La intransigencia que bloquea el presupuesto de Seguridad Nacional de EEUU

La disputa irreconciliable entre un importante sector del Partido Republicano –encarnado principalmente en la mayoría de la Cámara de Representantes, donde el ‘Tea Party’ tiene una influencia significativa– y el presidente demócrata Barack Obama es de larga data, prácticamente desde el inicio mismo de su mandato. Aunque desde 2011 ha tenido episodios particularmente álgidos: repetidos intentos de abolir la Ley de Cuidado de Salud (‘Obamacare’), cierre del gobierno federal por falta de acuerdo presupuestal, confrontaciones por diferencias mayores en política exterior y, más recientemente, un agudo diferendo sobre las acciones ejecutivas del presidente, sobre todo en el tema de los alivios migratorios, que llevó a los republicanos a calificar de “imperial” la actitud de Obama.

Ese pleito por los alivios migratorios ha escalado en el bando republicano: primero en la forma de intentos de derogar la protección contra la deportación que desde 2012 ha beneficiado a ciertos jóvenes estudiantes (llamados ‘dreamers’), denominada DACA, para luego pasar a una ofensiva de mayor alcance en la que la Cámara de Representantes ha condicionado la autorización del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a la eliminación de esos programas de alivio migratorio.

Ese nuevo embate es especialmente crítico, y muchos –incluidos importantes republicanos– lo consideran excesivo, torcido, pues poner en jaque a la instancia encargada de la protección del país por un diferendo de índole meramente político-ideológico sería ir demasiado lejos.

Según una encuesta de CNN, el 53% de los estadounidenses culparán a los republicanos si DHS resulta afectado por el impasse legislativo y sólo 30% responsabilizan de esa posibilidad a Obama. Un 55% de los encuestados cree que el cierre de DHS, así sea temporal, sería una crisis o un problema mayor.

Así, como relata la revista ‘Time’, si el Congreso no autoriza el presupuesto del DHS a más tardar este viernes 27 de febrero, la agencia tendrá que parar operaciones de modo parcial, y los cerca de 200,000 empleados de primera línea de esa entidad dejarán de percibir sus salarios. Y aunque a algunos se les pedirá que no acudan a trabajar, la gran mayoría de ellos (el 80% según ‘Time’, 85% según ‘Los Angeles Times’) son empleados que realizan tareas consideradas esenciales para la seguridad nacional, por lo que deberán seguir trabajando, pero sin paga.

Pero pese al rechazo de Obama y de los demócratas en ambas cámaras del Congreso a ese vínculo del presupuesto de DHS con una pugna partidista, y a la oposición que esa pretensión ha suscitado también entre importantes políticos republicanos, que consideran que la seguridad nacional es un asunto que debe quedar fuera de forcejeos, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que condiciona el financiamiento de DHS a la eliminación de los alivios contra la deportación de indocumentados, y la pasó al Senado para su trámite.

Pero en la Cámara alta, donde también hay mayoría republicana, las cosas se ven diferentes, y justo el pasado miércoles 25 de febrero se aprobó allí conceder el presupuesto a DHS sin condicionarlo al tema  de inmigración por una aplastante mayoría de 98-2 con un bloque unido de republicanos y demócratas.

Sólo los senadores republicanos Jim Inhofe (Oklahoma) y Jeff Sessions (Alabama) votaron en contra. Hasta el polémico senador Ted Cruz (Texas), figura mayor del Tea Party y adversario radical de la política migratoria de Obama, votó a favor de autorizar el presupuesto de DHS sin ataduras a temas de inmigración.

El líder del Senado, Mitch McConnell, permitió ese voto y se opuso a vincular el dinero de DHS con la eliminación de las acciones ejecutivas que establecieron los alivios migratorios. Y no porque esté de acuerdo con ellas sino porque encontraba imprudente mezclar el tema con la seguridad nacional.

De acuerdo a ‘Los Angeles Times’, McConnell propuso zanjar el problema presupuestal mediante una acción separada de DHS contra la política migratoria de Obama. McConnell desea mostrar que bajo el liderazgo republicano el Senado puede legislar y sacar adelante leyes (algo severamente acotado en la pasada legislatura) y por ello cierres de gobierno y otras medidas extremas e intransigentes estarían fuera de su esquema, interesado en desmantelar la visión –aún existente en la opinión pública y reforzada ahora por la pugna en torno a DHS- de que los republicanos mantienen frenado con su intransigencia los acuerdos legislativos de interés mayor.

Por añadidura, los nuevos alivios migratorios (pero no el DACA de 2012) se encuentran bloqueados desde mediados de mes por el fallo de un juez federal, por lo que en todo caso la razón imperativa de los radicales republicanos (impedir que esos programas entraran en marcha) estaba ya parcialmente cumplida, al menos de modo temporal en lo que el asunto se dilucida en las cortes.

Ciertamente, dado que la objeción del juez tiene alegaciones de índole procedimental y no de inconstitucionalidad, expertos coinciden en que tarde o temprano el bloqueo será levantado y esos programas de protección para hasta 5 millones de indocumentados seguirán adelante.

En todo caso, Obama ha indicado que vetará cualquier intento de eliminar sus acciones ejecutivas en materia de inmigración en el caso de que eso fuera aprobado por ambas cámaras, justo como hizo ya con su veto al también controversial esquema republicano para forzar legislativamente la aprobación del proyecto de oleoducto Keystone XL saltándose al Ejecutivo.

Es incierto si la iniciativa de presupuesto de DHS ya avalada en el Senado será votada y aprobada en la Cámara de Representantes. Según ‘Los Angeles Times’, 30 representantes republicanos le pidieron al líder de la mayoría en la Cámara John Boehner rechazar la iniciativa del Senado y mantenerse firmes con su plan original.

Así, ni siquiera es claro si el esquema del Senado será presentado a voto en la Cámara antes del plazo crítico del viernes 27 de febrero, pero aunque eso sucediera cabe la posibilidad de que sea rechazado por la mayoría, continuando así el impasse.

Mientras, miles de empleados de DHS se tendrán que hacer a la idea de ir a trabajar sin sueldo y el espectro del enturbiamiento de asuntos torales para Estados Unidos por consideraciones ideológico-partidistas nubla el panorama político de forma ominosa.

La pregunta es si Boehner y su grupo aflojarán el brazo antes del límite del viernes 27 de febrero, o si la tensión y los efectos de ella en el DHS continuarán a tope.

-Jesús Del Toro es periodista y poeta. Síguelo en Twitter @JesusDelToro