La administración del Presidente Joe Biden finalizó una regla que revierte una política de la era Trump que penalizaba a las personas que habían utilizado ciertos programas federales de asistencia social como una “carga pública” en sus solicitudes de inmigración y visa.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que ya no reprochará a los solicitantes el uso de varios programas de salud pública, incluidos los beneficios de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, así como otros programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y ayuda en casos de desastre.

“Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.

La ley federal de inmigración ordena a las autoridades, como parte de determinar si alguien puede ingresar o permanecer en los Estados Unidos, que evalúen si podrían volverse dependientes del gobierno. Los refugiados cubanos y haitianos que solicitan un estatus legal bajo la Ley de Ajuste Cubano y la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados Haitianos — y los solicitantes de asilo, entre otros — están excluidos de ser considerados cargos públicos a efectos de admisibilidad.

Bajo la administración de Trump, el DHS emitió una nueva definición de “carga pública” en 2019. Se redefinió como un inmigrante que acumula más de un año de beneficios públicos, como cupones de alimentos, Medicaid y algunos tipos de asistencia para la vivienda, dentro de los tres años. Como ejemplo de cómo funcionaba, la regla explicaba que obtener dos beneficios en el mismo mes calificaría como dos meses.

La regla de Trump amplió el abanico de programas considerados como carga pública a los beneficios no monetarios, como los cupones de alimentos, al determinar si se debe permitir que alguien ingrese o permanezca en los Estados Unidos.

La directora de Servicios Legales de Inmigración de Church World Service, Maureen Porras, dijo que la regla de 2019 hizo que sus clientes, incluso aquellos exentos de ser considerados cargos públicos según la ley federal, temieran acceder a los beneficios y servicios públicos.

“Muchos de nuestros clientes que estaban exentos tenían miedo de buscar la ayuda y los beneficios necesarios para los que eran elegibles porque no entendían la regla”, dijo, y agregó que su organización realizó actividades educativas para ayudar a las personas a comprender cómo funcionaba laa política. “Vimos que un número significativo de personas que eran elegibles para nuestros programas no se unieron a nuestros programas por temor a que se les aplicara la regla de carga pública”.

En la nueva regla, el DHS reconoció que la política de 2019 había “causado miedo y confusión entre los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos y tuvo un efecto paralizante significativo en el uso de los beneficios públicos entre los no ciudadanos”, incluidas las personas que estaban exentas.

En la regla publicada el jueves, la agencia dijo que estaba “al tanto de la evidencia de que la Regla final de 2019 y el proceso de elaboración de reglas que la precedió, tuvieron efectos significativos en la cancelación de la inscripción entre los no ciudadanos y los ciudadanos estadounidenses en familias inmigrantes”.

La nueva regla, que entra en vigencia el 23 de diciembre, vuelve a la guía de 1999 utilizada para determinar quién se considera una carga pública y reduce los beneficios públicos que se evaluan.

“El DHS determinaría que es probable que un no ciudadano se convierta en una carga pública en cualquier momento si es probable que en algún momento dependa principalmente del gobierno para su subsistencia”, dice la regla.

La agencia dijo que para determinar si un inmigrante es una carga pública, evaluaría la inscripción pasada o actual en la Seguridad de Ingreso Suplementario, los beneficios en efectivo y la asistencia para el mantenimiento de los ingresos, la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno, así como los factores exigidos por las leyes federales de inmigración tales como la edad, la salud y el estado financiero y los recursos.

“Las personas que califican para Medicaid, CHIP y otros programas de salud deben recibir la atención que necesitan sin temor a poner en peligro su estatus migratorio”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra. “Como hemos experimentado con COVID, es de interés para todos los estadounidenses cuando utilizamos la atención médica y otros servicios a nuestra disposición para mejorar la salud pública para todos”.

El DHS tampoco ya no requiere el “Formulario de Declaración de Autosuficiencia” o Formulario I-994, que hacía preguntas extensas sobre la situación financiera de un inmigrante, incluido el historial de declaración de impuestos, deuda de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, puntaje de crédito y más.

“De verdad hizo el proeso más dificil, dijo el abogado de inmigración de Miami John de la Vega, “Creo que estamos viendo una regla mucho más humana, más razonable.”

Puede leer la regla aquí.