Bolivia castigará con 10 años de cárcel a quien asista a eventos sin certificado de vacunación

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Una mujer recibe una dosis de la vacuna AstraZeneca para COVID-19 en una clínica estatal de seguridad social durante la inmunización de personas mayores de 80 años en La Paz, Bolivia, el miércoles 14 de abril de 2021.
Una mujer recibe una dosis de la vacuna AstraZeneca para COVID-19 en una clínica estatal de seguridad social durante la inmunización de personas mayores de 80 años en La Paz, Bolivia, el miércoles 14 de abril de 2021.

El Gobierno de Bolivia anunció hoy que sentenciará con hasta 10 años de cárcel a quien no presente el certificado de vacunación contra el coronavirus o prueba PCR negativa para asistir a eventos sociales masivos y a ciertas instalaciones públicas y privadas, que entrará en vigor el 1 de enero, ya que estaría atentando “contra la salud pública”.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo en una entrevista con Bolivia TV que respetar el decreto sancionado por la Cámara de Diputados el pasado jueves para contrarrestar el avance de la pandemia “no es chiste” y quien no la cumpla estará arriesgando su “situación legal”.

En este caso estaríamos frente al atentado contra la salud pública. Si yo tengo Covid y no tengo mi carnet de vacuna ni mi PCR negativo (...) estoy atentando contra la salud pública de la población”, mencionó el viceministro al ser consultado por la penalización a quienes no respeten la ley. “De acuerdo al Código este delito está sancionado con hasta 10 años de cárcel”.

No es chiste. No es una cosa que salió y el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple. Están poniendo en riesgo no solamente la salud de las otras personas que pueden concurrir no solo a fiestas sino a otro tipo de establecimientos tanto del sector público como el privado”, profundizó.

En ese sentido, si una persona no cuenta con su certificado de vacunación o PCR negativo, las autoridades pueden de acuerdo al código penal detectar, identificar e iniciar un proceso penal y poner en riesgo la “situación legal con una sanción de hasta 10 años de cárcel”, detalló Silva.

Una residente es vacunada con una dosis de Sinopharm durante una campaña de vacunación dirigida a la comunidad indígena Uru Chipaya, en Chipaya, Bolivia, el viernes 23 de julio de 2021.
Una residente es vacunada con una dosis de Sinopharm durante una campaña de vacunación dirigida a la comunidad indígena Uru Chipaya, en Chipaya, Bolivia, el viernes 23 de julio de 2021.


Una residente es vacunada con una dosis de Sinopharm durante una campaña de vacunación dirigida a la comunidad indígena Uru Chipaya, en Chipaya, Bolivia, el viernes 23 de julio de 2021.

El 23 de diciembre, la Cámara de Diputados boliviana dictó el Decreto Supremo 4641, que establece la necesidad de presentar como primera opción un certificado de vacunación y como segunda una prueba PCR negativa para ingresas a instituciones públicas y privadas, y para viajar entre departamentos.

Dos alternativas

Silva explicó que la alternativa de un PCR negativo responde a la noción de que mucha gente elige no vacunarse o no puede hacerlo por creencias religiosas o recomendaciones por antecedentes médicos.

“Hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y a las vacunas. Hay gente que por creencias religiosas no quiere vacunarse (...) Por lo tanto se respeta esa decisión de los ciudadanos”, señaló.

Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en el país, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.

A la fecha, Bolivia acumula un total de 576.602 infectados por coronavirus, 19.546 muertos y 519.431 pacientes recuperados.

Con información de Europa Press

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