Yahoo Noticias ¿Por qué Cuba no aprueba el matrimonio gay?
La iniciativa cuenta con el aval de varios ministerios, la Universidad de La Habana, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. En un sistema tan monolítico como el de la isla de régimen comunista, cualquiera podría preguntar entonces, ¿qué falta? O en buen cubano, ¿dónde se tranca el dominó?
Cuando Raúl Castro y Barack Obama se sentaron a dialogar en Panamá el 12 de abril, la esperanza reverdeció en muchos hogares de Cuba. Se abría la posibilidad, al fin, de terminar con seis décadas de estéril enfrentamiento. Pero en la isla, un grupo de personas vio en ese apretón de manos otra señal alentadora.
El presidente de Estados Unidos representaba también una nación donde los derechos de la diversidad sexual han avanzado de manera fulgurante en la última década. Hasta hoy 37 estados han convertido en ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos la Florida, donde habitan más de un millón de cubanos.
Un proyecto varado en el parlamento
Hace casi una década el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige Mariela Castro (hija del gobernante cubano), elaboró un proyecto de reforma del Código de Familia. El nuevo texto comprende el reconocimiento de las uniones legales entre personas del mismo sexo, un estatus similar a las uniones civiles en Colombia y Ecuador.
La iniciativa cuenta con el aval de varios ministerios, la Universidad de La Habana, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. En un sistema tan monolítico como el de la isla de régimen comunista, cualquiera podría preguntar entonces, ¿qué falta? O en buen cubano, ¿dónde se tranca el dominó?
La clave está en el Plan Legislativo, una orden anual de temas que discutirá la Asamblea Nacional. Los activistas de la comunidad LGBT ignoran los detalles del procedimiento y, al menos públicamente, nadie ha explicado quiénes determinan las legislaciones incluidas en la lista. ¿La cúpula del Partido Comunista? ¿El Consejo de Estado? ¿El Ministerio de Justicia? En cualquier caso, los nombres se repiten en la élite en el poder en Cuba.
Lo único cierto: el anteproyecto de modificación del Código de Familia no ha clasificado entre las prioridades del Plan. Según reveló la jurista Zulendrys Kindelán al blog Negra cubana, las instituciones que promueven el cambio ni siquiera han recibido una explicación sobre la demora. En diciembre pasado, ante una solicitud del Proyecto Arcoíris, el parlamento confirmó que “hasta este momento, no ha recibido ningún anteproyecto de Código de Familia”.
¿Quiénes se oponen?
Abiertamente, nadie en el gobierno. Pero algunas figuras de la comunidad LGBT señalan a la ministra de Justicia, María Esther Reus, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y Margarita González, ministra del Trabajo y la Seguridad Social. Otros apuntan más alto, a José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del Consejo de Estado.
"Usan la opacidad del Estado cubano para frenar el aumento de los derechos y justifican la práctica con la ‘necesidad’ de mantener buenas relaciones con las iglesias, aunque las mismas iglesias den testimonio de su diversidad”, dijo Yasmín Portales, activista del Proyecto Arcoíris. Sin embargo, la Iglesia Católica parece la pieza más importante en este ajedrez.
Los fieles católicos no son mayoría en Cuba, donde conviven con iglesias evangélicas, la santería de origen africano, cultos espiritistas y otras creencias. No obstante, el papel del Episcopado en la liberación de los presos políticos y la mediación del papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, testimonian el peso de la Iglesia Católica en la política de la isla. Además, en cuestiones morales y algunos temas sociales, los comunistas ortodoxos no distan demasiado del conservadurismo de la Santa Sede.
El reconocimiento pleno de los derechos de las parejas del mismo sexo choca contra otro muro. El artículo 36 de la Constitución de la República de Cuba establece que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer.”
¿Una reforma constitucional? Portales se muestra escéptica. “El problema es que esas actualizaciones legislativas implican abrir la puerta al funcionamiento de una sociedad orgánicamente democrática y diversa, donde sus gobernantes tendrían que empezar a rendir cuentas, y no solo por los derechos LGBT. La gente que medra en la opacidad del poder en Cuba no lo va a permitir", aseveró.
Mientras, el movimiento por los derechos sexuales en la isla gravita en gran medida en torno a Mariela Castro.
Mariela, ¿heroína o villana?
La hija de Raúl Castro ha encabezado la campaña por cambiar el Código de Familia y educar a los cubanos sobre los perjuicios de la homofobia.
En 2013 Mariela fue elegida diputada a la Asamblea Nacional. Meses antes, un reconocido bloguero de la comunidad LGBT afirmó: “la candidatura de Mariela Castro al Parlamento despeja cualquier duda sobre la voluntad política del Estado cubano por promover el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, en cumplimiento de la política que trazó el Partido Comunista de Cuba.”
Pero la directora del Cenesex ha sido más efectiva en el terreno de las relaciones públicas que en el campo legislativo. Las paradas gay en La Habana, las declaraciones a la prensa extranjera, los ataques contra los medios oficiales por su “machismo” y “homofobia”, no se han traducido en los avances esperados por los cubanos no heterosexuales. Mariela incluso votó en contra del nuevo Código del Trabajo porque no prohíbe la discriminación por identidad de género, sin embargo…
En septiembre pasado dijo a la prensa que “algunas personas” obstaculizan los cambios. En abril de 2013 había reconocido que su propuesta no contaba aún con apoyo suficiente en el Parlamento, a pesar del respaldo de su padre. En una Asamblea Nacional donde la abrumadora mayoría de las decisiones se toman por unanimidad, ¿quién se atrevería a desafiar una reforma aceptada por Raúl Castro? ¿Quiénes se oponen en realidad a la modificación del Código de Familia? ¿Por qué Mariela Castro no los señala por su nombre?
Y mientras en América Latina, Argentina, Uruguay y Brasil han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, un derecho también vigente en el Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila, en México.
