Yahoo Noticias Biden prometió poner fin a la política de migración de la era Trump, pero en realidad es más de lo mismo
Una madre y su hijo bajan de un polvoriento autobús de la patrulla fronteriza, cada uno con una pequeña bolsa y una mirada cansada. Durante los últimos días, estuvieron entre los miles de haitianos que se refugiaron en un mísero campamento debajo de un puente a las afueras de la localidad de Del Río, Texas, luego de cruzar el Río Grande desde México.
Después de una revisión final, los agentes de la patrulla fronteriza, uniformados de verde, los dirigen a un grupo de voluntarios con una organización benéfica local que los espera en la acera. En ese momento, después de un viaje traicionero y mortal que probablemente duró meses, son libres de irse y pueden comenzar el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.
Ellos son los afortunados. Algunos autobuses no llegaron a un centro de transferencia como este, sino que se dirigieron directamente al aeropuerto, donde los esperaba un vuelo para llevarlos de regreso a Haití, un país convulsionado por la violencia, agitación política y desastres naturales. A muchos no se les informó adónde iban hasta que llegaron al aeropuerto y ninguno tuvo la oportunidad de solicitar asilo.
De los aproximadamente 15 mil haitianos que se encontraron acorralados bajo ese ahora infame puente, aproximadamente 2 mil fueron enviados de regreso a Haití, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo que la convierte en una de las expulsiones masivas más grandes en la historia reciente de Estados Unidos.
Joe Biden hizo campaña con la promesa de darle a la política de inmigración de Estados Unidos una revisión "justa y humana", pero los eventos en esta pequeña frontera durante la semana pasada han creado la impresión para algunos de que no ha cambiado mucho desde la era de Donald Trump.
El uso liberal de las expulsiones por parte de Biden ha suscitado duras críticas por parte de grupos defensores de migrantes, demócratas y el propio enviado especial del gobierno a Haití, que renunció en protesta. Se llevaron a cabo bajo una ley de décadas de antigüedad que permite al gobierno bloquear la entrada de personas durante emergencias de salud pública. La cláusula del Título 42 rara vez se usó hasta que Trump la puso en práctica en marzo de 2020 para expulsar rápidamente a los migrantes y solicitantes de asilo, citando la pandemia de covid-19 como justificación.
Los grupos de derechos humanos condenaron duramente la práctica y la calificaron como ilegal y la han impugnado en los tribunales, pero ha continuado con Biden a un ritmo aún mayor. Un total de 605 mil 509 personas fueron expulsadas usando el Título 42 en los siete meses desde la toma de posesión de Biden, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), más del doble de las 255 mil 163 expulsadas entre marzo de 2020 y enero de 2021 durante la administración de Trump.
Sobre el terreno en Del Río, una ciudad de unos 35 mil habitantes, la ira entre los defensores de los migrantes ha sido palpable.
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"Es indignante y atroz que la administración Biden continúe con la política que la administración Trump diseñó para mantener a las personas fuera de este país, en contra de la ley y en violación de sus derechos a buscar asilo", declaró Wade McMullen, abogado de derechos humanos de Robert. F. Kennedy Human Rights, quien vino a Del Río para ayudar a los migrantes que llegaban.
McMullen, quien pasó días en este centro de transferencia a pocos minutos de la frontera recibiendo a los migrantes que habían sido retenidos debajo del puente, aseguró que la política no tenía sentido legal ni práctico.
“Si están usando una emergencia de salud pública para justificar las expulsiones, o saben que una persona tiene covid-19 y están enviando a alguien con un virus mortal de regreso a una situación extremadamente precaria y peligrosa, o no están haciendo pruebas a esa persona, no saben si representan una amenaza para la salud pública y los están expulsando de todos modos”, dijo a The Independent.
La última crisis comenzó con la llegada de unos 15 mil haitianos a la frontera entre Estados Unidos y México en Del Río. Muchos habían venido no directamente de Haití, sino de Chile, Brasil y otros países de Sudamérica, donde habían huido en los años posteriores al último terremoto devastador de Haití en 2010, que mató a 200 mil personas y desplazó a unos dos millones de ciudadanos.
Una combinación de factores impulsó este último aumento de haitianos que intentan cruzar. A principios de este año, la administración de Biden renovó el estatus de protección temporal para los haitianos en Estados Unidos. Muchos creían que se les permitiría ingresar al país, pero el estado solo se aplicaba a aquellos que ya estaban en Estados Unidos. La elección de Biden fue suficiente para que algunos esperaran que se les permitiera ingresar a territorio estadounidense.
Los cruces fronterizos de haitianos aumentaron a niveles récord durante el último año. Los funcionarios de la CPB se encontraron con migrantes haitianos que cruzaron ilegalmente casi 28 mil veces a lo largo de la frontera suroeste entre octubre de 2020 y agosto de 2021; 24 mil de esos encuentros tuvieron lugar en Texas.
Con la llegada de un grupo tan grande a la vez a Del Río, las autoridades pronto se vieron abrumadas. Las terribles condiciones en el campamento provocaron una tormenta de fuego en los medios de comunicación, que se encendió aún más cuando aparecieron fotografías de agentes de la patrulla fronteriza a caballo tratando de acorralar a los migrantes mientras cruzaban el Río Grande.
Esas imágenes provocaron indignación entre los demócratas, mientras que los republicanos aprovecharon las escenas del caos para avergonzar a la administración Biden. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió decenas de vehículos del Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS) para crear lo que describió como una "barrera de acero", aparentemente para evitar que los migrantes cruzaran el río.
Mientras tanto, Del Río se transformó en algo así como una zona militarizada. Convoyes de vehículos de la patrulla fronteriza y de la policía estatal aceleraban por las carreteras. Cuando no estaban haciendo guardia cerca de la frontera, oficiales uniformados de agencias estatales y gubernamentales llenaban los hoteles y restaurantes.
El rápido crecimiento del campamento bajo el Puente Internacional en Del Río, que cruza hacia México, se convirtió rápidamente en una crisis para la Casa Blanca. Pronto se dio la orden de desmantelar las carpas y procesar a los miles que se habían refugiado ahí.
Se vieron vehículos de construcción y demolición dirigiéndose al sitio fronterizo, y pronto surgió un video de ellos derribando las estructuras temporales. El viernes por la mañana, un oficial de la patrulla fronteriza le dijo a The Independent que solo quedaban 150 personas.
Al mismo tiempo que se desmantelaba el campamento, la administración de Biden aumentó drásticamente las expulsiones. Los minibuses se desplazaban a toda velocidad desde el campamento fronterizo hasta el aeropuerto día y noche, llevando a la gente a los vuelos que los llevarían de regreso a Haití.
Taisha Saintil, de Haitian Bridge Alliance, un grupo de defensa de los migrantes haitianos, observó el ir y venir de los autobuses y no pudo entender por qué algunas personas estaban siendo expulsadas y a otras se le permitía entrar.
“Aunque hubo familias a las que se les permitió entrar, hubo muchas familias que aún fueron expulsadas. Todavía quedaban bebés que eran expulsados. Es por eso que los criterios no están claros”, dijo, mientras se encontraba frente a un centro de transferencia en Del Río, desde donde se detuvieron los migrantes después de ser procesados por las autoridades fronterizas. Según los manifiestos de vuelo vistos por Agence France Presse, casi la mitad de los 327 haitianos deportados por Estados Unidos en un día tenían menos de cinco años y habían nacido en el extranjero.
Los críticos de las expulsiones dijeron que negaron a las personas el derecho a solicitar asilo y obligaron a los que habían escapado de Haití hace años a volver a una situación precaria. Después de varios días de frecuentes viajes en autobús desde la frontera hasta el aeropuerto, el enviado especial de la administración Biden a Haití renunció en protesta.
Daniel Foote, quien fue designado para el cargo recién en julio, criticó la “decisión inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados en recintos seguros debido al peligro que representan las bandas armadas a la vida diaria”.
“Nuestro enfoque político hacia Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones políticas han sido ignoradas y rechazadas,si es que no se editaron para proyectar una narrativa diferente a la mía”, escribió en una carta al secretario de Estado, Antony Blinken.
Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó las expulsiones como "un imperativo de salud pública" durante una aparición en Meet the Press ,de NBC, el domingo.
Agregó que las medidas eran necesarias "para proteger a los migrantes, a ellos mismos, a las comunidades locales, a nuestro personal y al público estadounidense".
El DHS no respondió a las preguntas de The Independent sobre los criterios para la expulsión, pero Mayorkas reveló que los niños no acompañados no fueron expulsados.
Las rápidas expulsiones se producen en un momento en que la situación de seguridad en Haití se está deteriorando aún más rápidamente. En los últimos meses, el país ha visto a su presidente asesinado, otro terremoto mortal que mató a más de dos mil personas y desplazó a 112 mil, y un aumento dramático en la violencia relacionada con las pandillas.
“El país de Haití se encuentra en un estado de completo colapso de la seguridad”, declaró a The Independent Ariana Sawyer, investigadora fronteriza estadounidensede Human Rights Watch que rastrea los flujos migratorios. “La gente no tiene lugares para vivir, la gente no tiene nada para comer, hay bandas armadas que recorren las calles, por lo que la idea de que el gobierno de Estados Unidos envíe a la gente de regreso a Haití ahora, especialmente durante una pandemia mundial, sólo va a crear más inseguridad en Haití y generará aún más flujos migratorios”, agregó.
Sawyer argumentó que la administración Biden simplemente había retomado justo donde lo había dejado la administración Trump al tratar la frontera como un problema de seguridad, en lugar de humanitario.
“Hay una crisis humanitaria en la frontera que requiere una respuesta humanitaria. Pero esta administración ha seguido invirtiendo en políticas de disuasión violentas y discriminatorias”, agregó.
“Estamos hablando de algunas de las personas más vulnerables del mundo: son ingeniosas y decididas, pero vulnerables. A menudo ya han experimentado mucho trauma, y estamos usando estas políticas horribles que están diseñadas para hacer que cruzar la frontera sea lo más doloroso, abusivo o difícil para estas personas que tienen menos probabilidades de ser disuadidas en primer lugar".
Saintil, quien emigró a Estados Unidos con sus padres cuando era niña, todavía tiene familia en Haití. Estaba motivada para ayudar a los migrantes recién llegados porque sabía lo que estaban dejando atrás.
“Es realmente desgarrador. Solo en los últimos dos meses hemos visto el asesinato del presidente, hemos visto a las pandillas tomar el control de las principales ciudades, estamos viendo un aumento de los secuestros, estamos viendo la pobreza, la gente vive con menos de 15 centavos al día. Y ahora hay gente que regresa a eso. Tienes una casa en llamas y luego estás lanzando más gasolina a esa casa”, declaró.
Lo que se necesita, agregó, es una política que permita a los migrantes que huyen la oportunidad de solicitar asilo.
“La gente necesita poder solicitar asilo, es un derecho legal. Si hubiera habido una frontera abierta por donde la gente pudiera entrar y decir: 'temo por mi vida', esto no habría sucedido”.
“El Título 42 debe ser rescindido de inmediato y debe haber un proceso justo y efectivo que no maltrate a las personas, especialmente a los migrantes de color, porque todos vimos las fotos”, concluyó.
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