El nuevo juez que ha provocado un alboroto en México

Para la sociedad es crucial la credibilidad en las instituciones porque en ellas se originan determinaciones que influyen en su calidad de vida. Por eso es delicado que la credibilidad de las instituciones se encuentre en crisis, como sucede con el Poder Ejecutivo que encarnado en el presidente Enrique Peña Nieto, llegó, en las encuestas de algunos medios de comunicación, a su más bajo índice de aceptación en las dos últimas décadas.

El Poder Judicial tampoco goza de buena fama y es del conocimiento popular que en el ministerio público y en los juzgados una manera frecuente de “arreglar” un asunto personal familiar o empresarial, es mediante el pago de una “mordida” al representante de la ley.

Es una realidad que las instituciones del Estado mexicano atraviesan por una crisis de credibilidad y que se debe a que no han logrado erradicar la corrupción e impunidad en la que incurren muchos servidores públicos.

La Suprema Corte de la Nación es la institución de última instancia que para dictaminar sus determinaciones debe mantenerse independiente de los otros dos poderes con los que integra el Estado mexicano.

El próximo 30 de noviembre los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyen su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el presidente Peña Nieto deberá enviar al Senado dos ternas para que éste determine quiénes cubrirán esas vacantes. Este hecho ha suscitado desde hace algunos meses incertidumbre, en los medios académico y judicial, ante el temor de que el presidente Peña quiera de imponer en la SCJN a alguno de sus incondicionales, como sucedió con Eduardo Medina Mora, o pagar un compromiso político al PAN por haber apoyado el Pacto por México.

Es un hecho que la forma en la que llegó a magistrado el ex director del CISEN, exprocurador y exembajador, Medina Mora, generó desconcierto antes de que el presidente presente las ternas y se ha creado un ambiente de oposición a una nueva designación política de parte del Ejecutivo Federal.

En el medio judicial y entre algunos senadores se considera como un hecho que el presidente Peña propondrá a Raúl Cervantes Andrade, senador del PRI con licencia y primo del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. De realizarse esta propuesta, en el medio judicial consideran que sería una designación política para la Corte y sentaría el precedente inédito en México por el que el miembro de un Poder, en este caso el Legislativo, es nombrado para integrarse a otro Poder, cuando todavía no concluye el periodo para el que fue electo. Raúl Cervantes es senador, debido a que los cargos de elección "son irrenunciables".

Como compromiso del presidente por haber recibido el apoyo para el Pacto por México, fue mencionado, básicamente en el medio político, el exsecretario de gobernación y exsenador del PAN, Santiago Creel Miranda, quien recientemente abandonó esa posibilidad lo que dio paso a que se mencione al exdirigente de ese partido, Germán Martinez Cázares. De proceder la tendencia presidencial se estarían repartiendo entre PRI y PAN los nombramientos de la SCJN.

Ante la posibilidad de que el presidente Peña envíe al senado a militantes del PRI y del PAN, diversos grupos del medio judicial y académico, en semanas recientes, recogieron firmas para plantear su oposición a la “partidización” de la Corte y contra los subordinados al Ejecutivo. Exigen un procedimiento transparente y razonado.  

La inquietud en el medio judicial es mucha. Asociaciones de jueces y magistrados solicitaron al presidente Peña presente ternas con perfiles que se apeguen al artículo 95 de la Constitución al estar “desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial”.

Grupos de mujeres integrantes del Poder Judicial demandan que en las ternas del presidente solo figuren mujeres, como una forma de reconocimiento a su capacidad y para dar paso a la equidad de género que se promueve desde el Ejecutivo.

Se considera que en el único caso en el que el presidente Peña no postularía a Raúl Cervantes sería si decidiera cubrir la “cuota de género” en la Corte, en cuyo caso podría ser postulada Martha María del Carmen Hernández, actual consejera de la Judicatura Federal y ex colaboradora de Peña Nieto en el Estado de México. Otras dos mujeres mencionadas son la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, María del Carmen Alanis, y Mireille Roccatti, abogada de la Secretaría de Agricultura.

Toda esta controversia, ventilada en buena parte en los medios de comunicación, ha puesto en evidencia la importancia que la Corte tiene para la sociedad y como garante de los principios de la Constitución y los derechos fundamentales, en el momento en el que atravesamos por una crisis que transversalmente involucra a las instituciones. Los integrantes de la SCJN son considerados guardianes de la Constitución y sus determinaciones son respetadas como la última palabra. No es admisible que el Poder Ejecutivo y los partidos políticos debiliten a la Corte.

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