El fallo que salvó del desastre al sistema de salud de Estados Unidos

Una demanda de fuertes tintes políticos y justificada en lo que muchos consideraron un mero formulismo semántico o retórico puso a temblar toda la estructura de salud de Estados Unidos, un sistema de por sí caro, complejo y conflictivo. Al final, y tras un cierto periodo de incertidumbre y de comerse las uñas, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó la validez de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare, en el singular aspecto de los subsidios para comprar pólizas de cobertura médica privadas otorgados en el mercado de seguros federal creado en el marco de esa ley.

La disputa tiene una larga cola ideológico-política y está enraizada en el rechazo continuo que los republicanos han mostrado desde el inicio hacia Obamacare (han tratado de abolir la ley numerosas veces en la Cámara de Representantes, sin conseguirlo). Así, en una andanada más de esa batalla se presentó una demanda que atacó un curioso resquicio.

Como explica la radio pública NPR, un apartado del texto legal señala, en términos generales, que se podrán conceder subsidios para la compra de seguros médicos en un mercado establecido “por el estado”. Obamacare previó la creación de sistemas de comercio electrónico en línea en los que aseguradoras ofrecen a los individuos pólizas de cobertura médica de diferentes niveles de cobertura y precios, y las personas pueden comprarlas a precios subsidiados por el gobierno dependiendo del nivel de ingreso de cada individuo o familia (a menor ingreso, mayor subsidio).

Obamacare, con todo, dio a los estados la facultad de decidir crear y operar su propio mercado de seguros (como lo hicieron California o Nueva York) o de no hacerlo (a lo que optaron 34 estados, entre ellos Florida y Texas). Para estos 34 casos fue el gobierno federal quien vía su propio sistema ofrece coberturas a la población de esos estados.

Pero la demanda señaló que la ley implica que los subsidios sólo son válidos en los mercados establecidos “por el estado” y consideró que esa provisión debía ser entendida de modo literal. Por ende, los subsidios concedidos en el mercado federal, que beneficia a millones de personas, serían ilegales.

Mucho se criticó que la demanda recurría a un aspecto meramente semántico, pues el espíritu de la ley siempre implicó que los subsidios debían ser para todos los estadounidenses elegibles, y que el término “por el estado” se entendía tanto para lo estrictamente estatal como para el estado federal.

Pero el mero hecho de que la Corte Suprema haya admitido la demanda generó escalofríos: la posibilidad de que el tribunal diera la razón a la demanda implicaba, como explica Mother Jones, que 13 millones de personas estarían en riesgo de perder sus subsidios y 8 millones de quedarse por completo sin cobertura médica. Eso habría sido la debacle total de la mayor iniciativa del gobierno de Barack Obama y lo que será, a la postre, su principal legado. Una sombra posible, considerando la inclinación conservadora que se ha apreciado en fallos anteriores de la Corte Suprema.

Al final todo quedó en un susto y en un round más para Obama en la batalla de los republicanos y grupos conservadores por derribar a Obamacare. Como señaló The New York Times, la Corte Suprema decidió por 6 votos contra 3 que los subsidios otorgados en el mercado federal de seguros son válidos y legales. Obama lo celebró en grande y sus opositores tuvieron que tragarse la molestia, incluido un especialmente irritado juez Anthony Scaglia, quien consideró el fallo mayoritario a favor de Obamacare “absurdo”, lo consideró como una especie de construcción a modo y dijo que esa norma debería ser ahora conocida como ‘SCOTUScare’ (aludiendo al acrónimo SCOTUS usando para la Corte Suprema).

Sea como sea, la mayoría de los magistrados se refirió a jurisprudencia anterior en la que se mostraba que ciertas ambigüedades en las previsiones legales podían ser interpretadas por la entidad responsable de aplicarlas y que incluso el mero hecho de que el Congreso haya dejado un término ambiguo implicaba que se concedía a la autoridad encargada de ejecutar la norma la capacidad de clarificar esa ambigüedad. Así, aunque parezca una explicación oscura, el Departamento de Salud tiene el derecho y la facultad de esclarecer que “por el estado” es aplicable tanto a escala meramente estatal como federal y, por ende, los subsidios en el mercado federal de Obamacare son legales.

Con todo, como analiza Margot Sanger-Katz en The Upshot del ‘Times’, el fallo de la Corte Suprema podría suponer la muerte, o al menos el estancamiento, de los mercados establecidos por los estados pues si los subsidios resultan iguales sin importar el mercado que los asigne, no habría grandes incentivos en establecer un sistema propio (y costoso) a nivel estatal. La idea de los mercados estatales era, además de darle al sistema un espíritu descentralizado, permitir que las entidades estatales de regulación de seguros tuvieran plena jurisdicción sobre lo que se ofrece y vende en esos mercados y dar a sus administradores capacidad para ofrecer opciones que respondan a las condiciones específicas de cada estado. Pero operar un sistema así es difícil y caro (Nevada, Nuevo México y Oregon sufrieron fallas técnicas tan profundas que debieron recurrir a ayuda federal, comentó Sanger-Katz) y ahora muchos quizá decidan lavarse las manos y dejarle todo el paquete a la Casa Blanca.

Así, aunque Scaglia considerase al fallo como una suerte de triquiñuela, lo cierto es que Obamacare se salvó y el sistema de salud estadounidense evitó el caos. El alivio ante ello se mide, simplemente, en que las acciones de muchas corporaciones de hospitales y compañías de seguros tuvieron alzas en la Bolsa de Valores, como comentó el Huffington Post y en que nadie que haya comprado una póliza en el mercado federal de Obamacare amanecerá de repente sin cobertura médica y con la perspectiva de pagar esos servicios a su valor completo y oneroso.

Pero aunque tremenda, esta victoria de Obamacare no es necesariamente el final de la guerra. La batalla durará, al menos, todo el resto del mandato de Obama y es posible que nuevas tensiones se registren en el futuro. Inclusive, el tema podría ser uno de los ejes del debate en las próximas elecciones presidenciales pues, a final de cuentas, es relativamente sencillo lanzar desde la oposición iniciativas de ley y demandas judiciales con afán de destruir y otra muy diferente construir un sistema alternativo que no solo sea viable sino que resulte políticamente convincente.

Y eso aún está por verse.