Bogotá: piden justicia para víctimas de violencia policial

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BOGOTÁ (AP) — “¡Angie vive! Asesinada por la policía nacional”, con esta pancarta y las fotografías de las víctimas del 9 y 10 de septiembre, decenas de personas pedían justicia el jueves en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá.

“Ese 9 de septiembre no existieron los derechos humanos, no hubo Constitución. Nos mataron porque sí, solo por protestar. Después, esa indignación se convirtió en fuerza de lucha y construcción, para que la memoria continúe”, dijo a The Associated Press Juan Bello, miembro de la mesa de diálogo de Verbenal.

Un año atrás Bogotá vivió una violenta jornada de protestas desatada por el asesinato de Javier Ordóñez, un estudiante de abogacía que al ser requerido en la calle por la policía fue reducido y golpeado. Según la necropsia, su riñón derecho estalló y tuvo lesiones “producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica”. El ministro de Defensa de la época, Carlos Holmes Trujillo, aceptó públicamente que unos policías “mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme”.

En las protestas contra la violencia policial murieron 10 personas en Bogotá y dos más en Soacha, un municipio aledaño. Todos jóvenes entre los 17 y 30 años. Desde entonces, las familias han exigido justicia, sin embargo, no hay ninguna condena en estos casos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió mayor celeridad en las investigaciones tanto de las víctimas mortales, como de los más de 300 heridos que se registraron, 75 de ellos por arma de fuego.

“De los ocho casos comprobados de homicidio por arma de fuego, apenas en cuatro ha habido una imputación de cargos por parte de la Fiscalía a miembros de la policía, pese a la evidencia de que usaron de manera arbitraria e inconstitucional sus armas de fuego contra los ciudadanos”, dijo la alcaldesa en una declaración oficial.

López reclamó a la Fiscalía por no solicitar medida privativa de la libertad en cárcel para los presuntos responsables. "Ni siquiera han sido suspendidos del servicio (policial), pese a estar imputados por asesinato contra nuestros jóvenes”, agregó.

Las víctimas del 9 de septiembre, como se autodenominan, organizaron homenajes en varios puntos de Bogotá en los que se registró violencia, especialmente en zonas aledañas a Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la policía que fueron el centro del descontento un año atrás y que terminaron incinerados.

En Verbenal se registraron tres víctimas mortales: Jaider Fonseca, de 17 años; Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años y Cristian Camilo Hernández, de 24 años. Según dijo a la AP Alejandra Garzón, abogada de víctimas y miembro de DH Colombia, una red de defensores de derechos humanos, en los casos de Jaider y Andrés hay un patrullero de la policía que fue acusado de homicidio agravado y fue llamado a una audiencia para solicitar una medida de aseguramiento.

Sin embargo, Garzón advierte que el caso de Cristian es uno de los de “mayor impunidad” debido a que no se “recuperó un proyectil en el cuerpo”. “Existen evidencias físicas y elementos probatorios conducentes que determinan que existe responsabilidad penal del comandante de la Estación Verbenal y el comandante del CAI porque ellos estuvieron todo el tiempo en medio de las manifestaciones públicas”, aseguró.

El miércoles, en la víspera de la conmemoración del 9 de septiembre, el director de la policía, general Jorge Luis Vargas, pidió públicamente perdón a las víctimas de los abusos de la fuerza pública.

“La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón, a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en que un policía, de manera comprobada y con todo el debido proceso, ha cometido un acto contrario a la ley”, dijo Vargas ante la prensa.

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