Un año de crispación e incertidumbre para los inmigrantes en EEUU

Hace poco más de un año, el 20 de noviembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció la ampliación del esquema de alivios de inmigración mediante su facultad de acción ejecutiva (decreto presidencial) que no requiere aprobación previa del Congreso.

Fue una decisión largamente esperada, y para algunos tardía, en la que el Presidente, como ya había hecho anteriormente con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a ciertos jóvenes estudiantes indocumentados que fueron traídos a al país siendo niños, estableció una ampliación de ese programa para acoger a más personas y creó uno nuevo, llamado Acción Diferida para Padres (DAPA), pensado para beneficiar a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales.

Con una reforma migratoria estancada en el Congreso, con deportaciones a enorme escala –que durante el gobierno de Obama, entre 2009 y 2013, sumaron 3.8 millones entre indocumentados removidos del país y regresados a su país de origen, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional– y con un creciente desasosiego entre la comunidad inmigrante y, en específico, la hispana, el anuncio de DAPA y el nuevo DACA generó nueva esperanza y fue recibido con entusiasmo por un muy amplio espectro de la sociedad estadounidense.

Obama dijo desde el inicio que él habría preferido que el Congreso emitiera una reforma de inmigración, pero que dado el impasse legislativo él decidió actuar en el marco de sus facultades ejecutivas, como él mismo lo señaló en un mensaje al respecto que emitió a la nación.

Se calcula que unos 5 millones de indocumentados podrían ser beneficiarios de ambos programas.

2014 terminó así de modo auspicioso en materia de inmigración, pero unas semanas después, el 16 de febrero de 1015, Andrew Hanen, juez federal de la Corte de Distrito del Sur de Texas, dictó un fallo en respuesta a la demanda presentada por 26 gobernadores, la mayoría republicanos, y señaló que el presidente carece de la autoridad para decretar alivios migratorios como el nuevo DACA y DAPA, por lo que efectivamente bloqueó la entrada en vigor de ellos, como momento en su momento el portal Politico.

El gobierno federal ha afirmado desde entonces que la demanda y el fallo de Hanen son infundados, pues el tema de la inmigración es un asunto federal y que el presidente sí tiene facultades, vía la discreción procesal, de decidir si difiere la deportación de un indocumentado y de, en el plazo en el que se concede ese aplazamiento, otorgarle beneficios como permiso de trabajo o seguro social.

Grupos pro inmigrantes, progresistas e incluso moderados coincidieron con ello, mientras que análisis como los del Center for American Progress indicaron que, a escala nacional, el impacto tan solo del programa DAPA en 10 años implicaría la creación de 20,500 empleos anuales y añadir 164,000 millones de dólares al producto nacional bruto. Esas cifras fueron luego ampliadas a 29,000 empleos en promedio al año y a un crecimiento nacional acumulativo de 230,000 millones de dólares, según el propio Center for American Progress.

En cambio, para Hanen y los gobernadores demandantes DACA y DAPA eran muestra de un exceso injustificado del gobierno federal. Los grupos antiinmigrantes y ultraconservadores, meses antes de la irrupción de Donald Trump y anexas, ya consideraban a esos programas como una “amnistía” a la que debían combatir.

El fallo de Hanen causó inquietud e incertidumbre en la comunidad hispana, y en general entre los inmigrantes, pues inicialmente se supuso que abarcaba a todos los alivios migratorios, incluido el programa DACA original anunciado en 2012. En realidad, ese programa no fue afectado por el fallo y solo el nuevo DACA y DAPA quedaron bloqueados, al menos de modo temporal, en tanto se cumple el proceso de apelaciones. Y aunque para políticos demócratas y muchos activistas pro inmigración existe el convencimiento de que el freno será eventualmente superado, así deba llegar hasta la Corte Suprema, en la práctica millones de indocumentados continúan en el limbo legal, y sujetos a deportación. Y aunque muchos quieren pensar de modo positivo, y el gobierno federal ha insistido siempre en que la ley y la jurisprudencia validan su facultad para emitir órdenes ejecutivas en inmigración como la DAPA y el nuevo DACA, lo cierto es que el destino de esos programas es incierto.

La decisión del juez de Texas fue apelada por el gobierno federal, pero mientras el asunto era estudiado en el nuevo tribunal, otros acontecimientos afectaron, y en ocasiones distorsionaron, el escenario sobre inmigración en Estados Unidos.

Dos fueron especialmente relevantes.

El primero fue la ofensiva y falaz afirmación del magnate Donald Trump, en el discurso en el que anunció su postulación como aspirante presidencial republicano, de que la mayoría de los inmigrantes mexicanos son violadores y traficantes de drogas, como lo comentó el Washington Post. Con ello no solo agravió a la comunidad inmigrante sino que catalizó las actitudes más xenofóbicas y retardatarias dentro de las bases del Partido Republicano. Desde entonces, el debate sobre inmigración en ese partido ha estado dominado por la hostilidad, por el plan de Trump de deportar masivamente a los indocumentados, y en general por la noción errada, pero patente entre grupos ultraconservadores muy vocales y activos, de que los inmigrantes son causantes de muchos de los problemas de Estados Unidos.

Un segundo momento de crisis se desató luego de que el indocumentado de origen mexicano Juan Francisco López Sánchez mató en San Francisco a la joven Kathryn Steinle, en un caso trágico que creó conmoción a nivel nacional. Al parecer, de acuerdo al periódico Los Angeles Times, López Sánchez habría disparado una pistola por accidente, pero los estragos de esos disparos fueron en todo caso terribles: acabaron con la vida de una joven inocente y desataron un torbellino político.

El hecho de que López Sánchez, que tenía antecedentes penales y había sido deportado en varias ocasiones, hubiese estado libre en San Francisco, y que la policía de esa ciudad no lo hubiese entregado por su política de no cooperación con las instancias federales en cuestiones de inmigración, desató un escándalo. Las ‘ciudades santuario’, como San Francisco y muchas otras (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Detroit, Miami, Denver, San Diego y San José, entre otras), que para mantener la comunicación y la confianza entre las policías locales y sus comunidades inmigrantes optan por no hacer funciones de agencias de inmigración y por no colaborar con ellas, fueron interpretadas como foco de impunidad para extranjeros criminales y muchos pidieron, incluso con leyes en el Congreso, que se reviertan las políticas de esas ‘ciudades santuario’ y se sancione quitándole fondos federales a las municipalidades que las apliquen.

En tanto, el proceso de apelación del fallo de Hanen prosiguió su curso, y el 9 de noviembre pasado la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó por 2 votos contra 1 mantener el bloqueo contra DAPA y el nuevo DACA, como lo informó The Washington Post. Con todo, no resultó una sorpresa pues muchos medios y activistas consideraron que el fallo era algo que ese esperaba. Algunos lo tacharon como una decisión política y no jurídica y aunque muchos republicanos festejaron la decisión de ese tribunal (Donald Trump lo festinó ampliamente durante uno de los debates de los precandidatos republicanos), el asunto aún no se cierra.

El 20 de noviembre, un año después de emitir su orden ejecutiva, el presidente Obama pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos considerar su apelación, aunque aún no está claro en primer término si aceptará hacerlo y, en segundo, si su fallo llegará a tiempo para que el DAPA y el nuevo DACA, de ser desbloqueados, puedan ser activados antes de que termine el mandato de Obama.

En todo caso, el tema se desarrollará en medio de las campañas presidenciales y podría ser un factor sustantivo de diferenciación entre quienes finalmente compitan por la Casa Blanca.

Y ya lo es, en realidad, en la actual campaña primaria. En el bando demócrata, todos los aspirantes presidenciales –Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O’Malley– se han expresado a favor de las órdenes ejecutivas de Obama y en general de una reforma de inmigración con una vía a la ciudadanía.

En cambio, del lado republicano se ha dado un fuerte corrimiento antiinmigrante, con prácticamente todos los aspirantes prometiendo mano dura contra los indocumentados. Y si bien Jeb Bush y John Kasich han criticado por inviable y descabellado el plan de Trump de una deportación masiva, sus posiciones han permeado poco a la base primaria republicana, más en sintonía con los extremos de Trump o de Ted Cruz que con posturas más moderadas. Incluso Marco Rubio, que en algún momento fue parte del grupo de senadores que impulsaron un proyecto de reforma de inmigración que quedó congelado en la Cámara de Representantes, se ha mostrado recientemente rudo en el tema de la inmigración. Y no solo en la indocumentada, sino incluso rechazando la noción de la inmigración legal por lazos familiares para pasar a un modelo basado en el mérito (que es, en realidad, basado en las necesidades de mano de obra altamente calificada de ciertas industrias).

En tanto, más de 10 millones de indocumentados permanecen en el limbo y la incertidumbre y muchos grupos pro inmigrantes llaman a la movilización política de sus comunidades: hacerse ciudadanos, registrarse para votar y acudir a hacerlo en 2016 por los candidatos que los apoyan. Aún es pronto para conocer el alcance de esa reacción cívica, pero es cierto que en estados muy competidos y que serán clave en el resultado de la elección presidencial, como Nevada, Colorado o Florida, el voto hispano pro inmigrante podría ser el que incline la balanza.