de las rejas mientras hablaba con sus abogados fue interpretado en Bolivia como una señal política a toda la oposición.

“Estas acciones están directamente vinculadas con los resultados en las elecciones regionales del domingo pasado en las que el MAS perdió varios bastiones”, dijo a LA NACION el analista político Jorge Dulon.

“No es casualidad que las órdenes de detención incluyan a Iván Arias, electo alcalde de La Paz, y a Luis Camacho, que ganó la gobernación de Santa Cruz. Una vez que asuman en mayo ya no podrán ser detenidos. Por eso esto es una clara persecución política lanzada por un gobierno en problemas”, dijo Dulon.