La empresa que obliga a pedir permiso a las mujeres para casarse, quedarse embarazadas y otros abusos imperdonables

Ha saltado a la actualidad informativa una noticia que ejemplifica claramente los abusos que a veces cometen las empresas sobre sus trabajadoras. Puntualmente aparecen informaciones bochornosas sobre  discriminación o maltrato  al personal femenino y ahora tenemos una de ellas.

La última ha ocurrido en una de las líneas aéreas más exitosas del momento: Qatar Airways, controlada por el emirato del mismo nombre.

La compañía aérea solo contrata TCP (tripulantes de cabina de pasajeros) solteras y les obliga a pedir permiso a la empresa cuando quieren casarse. Así lo denuncia el sindicato de auxiliares de cabina International Transport Workers Federation (ITF) al Washington Post, que afirma que las TCP deben permanecer cinco años como empleadas solteras antes de poder contraer matrimonio, a menos que reciban permiso de la empresa. El sindicato ya presentó el año pasado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las condiciones de trabajo, a su juicio “inaceptables”, a las que se enfrentan las tripulantes de Qatar Airways.

Según esta información, publicada por el diario estadounidense, la aerolínea catarí también obliga a sus tripulantes de cabina a informar a la empresa “lo antes posible” en caso de quedarse embarazadas. En todo caso, el embarazo puede ser motivo de incumplimiento de contrato y conllevar el despido de la aerolínea.

La política de personal de Qatar nos podría incluso acabar afectando directamente si esta empresa tiene en algún momento capacidad de decisión sobre la gestión de personal de sus participadas. Es altamente improbable, pero recordemos que a finales de enero, la compañía aérea catarí se convirtió en primer accionista de IAG, el holding de aerolíneas que agrupa a British Airways, Iberia y Vueling, al hacerse con un paquete accionarial del 9,99% de su capital.

Noticias de este corte hay por desgracias muchas, incluso en países supuestamente avanzados socialmente. Por ejemplo una empresa noruega llegó a afrontar una denuncia interpuesta por el defensor del pueblo debido a que obligaba a llevar una pulsera roja a las mujeres que se encontraran en etapa de menstruación. Al parecer era una práctica generalizada en Noruega donde los empresarios tratan a toda costa de evitar que sus empleados pierdan tiempo en los servicios higiénicos.

Tanta es la obsesión por esto que dos tercios de los empresarios controla mediante una tarjeta electrónica el tiempo que sus empleados están en el baño; una de cada tres compañías ha instalado cámaras en la entrada de los aseos; y que otras firmas obligan a firmar un “libro de visitas” del servicio.El defensor del pueblo noruego llegó a afirmar que este tipo de medidas “son violaciones claras a la privacidad y un insulto a las personas afectadas”.

Más cerca, en España, la empresa Agronativa de Cieza, del sector agroalimentario de Murcia, ha sido investigada por la autoridad laboral por colgar carteles a las trabajadoras que quieran ir al baño. La medida además es segregacionista, pues solo se les aplicaba a las mujeres y no a los hombres.

Son sucesos denigrantes puntuales que se suman a un problema estructural: la discriminacional salarial. La brecha en España no para de agrandarse durante la crisis a pesar de la devaluación salarial general que ha sufrido la clase trabajadora. Según los últimos datos disponibles en un informe de los sindicatos, en este caso de UGT, las mujeres cobran al año un 23,9% menos que los hombres por desempeñar trabajos de igual valor, la cifra más alta de los últimos cinco años.

En números absolutos, esta diferencia se cifra en 6.144,72 euros anuales: es la diferencia entre el sueldo medio que percibieron las trabajadoras (19.537,33 euros anuales) y los trabajadores (25.682,05 euros) en 2012. En total, las mujeres dejaron de percibir 27.783 millones de euros en un año. Sobran más palabras.

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