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La polémica reforma educativa en México

La reforma aspira a elevar el nivel del sistema educacional de México (AFP)
La reforma aspira a elevar el nivel del sistema educacional de México (AFP)

El Senado de México aprobó esta semana la Ley del Servicio Profesional Docente, última pieza de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La medida enfrenta la oposición de un sector del profesorado del país, sin embargo, sus promotores afirman que solo una transformación radical del sistema educacional colocará los resultados docentes a la altura de las demandas de la economía.

Más allá del choque previsible entre una parte de la izquierda mexicana y el Estado, nuevamente bajo control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las estadísticas justifican la alarma. Aunque existe consenso entonces sobre la necesidad de ejecutar cambios desde el nivel primario hasta la universidad, los actores en el conflicto divergen sobre el alcance de la reforma.

México exhibe bajos resultados docentes en comparación con los demás países de la OCDE (EFE)
México exhibe bajos resultados docentes en comparación con los demás países de la OCDE (EFE)

México, en el penúltimo vagón

Según estimaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 32 millones de mexicanos mayores de 15 años permanecen en condición de “rezago educativo”, un término que engloba a los analfabetos y a quienes no concluyeron sus estudios secundarios. Esa cifra representa más de un tercio de la población adulta.

Por la calidad de su educación primaria, México ocupa el lugar 118 entre 144 países incluidos en el Reporte de Competitividad Global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país es uno de los tres donde menos del 20 por ciento de los habitantes ha alcanzado el nivel medio superior. Además, alrededor de la cuarta parte de los jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan –los llamados ninis--, una proporción enorme en comparación con otros integrantes de la selecta organización.

En el centro del debate sobre la reforma ha emergido la cuestión de la calidad de los profesores. Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), citado por CNN, revela que alrededor de 800.000 maestros han demostrado una preparación deficiente. Sin embargo, las evaluaciones previstas en la nueva Ley del Servicio Profesional Docente han causado la repulsa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una agrupación disidente del sindicato que reúne a la mayoría de los docentes.

¿Qué establece la reforma?

La evaluación cuatrienal de los profesores ocupa el centro de la puja entre el gobierno y la CNTE. Las autoridades proponen realizar exámenes periódicos para garantizar la competencia de los educadores y en consecuencia la calidad de las clases. Ese nuevo sistema evaluativo ofrecerá hasta tres oportunidades antes de despedir al docente suspenso.

Especialistas de la Secretaría de Educación se encargarán de establecer los parámetros que medirán la idoneidad de los profesionales de la enseñanza. Esta medición idéntica para todos los profesores, sin tomar en cuenta su contexto particular, ha sido otro de los puntos candentes de la nueva ley, pues los inconformes creen que debería considerarse la situación de las escuelas más golpeadas por la pobreza.

La reforma pretende también sustituir los mecanismos actuales de ingreso y promoción al gremio, que permanecen bajo el control de los sindicatos, por un Sistema de Servicio Profesional Docente. Esa nueva estructura sustentará en el mérito y la preparación de los maestros el acceso a los puestos y el ascenso a cargos de dirección. El objetivo es contrarrestar la corrupción extendida a la sombra de los sindicatos.

Con la nueva ley la administración del PRI aspira a recuperar más de 1.700 millones de pesos (unos 127 millones de dólares) dedicados a mantener los llamados “profesores comisionados”. Se calcula que más de 45.000 educadores mexicanos se dedican a labores administrativas y sindicales, lejos de las aulas y con salarios muy superiores a sus colegas que sí trabajan directamente con los estudiantes. Lógicamente, los privilegiados por este sistema se oponen con vehemencia al ajuste, impulsado por la campaña ¡Fin al abuso!, de la organización Mexicanos Primero.

La CNTE se ha unido a sectores de la izquierda opuestos a las reformas de Peña Nieto (EFE)
La CNTE se ha unido a sectores de la izquierda opuestos a las reformas de Peña Nieto (EFE)

Sindicato disidente promete desobediencia

La CNTE ha generado el caos en el tránsito del Distrito Federal desde mediados de agosto, cuando desplegaron un campamento como centro de la protesta en El Zócalo. Los manifestantes acusan a Peña Nieto de querer cobrar a los profesores el resultado de la falta de financiamiento que ha sufrido el sistema educacional en los últimos años.

La oposición a la reforma también cuestiona la pertinencia de realizar exámenes estandarizados a todos los estudiantes, sin comprender, por ejemplo, las características de los alumnos en las regiones de mayoría indígena donde apenas se habla el castellano. Los críticos afirman que México se ha plegado a las exigencias de un acuerdo educacional con la OCDE, suscrito en 2010, algunas de cuyas recomendaciones habrían sido desestimadas ya por expertos de la organización.

“Sí requerimos de un nuevo modelo educativo, pero no el que se nos ha impuesto de manera autoritaria y vertical”, señaló al diario Milenio el secretario general de la CNTE, Juan José Ortega. “No vamos a aceptar la ley, porque esta reforma jamás contempló la opinión del magisterio y, en consecuencia, ésta será un fracaso, no va a funcionar; la educación no va a ser mejor, no se trata de varitas mágicas”, advirtió el dirigente.

La CNTE ha recibido el respaldo de algunos diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de otras organizaciones políticas de izquierda. Ese sindicato ha concertado una alianza con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza una campaña contra la controversial reforma energética, otra de las cinco grandes transformaciones estructurales propuestas por Peña Nieto (las otras tres son: laboral, de las telecomunicaciones y financiera).

El anuncio de una estrategia de “desobediencia civil y pacífica” podría chocar con el respaldo a la reforma del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a 1,4 millones de docentes. Esa organización gremial ha pedido a sus miembros que consideren también los aspectos de la ley relacionados con la capacitación de los profesores y la infraestructura de las escuelas.

Los últimos sondeos indican que una discreta mayoría de los mexicanos apoya los cambios propuestos por el gobierno, mientras un porciento aún mayor califica de regular o mala la calidad de la enseñanza en el país.