El polémico vuelo de los drones
El uso de los vehículos aéreos no tripulados en la guerra contra el terrorismo ha generado un intenso debate en la comunidad internacional. De un lado, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que defienden el empleo de esta nueva arma. Frente a ellos, organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, preocupados por la legalidad de los ataques y sus consecuencias sobre la población civil.
Aunque la estrategia antiterrorista del presidente Barack Obama cuenta con el respaldo mayoritario de los estadounidenses, no pocas voces cuestionan los límites de esta política. El mandatario cumplió su promesa de retirar a las tropas de Afganistán e Irak, pero en cambio ha dado más poder a las operaciones encubiertas y los ataques selectivos coordinados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Tampoco hay consenso sobre las consecuencias a largo plazo del hostigamiento contra militantes extremistas en zonas de Paquistán y Yemen, donde decenas de civiles han muerto en las operaciones de los drones. Mientras la Casa Blanca se ufana del efecto devastador de los ataques sobre la cúpula de los grupos terroristas, otros advierten que esas intervenciones alimentan el odio de los nativos y facilitan el reclutamiento.
¿Crímenes de guerra?
No uno, sino cuatro informes de diversas fuentes renovaron este mes las interrogantes sobre la conformidad del uso de los drones con la ley internacional. Dos relatores especiales de Naciones Unidas y las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) dieron a conocer sus reportes sobre la situación de Pakistán y Yemen.
La no gubernamental HRW, con sede en New York, acusó a Estados Unidos de violar la legislación internacional sobre la guerra, al provocar víctimas civiles de manera indiscriminada durante al menos dos ataques de drones en Yemen. El documento, titulado "Entre los drones y Al Qaeda", expone seis operaciones militares ejecutadas en ese país árabe entre 2009 y 2013. Esos bombardeos causaron la muerte a 82 personas, de ellas al menos 57 civiles.
HRW advirtió a Washington sobre el efecto bumerán de los asesinatos selectivos en Yemen que ignoran las consecuencias sobre la población no vinculada a los extremistas. Estos actos podrían incrementar la ira de los yemeníes y alimentar las filas de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP).
En la misma conferencia de prensa, el 22 de octubre, Amnistía Internacional dio a conocer los resultados de su investigación sobre el empleo de los drones en Paquistán. El grupo de derechos humanos fustigó la falta de transparencia de las autoridades estadounidenses, que impide aclarar las implicaciones legales de los ataques efectuados por estas aeronaves.
AI exigió al gobierno de Estados Unidos desclasificar la información relacionada con las operaciones en Paquistán y permitir el acceso de peritos independientes a los casos que podrían haber producido muertes ilegales. Además, la organización exhortó a Washington a asegurar que los familiares de las víctimas civiles tengan acceso a la justicia y a compensaciones.
Un desierto legal
A largo plazo el principal problema parece ser la falta de un marco legal internacional que regule la utilización de aviones no tripulados en operaciones militares. Los dos informes presentados por relatores de Naciones Unidas coinciden en la inexistencia de un consenso entre legisladores y gobiernos sobre los límites en el uso de los drones.
Si bien Christof Heyns, relator sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales, reconoció que estas armas no son ilegales, advirtió sobre su despliegue en operaciones secretas al margen de cualquier responsabilidad judicial por las consecuencias. Su colega Ben Emmerson, relator sobre derechos humanos y contraterrorismo, alertó también sobre el caos en la legislación internacional, desprevenida ante la proliferación de los drones.
Emmerson realiza una investigación sobre los ataques en zonas del noroeste de Paquistán y en Yemen. Según las cifras oficiales entregadas al funcionario por el ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, desde 2004 al menos 400 civiles han muerto en unos 330 bombardeos realizados por drones en esas regiones limítrofes con Afganistán.
Pero más allá de las cifras –reducidas a solo 67 desde 2008 en un reciente informe del ministerio de Defensa paquistaní—Emmerson manifestó su preocupación por la falta de transparencia del gobierno estadounidense, y la CIA en particular, sobre el número de civiles fallecidos durante sus operaciones encubiertas en el planeta.
“El problema no son los drones, sino la falta de claridad bajo la cual se permite el despliegue de una fuerza letal mediante los aviones no tripulados”, afirmó el funcionario.
Objetivo Pakistán
Voceros de la Casa Blanca han rechazado con insistencia cualquier violación de la ley internacional en las operaciones antiterroristas. Según las autoridades norteamericanas, el empleo de los drones fortalece la seguridad nacional de Estados Unidos y reduce los riesgos de causar bajas colaterales en el terreno.
Obama esbozó su nueva estrategia antiterrorista en un discurso en mayo pasado. El mandatario reconoció las bajas civiles provocadas por los drones, y prometió que las aeronaves no tripuladas solo serían empleadas solo cuando los militares tuvieran casi la certeza de que no habría bajas entre la población local. El presidente también aseguró que Estados Unidos actuaría allí donde los gobiernos no pudiesen enfrentar las actividades terroristas.
Uno de los escenarios de acción recurrente ha sido el llamado cinturón tribal de Pakistán. Tanto Islamabad como el ministerio de Defensa del país asiático han aceptado o refutado alternativamente su colaboración con las tropas estadounidenses en las operaciones encubiertas, que muchos paquistaníes consideran una violación de su soberanía.
La diferencia entre las estadísticas entregadas a Ben Emmerson y las publicadas el 30 de octubre por el ejército paquistaní revelan las contradicciones al interior de un Estado que recibe millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos. Y aunque oficialmente el primer ministro Nawaz Sharif ha solicitado a Obama el fin de los ataques, pocos creen que los drones dejarán pronto de sobrevolar las zonas de influencia del Talibán y Al Qaeda en la frontera afgano-paquistaní.
Según cifras de la New America Foundation, bajo la administración demócrata se han ejecutado 317 ataques de drones en Pakistán, seis veces más que durante el segundo mandato de George W. Bush. Esta fuente calcula entre 258 y 307 las víctimas civiles. La frecuencia de los bombardeos ha descendido notablemente desde la ofensiva norteamericana en Afganistán en 2010.