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Bloque de cocaleros bolivianos se adhiere al pedido de censo para 2023

La Paz, 10 oct (EFE).- La Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) se adhirió este lunes a la demanda del departamento de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y principal bastión de la oposición, para que el censo de población se realice el próximo año y no en 2024, como dispuso el Gobierno.

Los cocaleros de Adepcoca realizaron una marcha desde su sede, en el norte de la ciudad de La Paz, hasta la plaza San Francisco, en el centro, para instalar un cabildo y plantear varias exigencias al Gobierno de Luis Arce.

"Respeto al fuero sindical", garantías para la "independencia de las organizaciones sociales", "cese de la persecución" a los dirigentes de Adepcoca, la realización del censo en 2023 junto a la incorporación de una pregunta específica sobre el consumo de las hojas de coca, fueron las principales demandas.

Adepcoca protagonizó desde principios de agosto una serie de movilizaciones para conseguir el cierre del llamado "mercado paralelo", que desde finales del año pasado abrió el dirigente Arnold Alanes, que asegura ser el auténtico dirigente de ese sector.

El momento crucial llegó el pasado 8 de septiembre cuando después de una gran marcha que recorrió por cinco días unos 100 kilómetros por el departamento de La Paz, miles de cocaleros llegaron hasta la sede del mercado paralelo y lo destruyeron.

Adepcoca invitó a las leyes bolivianas que únicamente reconocen un mercado de venta de hojas de coca en La Paz, el de Villa Fátima, y otro en el departamento de Cochabamba.

Sin embargo, el Gobierno y el sector de Alanes anunciaron medidas legales por la destrucción de centro de venta alterno, por lo que varios de los principales dirigentes de Adepcoca están encarcelados.

Este bloque cocalero dio este lunes un ultimátum al Gobierno de 14 días para responder a esos pedidos porque de lo contrario iniciarán bloqueos de carreteras.

CONFLICTO POR EL CENSO

Así como en La Paz, también hubo otro cabildo en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, para que el censo de población se realice en 2023.

El censo de población y vivienda debía efectuarse en noviembre de este año, sin embargo, el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de una "despolitización" de ese proceso.

El pasado 30 de septiembre las instituciones cívicas de Santa Cruz realizaron un cabildo que definió una huelga indefinida desde el 22 de este mes en caso de que el censo no se realice el próximo año.

El Gobierno invitó a los líderes cruceños a una "reunión técnica" este martes junto a representantes de entidades internacionales con la finalidad de conocer sus demandas y sus propuestas en la ciudad de Santa Cruz.

"Vamos a respetar el mandato del cabildo del 30 de septiembre y no se va a participar el día de mañana (martes) en esa mesa técnica", dijo el rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, después de una reunión del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz.

Esa instancia cruceña consideró que la única forma de asistir a un diálogo pasa por la anulación del decreto presidencial que fija el censo en 2024.

Por su lado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que la mesa técnica "es el escenario" para alcanzar una respuesta a este conflicto y cuestionó los "condicionamientos" para el diálogo.

La región de Santa Cruz, la más poblada y motor económico de Bolivia, encabeza la exigencia para que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en que están previstos los comicios generales.

De esa encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos con base a la población y también una nueva distribución de representación política en el Parlamento.

(c) Agencia EFE