El ataque a las ciudades santuario y la estigmatización de las comunidades inmigrantes

El asesinato de la joven Kathryn Steinle en San Francisco, presuntamente a manos de un indocumentado con antecedentes penales que había sido deportado varias veces a México, catalizó el debate sobre las llamadas ciudades santuario, demarcaciones donde las policías y otras autoridades locales se abstienen de intervenir o colaborar en asuntos relacionados con inmigración.

Además de San Francisco, otras urbes en las que sus autoridades y fuerzas de seguridad se abstienen de colaborar en cuestiones de inmigración son Los Ángeles, San Diego, Seattle, Portland, Salt Lake City, Denver, Phoenix, Minneapolis, Chicago, Detroit, Dallas, Austin, Houston, Nueva York, Baltimore, Washington DC y Miami, entre otras.

La muerte de Steinle, el 1 de julio, causó conmoción porque el acusado de su asesinato, Juan Francisco López Sánchez, además de tener un historial criminal notorio había sido liberado poco antes por la policía de San Francisco, que no encontró orden de arraigo en su contra, en lugar de entregarlo a las autoridades de Inmigración (ICE) que lo habían reclamado en custodia.

Según se ha afirmado, López Sánchez habría disparado el arma homicida "por accidente" y nunca tuvo la intención de matar a la joven, por lo cual se declaró no culpable de su asesinato. La pistola, por añadidura, había sido robada a un agente federal unos días antes. La tragedia ha causado dolor e indignación.

La gran hipótesis, que ha resonado con fuerza, es que si las autoridades de San Francisco hubiesen entregado a López Sánchez a ICE, Steinle aún estaría con vida. De allí se desprenden la crítica de que si San Francisco no fuese una ciudad santuario Steinle seguiría viva y, yendo más allá, las alegaciones de que esa clase de ciudades que no colaboran con inmigración son focos de impunidad y peligro originados en indocumentados con pasado o presente criminal.La muerte de Steinle es sin duda una tragedia que no debió suceder, y a López Sánchez se le debe aplicar la justicia que corresponda en su proceso ante la corte. Pero esas circunstancias particulares han sido proyectadas a una perspectiva general que sataniza a las ciudades santuario, estigmatiza a los inmigrantes y crea una conexión falsa entre la no colaboración de las autoridades locales con las de inmigración con la incidencia de delitos cometidos e, inclusive, con la noción de que esto “propicia” el crimen.

Ambas son conclusiones erradas y omiten el contexto completo.

Las ciudades santuario no son ciudades donde cunde la impunidad sino aquellas en las que, en aras de reducir el crimen y entablar una mejor comunicación con las comunidades que la habitan, sus autoridades optaron por no participar en acciones de inmigración.

Se trata, por lo general, de evitar que comunidades de inmigrantes dejen de colaborar con la policía para enfrentar el crimen por temor a que sus integrantes indocumentados sean deportados. Y también es una política de corte humanitario para prevenir que familias, muchas de ellas con niños estadounidenses, sean separadas por la deportación de sus padres. La actitud de las ciudades santuario es, así, una respuesta al roto sistema de inmigración del país y a la falta de una reforma migratoria justa.

En este contexto, casos como los del asesinato de Steinle son las anomalías, las excepciones trágicas. No son en ningún caso la regla. Y así lo consideran no únicamente el gobierno de San Francisco y de otras ciudades santuario del país, sino importantes líderes comunitarios. Un ejemplo es el del arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, que ante senadores dijo: "Yo aplaudo el compromiso en seguridad pública de la ciudad de San Francisco y de otras jurisdicciones locales y apoyo su derecho de ejercer una discrecionalidad razonable y apropiada en el manejo de inmigrantes detenidos que sea consistente con su necesidad de mantener la seguridad pública… Una política justa y humanitaria no debe ser abandonada por fallas en el sistema. En cambio, las autoridades deben hacer los ajustes prudentes en la aplicación de la ley para proteger la seguridad pública de todos los que viven en nuestro país".

Además, como lo mostró un estudio reciente del American Immigration Council, en realidad los inmigrantes tienden en mucho menor medida a cometer delitos violentos que los nacidos en Estados Unidos mientras que altos índices de inmigración han coincidido con una baja en la delincuencia.

En consecuencia, las ciudades santuario no son por esa circunstancia en sí foco de crimen en mayor medida que cualquier otra ciudad (y quizá en cierto sentido lo sean menos), y sus políticas pro inmigrantes no incrementan los delitos graves en donde son aplicadas.

Pero esa realidad estadística es entendida u omitida de diversas maneras.

Por ejemplo, el propio padre de la joven asesinada, Jim Steinle, dijo ante senadores que "se debe discutir, promulgar o cambiar leyes para sacar a inmigrantes indocumentados criminales de nuestras calles definitivamente", de acuerdo al periódico Los Angeles Times. Es indudable que legislar a fondo en materia de inmigración es un imperativo, en primer lugar para corregir las injusticias provocadas por el actual estado de cosas, pero es algo en lo que la mayoría republicana se ha negado a actuar.

La tentación de hacerlo, con todo, desde el punto de vista punitivo y anecdótico y no en los asuntos de fondo queda evidente en los intentos presentes de establecer leyes que castiguen a las ciudades santuario.

Así, de acuerdo al portal Politico, el senador republicano por Iowa Chuck Grassley propone una norma que sancione a las autoridades locales que no colaboren con las de Inmigración mediante el retiro de las subvenciones que reciben de los departamentos federales de Seguridad Nacional y Justicia. Además, pide que se den condenas mínimas de cinco años de cárcel a inmigrantes que traten de reingresar al país tras haber sido deportados. Y la Cámara de Representantes podría votar pronto una iniciativa similar, de acuerdo a The New York Times.

Con todo, la pertinencia de que existan ciudades santuario en tanto no se dé una reforma migratoria justa e integral no implica que sus autoridades no puedan hacer ajustes y mejoras en su política, sobre todo para tratar de detectar y vigilar mejor a los indocumentados violentos y con antecedentes criminales para prevenir nuevos casos como los de Steinle.

De acuerdo al LA Times, la senadora demócrata por California Dianne Feinstein pidió al gobierno de San Francisco (y por extensión al de otras ciudades santuario) participar en un nuevo programa del Departamento de Seguridad Nacional denominado ‘Priority Enforcement Program’. En este las autoridades locales se comprometen a notificar a las de Inmigración, con 48 horas de anticipación, de la liberación de una persona a la que se le ha emitido orden de deportación (como habría sido el caso de López Sánchez). Es el reemplazo del controversial y muy criticado programa Comunidades Seguras. Pero pocas ciudades han mostrado interés en él.

A fin de cuentas, la solución para que los desencuentros entre autoridades locales y de inmigración se suavicen y tragedias como la de Steinle no devengan conflicto jurisdiccional o estigmatización de toda la comunidad inmigrante es resolver el problema de fondo. Para ello, la solución completa es aprobar una reforma migratoria justa e integral que vuelva innecesaria la existencia de ciudades santuario.