La policía, el otro ejército de Estados Unidos

Los recientes disturbios en el poblado de Ferguson, Missouri, han revelado a muchos estadounidenses el belicoso rostro de los cuerpos de policía local. Las imágenes de agentes del orden equipados como militares abren un debate hasta hace poco limitado a medios académicos y organizaciones de la sociedad civil. El ciudadano común se pregunta quiénes son los enemigos en esa guerra para la cual se apertrechan los uniformados.

El campo de batalla está en casa

Aunque no pocos en Estados Unidos lo ignoran, esta contienda comenzó en la década de 1980, cuando el presidente Ronald Reagan declaró la guerra a las drogas. Desde entonces las agencias de seguridad estatal y federal incrementaron su poder para usar la fuerza en casos relacionados con el narcotráfico. Finalmente en 1990 el Congreso dio luz verde a la militarización policial mediante la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, cuya sección 1208 (luego rebautizada como 1033) aprobó la transferencia de armamento proveniente del Pentágono.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), desde 1997 esa medida ha generado traspasos de equipamiento militar por un valor de 4.300 millones de dólares. El arribo de tecnología de combate a los destacamentos de policía se ha acelerado desde que el presidente Barack Obama anunció el fin del despliegue norteamericano en Afganistán e Irak.

Según datos del Departamento de Defensa, citados en un artículo de The New York Times, bajo el actual gobierno demócrata la policía ha recibido más de 93.000 ametralladoras, 200.000 cargadores de munición, 435 vehículos blindados, 533 helicópteros y aviones, además de una vasta provisión de uniformes de camuflaje, equipos de visión nocturna, silenciadores y otros accesorios.

La transferencia de ese arsenal ha permitido a localidades tan pequeñas como Walkerton, Indiana, de poco más de 2.000 habitantes, adquirir vehículos Humvee como los usados en las misiones del ejército estadounidense desde la invasión a Panamá en 1989. Mientras North Liberty, también en ese estado, ha incorporado dos detectores de minas terrestres a su arsenal policial, que protege a una población de 1.896 residentes.

¿Qué hacer con todo este armamento?

Los departamentos de policía beneficiados con la sección 1033 celebran la militarización de sus efectivos. La transferencia de equipos concebidos para la guerra convencional les ha permitido modernizar sus fuerzas y garantizar una respuesta contundente ante una posible amenaza armada. Poco importa si el armamento se despliega en localidades donde no se ha producido un homicidio durante años.

Las nuevas armas, empleadas primero en la guerra contra las drogas y luego en la lucha contra el terrorismo, han apertrechado a los omnipresentes SWAT (Special Weapons and Tactics). Estas escuadras surgieron a finales de los 60 para ayudar a los oficiales a enfrentar disturbios, solucionar la toma de rehenes y eliminar a tiradores atrincherados.

De acuerdo con un estudio de la ACLU, hoy solo el siete por ciento de las operaciones de los SWAT responde a esas situaciones peligrosas. En la mayoría de los casos actúan en redadas antidrogas, que incluyen la irrupción en viviendas en las cuales han sido heridos decenas de inocentes. En las últimas décadas las misiones anuales de los SWAT pasaron de unas pocas miles a alrededor de 80.000, según estimados no oficiales.

Otro problema es que las nuevas unidades especiales y los policías que utilizan los pertrechos militares no siempre reciben el entrenamiento necesario. Si bien en ciudades grandes como Los Angeles las escuadras SWAT pasan una constante preparación paramilitar, en localidades pequeñas los cuerpos de policía carecen de la capacidad para ofrecer una formación intensiva.

El uso inadecuado del armamento –la exhibición de vehículos blindados, la pose amenazante de los agentes protegidos por chalecos antibalas y armados con fusiles de asalto— engendra una mezcla de temor y rechazo en la ciudadanía, como ocurrió en Ferguson. Las fuerzas del orden, en vez de apaciguar el conflicto, contribuyen de esta manera a su prolongación.

“A causa de la abundancia de armas, los oficiales de policía son entrenados para temer a la misma gente que, se supone, deben servir y proteger”, señaló Adam Winkler, profesor de leyes en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), en un artículo para The Huffington Post. Winkler describió cómo los agentes norteamericanos aprenden a recelar de todos, porque hasta el más trivial delincuentillo puede portar un arma de fuego.

La militarización de la policía en Estados Unidos no debería entonces sorprendernos. En un país con 320 millones de armas en manos privadas –según cálculos extraoficiales—parece la respuesta más lógica de quienes deben hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos. Una lógica torcida quizás, pero coherente con la historia sangrienta de la nación norteamericana.