Bolivia: ¿Y si es un autogolpe?

Carlos Manfroni

Con demasiada facilidad se está hablando de "golpe de Estado" en Bolivia. Quienes no aceptan esa posición sostienen que el señor Evo Morales ya había forzado el proceso democrático al presentarse a una nueva reelección, tras un referéndum que le negó esa posibilidad y al que él mismo había convocado. Y que, además, existió un fraude comprobado en el escrutinio, por lo cual el presidente había perdido autoridad moral para competir en una nueva compulsa electoral en cuya supervisión, por otro lado, nadie confiaría.

En cambio, quienes aseveran que se trató de un golpe de Estado se aferran a la sugerencia realizada al señor Evo Morales "por las Fuerzas Armadas" de Bolivia de renunciar a la Presidencia a fin de evitar el caos y el derramamiento de sangre. "Sugerencia de las Fuerzas Armadas"; de ese modo lo dicen quienes sostienen esta posición y, a decir verdad, así lo repetimos casi todos.

En cualquier caso, resulta sorprendente la escasa divulgación que tiene el nombre de quien habría presentado tal sugerencia, nada menos que el general William Kaliman Romero, el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas.

El señor William Kaliman Romero es un ferviente seguidor de Evo Morales, elegido y designado por él, que asumió como Jefe de las Fuerzas Armadas el 24 de diciembre de 2018; es decir, cuando ya llevaba muchos años en el poder el Movimiento al Socialismo, del cual el nuevo comandante es partidario. De tal manera, hubo bastante tiempo como para que el entonces presidente y el general se conocieran y resulta muy poco creíble que el comandante fuera designado si no gozaba de la plena confianza del señor Morales. Kaliman se había declarado un "soldado del proceso de cambio" liderado por el gobierno.

Por si lo dicho pareciera solo una conjetura, en agosto pasado el general Kaliman había llamado a los opositores "antipatrias" y "detractores antinacionalistas", lo cual le valió una denuncia de los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, entre otros, ante la Fiscalía de La Paz.

No se trataba de la primera denuncia que hacía públicamente contra el señor Kaliman el diputado de la Unidad Demócrata Rafael Quispe, quien insinuó que el nuevo comandante estaba sospechado de corrupción y que eso serviría al gobierno para poder manipular a las Fuerzas Armadas. Por su lado, el diputado Amílcal Barral sostuvo que fue elegido "el más Iluk'u (obsecuente) del gobierno".

La sospecha se sostiene aún después de la renuncia del presidente, ya que las bandas incendiarias del MAS salieron a quemar las casas de los opositores y las Fuerzas Armadas no movieron un dedo para impedirlo, a pesar de los reiterados reclamos de la policía, que estaba desbordada. Solo después de que hubieran consumado varias de sus venganzas y de la intervención de personalidades relevantes de Bolivia para que las Fuerzas Armadas detuvieran la devastación, se anunció que intervendrían en la justa proporción para evitar el derramamiento de sangre.

A la vista de todos esos indicios, no debería extrañarnos que el general Kaliman, quien en un discurso sostuvo que las "Fuerzas Armadas morirán anticolonialistas", hubiese presentado su "sugerencia" a pedido del propio presidente, quien ya veía irremediablemente perdida su oportunidad de perpetuarse en el gobierno. De esa manera, se iría como una víctima de un golpe de Estado y esto le serviría para objetar la legitimidad de la nueva administración que surgiese de las urnas. Además, el engaño -si tal hubiera sido- le valió la concesión de un asilo político que difícilmente un país de América se lo hubiera otorgado una vez derrotado en las elecciones. Por lo pronto, si a su derrota hubieran sucedido acusaciones de manejos corruptos de la economía, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Bolivia, se estipula que no podrá invocarse el carácter político de las acusaciones, a los efectos del asilo.

Como siempre, cuando se analiza la historia, hay que observar qué hay detrás del telón.

El autor fue miembro de Grupo de Expertos de la OEA que redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción