Tercer informe y sucesión presidencial

Como lo indica el artículo 69 de la Constitución, el primero de septiembre, al inicio de los trabajos del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo presentará un informe por escrito sobre el estado que guardan los asuntos de la Administración Pública a su cargo. El ritual será cubierto por el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.

Al día siguiente, 2 de septiembre, en Palacio Nacional y ante una selecta concurrencia integrada por funcionarios públicos, empresarios, académicos, representantes de partidos, gobernadores y demás, el presidente Enrique Peña pronunciará un discurso en el que seguramente abordará los temas que a su consideración son importantes, aunque deje al margen otros que para diversos grupos son relevantes para el país o sus particulares intereses. Por ejemplo, el tema de la seguridad, aún no resuelto, la corrupción e impunidad, la crisis económica y financiera del país, el desempleo y otros.

El acontecimiento coyuntural del tercer informe es el ajuste en el gabinete presidencial que por sus resultados solo fue, como dicen algunos críticos, un “juego de sillas” porque solo cambiaron de posición la mayoría de los colaboradores de Peña Nieto, lo que refrendó la percepción de que al presidente no le agrada hacer cambios en su equipo de trabajo.

El comentario generalizado es que entre los ajustes al gabinete presidencial algunos de los reubicados podrían entrar a la competencia por la candidatura del PRI en el 2018, en la que ya fue inscrito, por el solo hecho de llegar a dirigir al partido, Manlio Fabio Beltrones. Entre los nuevos jugadores destacan Aurelio Nuño, ahora secretario de Educación Pública y José Antonio Meade, secretario de desarrollo Social.

En realidad los movimientos en el grupo gobernante confirman que el tema de la sucesión presidencial, abierto anticipadamente desde el momento en que el gobierno federal no supo enfrentar con prontitud y eficacia los temas de seguridad que se presentaron en Iguala hace casi un año; dejó hacer y pasar a la CNTE; no logró contener la corrupción al interior del sistema de seguridad, evidenciada con la fuga del Chapo Guzmán; no ha logrado amortiguar la crisis económica, financiera y fiscal por la que pasa el país desde hace más de un año y demás. Todo esto ha generado inquietud y activado las ambiciones de quienes se sienten con méritos y capacidad suficiente para gobernar a México y resolver la percepción de vacío de poder que deja la lenta acción del gobierno en turno.

Todos los partidos, incluyendo al PRI con su propio estilo, están en efervescencia y los políticos profesionales, los que viven de y para el poder, reclaman el derecho de ser abanderados de su organización. Otra vez sucede lo que en ciclos anteriores. Todos dicen tener la razón, aseguran saber la clave para que el país progrese y ofrecen soluciones para los problemas que nos afectan.

La sucesión presidencial es un acontecimiento de tal magnitud que permea todo lo que acontece en la sociedad, lo que revela lo frágil que somos pues, este evento, que también sucede en otras naciones, no llega a afectarlas tanto como en México.

La toma de decisiones del gobierno se ve afectada por la sucesión presidencial porque, gran parte de ellas, depende de la capacidad de negociación del gobernante frente a los grupos de poder y de presión, pero como el Ejecutivo va de salida, aunque le falten tres años, ya no es considerado un interlocutor válido y, en consecuencia, los interesados optan por posponer sus planes para presentarlos al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal. El país se paraliza porque se adelantó el tiempo de la disputa por el poder.

Lo único claro del embrollo creado por la falta de acción del grupo gobernante, es que para estos acontecimientos no existen reglas y por tanto se generan situaciones inéditas, que son justificadas con la coartada de que estamos madurando la democracia y el proceso implica riesgos.

Aunque parece demasiado tarde, es importante recordar al Instituto Nacional Electoral que debe aplicar el reglamento referente al proceso preelectoral para evitar los abusos de algunos partidos y candidatos, siempre dispuestos a gastar cantidades millonarias cuyo origen es dudoso, como sucedió recientemente con el Partido Verde y en el pasado con el “Pemex Gate”, y “Los Amigos de Fox”, esto indica que los partidos están dispuestos a violar la ley para treparse al poder y arrebatarlo por la vía del dinero y no a través de la lucha electoral.

Estamos frente a la sucesión presidencial adelantada. La regla es que no hay reglas y en consecuencia es de esperarse que los diversos actores de oposición pretendan avanzar de la manera más fácil, criticando al presidente Peña Nieto. Cuestionando sus acciones y declaraciones. Los del PRI harán lo que saben hacer bien, manifestarse como incondicionales del presidente para lograr su aprobación. Para todos los jugadores el camino está probado, pero no garantiza que el destino llegue a Los Pinos.