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Su vocación los coloca en la mira del crimen organizado

La muerte acecha en cualquier rincón de ciudades hondureñas como San Pedro Sula (AFP | STR)
La muerte acecha en cualquier rincón de ciudades hondureñas como San Pedro Sula (AFP | STR)

La búsqueda de la justicia y la verdad se han convertido en dos vocaciones peligrosas en varios países de América Latina. El asesinato de profesionales del periodismo y el derecho, aunque inscrito en la cotidiana violencia que viven esas naciones, no deja de inquietar. La prensa y las leyes constituyen dos de los pilares fundamentales de la democracia.

Más allá de las estadísticas de homicidios, la muerte de abogados y periodistas reflota un tema álgido en la región: la impunidad. La abrumadora mayoría de los asesinatos nunca son aclarados. Esa ausencia de castigo contra los autores provoca un doble efecto: erosiona la credibilidad del sistema de justicia y genera autocensura en los medios.

Justicia acribillada

El 10 de octubre pasado dos fiscales hondureñas fueron ultimadas en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. El reporte policial detalló que Marlene Banegas recibió 52 disparos, mientras su colega Olga Eufragio tenía ocho heridas de bala.

Banegas trabajaba en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Antes se había desempeñado como coordinadora de fiscales en esa urbe hondureña. La Mara 18 la había amenazado de muerte después que un tribunal condenó a tres pandilleros por la masacre de 17 personas en 2010. Cuando las autoridades le retiraron la escolta, los jefes de esa organización criminal ordenaron el asesinato.

La violencia exacerbada por la maras ha costado la vida a decenas de abogados en Honduras (AFP | Orlando Sierra)
La violencia exacerbada por la maras ha costado la vida a decenas de abogados en Honduras (AFP | Orlando Sierra)

Menos de dos semanas después la abogada Iris Argueta también cayó por los disparos de un presunto sicario en la ciudad de Catacamas, 200 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Con ella sumaron 85 los profesionales del derecho asesinados en los últimos cuatro años en Honduras.

Pero la identificación de los autores de esos crímenes y su condena podrían no ocurrir nunca. Según el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), el 95 por ciento de los casos de procuradores asesinados en Honduras desde 2010 no han conducido a la condena de los victimarios. Fuentes citadas por el diario La Prensa señalaron que en esa nación centroamericana solo se investiga uno de cada cinco homicidios. Honduras exhibe la peor tasa de muertes violentas del planeta: alrededor de 80 por cada 100.000 habitantes.

En declaraciones al periódico mexicano El Universal, Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras, explicó que la relación de los abogados con conflictos y la acusación de criminales elevan su vulnerabilidad a la violencia imperante. "Muchos fueron asesinados por ejercer en áreas particularmente sensibles, como derechos humanos", afirmó Meza. “Otros por su ligazón a temas vinculados al crimen organizado, sin duda”, dijo.

Otro país agobiado por la violencia, Colombia, sufre también el flagelo de la impunidad. Se estima que en la última década más de 700 abogados han muerto y 4.400 han soportado diversos tipos de agresiones. La mayoría de los culpables han eludido los tribunales gracias a una red de influencias y presiones que implica a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, grupos paramilitares y guerrillas.

La guerra civil en Colombia ha golpeado al sistema de justicia y a la prensa. (AFP/Archivo | Luis Robayo)
La guerra civil en Colombia ha golpeado al sistema de justicia y a la prensa. (AFP/Archivo | Luis Robayo)

La verdad postergada

Colombia tampoco puede vanagloriarse de su récord en materia de justicia para los casos de periodistas asesinados. La nación suramericana, junto a Brasil y México, representa a América Latina en la vergonzosa lista de países con altos niveles de impunidad en estos crímenes contra la prensa.

Según el más reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), aunque en Colombia se han reducido los niveles de violencia armada en los últimos años, el esclarecimiento de la muerte de periodistas es todavía un tema pendiente para la justicia local. El CPJ estima que el 88 por ciento de los casos reportados desde 1992 permanecen impunes. Por su parte, la Fundación para la libertad de prensa (FLiP) ha documentado 142 asesinatos desde 1977, de los cuales solo 19 terminaron con una condena en los tribunales. El resto cerraron sin juicio tras el plazo de dos décadas establecido para la prescripción del delito o los expedientes se extraviaron.

En México las cosas han empeorado desde el inicio de la guerra contra las drogas. Este país norteamericano clasifica en el séptimo lugar de estados con más impunidad: apenas se ha resuelto el 10 por ciento de los homicidios contra periodistas en la última década. Las causas de esta impotencia legal se asemejan a las de Colombia.

“En México la extensa corrupción en las fuerzas de seguridad pública, el Poder Judicial, y el sistema político ha arrojado como único resultado las investigaciones más superficiales en decenas de casos en que los periodistas han muerto asesinados o han desaparecido mientras informaban sobre las actividades delictivas de los carteles de narcotraficantes”, describe el CPJ.

Ese oscuro entramado ha impedido que las leyes vigentes en ambos países hagan justicia a los profesionales que arriesgan su vida para narrar los hechos y revelar verdades. Si el número de periodistas ultimados ha descendido se debe en gran medida a la autocensura, impuesta por el temor a ser la próxima víctima de los sicarios.

El CPJ ha confirmado el asesinato de 1.082 periodistas desde 1992 en el mundo. La mayoría cubría historias relacionadas con la política, la guerra, la corrupción y los derechos humanos. Del total, 633 casos siguen impunes.