¿Renunciará China a los campos de trabajo forzado?

El cierre de los campos de reeducación mediante trabajo forzado en la provincia china de Guangzhou podría señalar el ocaso de ese sistema en el país asiático. Sin embargo, algunos abogados y activistas de derechos humanos temen que la reforma anunciada por Beijing sea apenas un cambio superficial para reducir las críticas al régimen.

El periódico estatal China Daily afirmó que el gobierno de Guangzhou liberaría a los últimos detenidos en el llamado laojiao hacia finales de este año. Según Yu Mingyong, vicepresidente del Tribunal Popular Intermedio de esa región, “la policía y muchos expertos legales han comprendido los inconvenientes del sistema y pidieron su abolición.”

La decisión de las autoridades de Guangzhou sería el ejemplo más reciente de las reformas que el gobierno comunista anticipó en enero pasado. Pero nadie sabe con certeza cómo se ejecutará el desmantelamiento de los campos, que han servido desde los años '50 para castigar a rateros, drogadictos, prostitutas y a miembros de la disidencia política y religiosa.

Una reforma incierta

En enero la agencia de prensa Xinhua reveló que el Partido Comunista (PCCH) estaba considerando hacer reformas en el sistema de "centros correccionales" (según la terminología oficial). Meng Jianzhu, jefe del comité sobre cuestiones políticas y legales del PCCH afirmó que ese mecanismo había "jugado un papel útil en el pasado, pero las condiciones actuales habían cambiado."

No obstante, ninguna fuente oficial ofreció detalles sobre las medidas para eliminar los campos de reeducación. La intención de Beijing de terminar con esta herencia de la era de Mao Zedong respondería a los aires de renovación representados por el nuevo jefe del PCCH, Xi Jinping. Además, varios escándalos sobre la utilización abusiva del sistema por funcionarios locales han incrementado el rechazo entre la población china.

El incidente más notorio concluyó en julio pasado, cuando una corte de la provincia de Hunan avaló una indemnización a Tang Hui, la mujer sentenciada a 18 meses de trabajo forzado en un campo de reeducación por reclamar justicia en el caso de su hija. La menor había sido secuestrada, violada y prostituida por una banda criminal. Hui exigía la muerte para los siete inculpados, cinco de los cuales solo habían recibido penas de prisión.

Incluso el Diario del Pueblo, vocero del PCCH, elogió la sentencia favorable a Hui. "La sociedad debe recordar la desgracia y las penurias soportadas por esta madre y, más importante aún, el deber del sistema judicial, que es proveer a las personas de justicia y equidad", sostuvo el periódico.

Pero organizaciones de derechos humanos y juristas dudan sobre el alcance real de las reformas. "El riesgo sería la creación de un sistema de reeducación atenuado, que perpetúe el poder de la policía de privar de libertad a las personas por largos períodos sin juicio o supervisión legal", advirtió Nicholas Bequelin, investigador de Human Rights Watch (HRW), en declaraciones a The New York Times.

Tras el anuncio de la provincia de Guangzhou, Bequelin expresó su preocupación por el destino de unos 8.000 prisioneros, no incluidos en el plan de relocalización en "centros de desintoxicación obligatoria", que pondría bajo tratamiento a otros 10.000 detenidos vinculados con el consumo de drogas.

¿Centros de reeducación o gulags?

Los campos de reeducación mediante trabajo forzoso fueron establecidos en 1957 por el Ministerio de Seguridad Pública, aunque el PCCH había empleado antes medidas similares contra opositores al gobierno comunista de Mao Zedong. El sistema se inspiró en los campos de concentración soviéticos, los famosos gulags implantados por José Stalin.

Según las autoridades chinas, el sistema aspira a convertir a los culpables de delitos menores en personas que "obedezcan las leyes, respeten la moral pública, amen a su país, disfruten el trabajo duro y asuman ciertas normas educacionales y laborales para la construcción del socialismo."

El laojiao funciona a partir de la detención arbitraria de personas que necesitarían reeducación, según el criterio de las autoridades locales. Al margen de cualquier proceso legal, un inculpado puede perder su libertad hasta cuatro años o más si la administración de la cárcel decide retenerlo para laborar dentro del campo.

Como señala un informe de HRW, en teoría, los reclusos reciben un salario por su trabajo –mayormente en la agricultura y en fábricas de materiales de construcción–, y tienen la posibilidad de estudiar. La realidad denunciada por los testimonios de exprisioneros y activistas de derechos humanos revela un régimen intenso de trabajo sustentado por la violencia y el desamparo legal. Algunos productos de esta explotación forzosa se comercializan fuera de China.

Beijing ha utilizado los "centros correccionales" para encerrar a disidentes políticos y miembros de comunidades religiosas –como algunos cristianos e integrantes del movimiento Falun Gong—, y en general a críticos del gobierno. En todos los casos se viola el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –suscrito, pero no ratificado por China—, que prohíbe las detenciones sin una justificación judicial.

En 2008 la Oficina de Reeducación Mediante el Trabajo del Ministerio de Justicia chino situó en 160.000 la cantidad de personas recluidas en 350 campos de detención. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó un año después que esa cifra rondaba los 190.000 presos.

China mantiene también un elevado número de prisiones y campos de trabajo forzado donde purgan sus condenas quienes han sido declarados culpables por los tribunales. Unos 50 millones de chinos han pasado por el sistema, conocido como laogai.