Biden desea una diplomacia más estable. La lucha sobre el aborto es una prueba.

Lara Jakes
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El presidente Joe Biden habla con la vicepresidente Kamala Harris en el Despacho Oval de la Casa Blanca antes de firmar medidas del poder ejecutivo relacionadas con los servicios sanitarios, en Washington, el 26 de enero de 2021. (Doug Mills/The New York Times)
El presidente Joe Biden habla con la vicepresidente Kamala Harris en el Despacho Oval de la Casa Blanca antes de firmar medidas del poder ejecutivo relacionadas con los servicios sanitarios, en Washington, el 26 de enero de 2021. (Doug Mills/The New York Times)

WASHINGTON — Al tiempo que el gobierno de Biden se pone en contacto con sus aliados, desconcertados por cuatro años de diplomacia errática por parte de Estados Unidos, también busca conseguir que el Congreso promueva políticas internacionales que afronten los caprichos de cualquier presidente.

Una prueba inicial es el destino que tendrá lo que se conoce como la política de la Ciudad de México.

Promulgada en 1984 por Ronald Reagan, esta política restringe los fondos de los contribuyentes estadounidenses a los proveedores de servicios sanitarios de otros países que ofrezcan servicios relacionados con el aborto como parte de su atención médica para las mujeres. Desde entonces, todos los presidentes demócratas la han revocado y todos los republicanos la han vuelto a instaurar.

Incluso cuando se revoca esta restricción (como lo hizo el presidente Biden el 28 de enero), el dinero no puede usarse para financiar abortos.

En cambio, y por ley, se utiliza para pagar otros servicios médicos para niñas y mujeres en algunos de los países más pobres del mundo, lo que permite a los proveedores de servicios sanitarios cubrir los costos de los abortos con otros recursos. Pero cuando se restablece la restricción, los grupos humanitarios respaldados por Naciones Unidas y por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional deben luchar para conseguir otras ayudas con el fin de cubrir los costos de la atención médica.

Esta constante oscilación ha provocado un caos en los presupuestos para la atención médica y ha ocasionado el cierre de algunas clínicas.

De manera significativa, también ha reforzado la idea de algunos aliados extranjeros de que Estados Unidos es un socio poco confiable cuando se trata de las necesidades globales.

Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, señaló el miércoles que esperaba que el gobierno de Biden trabajara más de cerca con sus socios internacionales sobre una serie de problemas, y no como “en los últimos años”.

“Deseamos que haya más imparcialidad, más predictibilidad; queremos más estabilidad”, le dijo Michel a un foro de debate del Atlantic Council.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, la política de la Ciudad de México no solo se fortaleció, sino que se amplió y le negó ayuda a otros grupos que también proporcionan medicamentos contra el VIH y tratamientos para la tuberculosis. Eso sirvió como una ofensa más al agravio que implicó el retiro de Estados Unidos de las alianzas globales durante la presidencia de Trump, desde los conflictos militares hasta los acuerdos diplomáticos, políticas que el gobierno de Biden ahora busca revertir.

El mes pasado, en su primer día completo en el cargo, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, afirmó que el gobierno de Biden recurrirá al Congreso para que ayude a consolidar una serie de decisiones importantes en política internacional con el fin de dar una continuidad de una presidencia a otra.

“Es difícil tener una política exterior viable que no cuente con el consentimiento informado del pueblo estadounidense”, les dijo Blinken a los reporteros el 27 de enero. “El lugar en el que, dentro de nuestro sistema, ese consentimiento informado es de vital importancia es en el Congreso”.

Biden canceló la política de la Ciudad de México un día después, lo que liberó el acceso a cientos de millones de dólares para ayuda a las clínicas de salud a las que se les había negado el financiamiento, lo cual les agradó a los diplomáticos de todo el mundo.

“Noruega está ansiosa por volver a trabajar de manera estrecha con Estados Unidos en las iniciativas globales” para proteger la salud reproductiva de las mujeres y las niñas, señaló en Twitter la ministra de Relaciones Exteriores, Ine Eriksen Soreide.

“Anhelo fortalecer las relaciones con el gobierno de Biden/Harris sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva”, se sumó Flemming Moller Mortensen, ministro para la Cooperación al Desarrollo de Dinamarca.

Los expertos señalaron que los congresistas que se oponen a la política de la Ciudad de México —principalmente los demócratas y los defensores del derecho al aborto— tienen una oportunidad de abolirla, pequeña, pero única.

La Cámara de Representantes controlada por los demócratas aprobó con anterioridad una medida para congelar esta política, también conocida entre sus detractores como la norma mordaza global, pero fue frenada en el Senado controlado por los republicanos.

Este mes, los demócratas recuperaron el control del Senado por primera vez desde 2015 por un estrechísimo margen, con una división de 50-50 y con la facultad de la vicepresidenta Kamala Harris para deshacer el empate.

No obstante, al menos dos republicanas, las senadoras Susan Collins, por Maine, y Lisa Murkowski, por Alaska, también respaldan la legislación para revocar de manera definitiva la política de la Ciudad de México, lo que significa que “podría abrirse una nueva ventana para hacer que algo suceda”, señaló Jen Kates, directora de políticas para el VIH y la salud global en la Fundación Kaiser Family.

“Creo que todos estarán de acuerdo, independientemente del lado en el que estén, con que el problema es que la oscilación es una manera muy cuestionable de que esta política funcione”, señaló Kates al hablar del trabajo de las organizaciones no gubernamentales. “No brinda estabilidad ni predictibilidad a las ONGs, y además es perjudicial”.

Quienes se oponen al derecho al aborto también quieren ver que el tema se convierta en una ley establecida, pero de una manera en que venere la política de la Ciudad de México para evitar de inmediato que Biden y los futuros presidentes apoyen a quienes facilitan el aborto en el extranjero.

El mes pasado, el senador republicano por Utah, Mike Lee, reactivó un plan que había presentado en periodos anteriores del Congreso para que la restricción del financiamiento fuera permanente. En un discurso del 3 de febrero en el pleno del Senado, afirmó que era necesario evitar que la política fuera “revocada y restablecida una y otra vez entre los gobiernos variables”.

“La vida de los bebés y la dignidad de las mujeres no son balones políticos”, señaló Lee. “Las mujeres y los niños no natos de todas partes tienen una dignidad y un valor inconmensurables sin importar de dónde sean. Y se les debería otorgar el derecho a la vida y a la protección contra daños… independientemente de quién esté en la presidencia”.

Sus observaciones provocaron la respuesta iracunda de la senadora demócrata por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen, quien le recordó a los funcionarios que los profesionales de la salud del exterior pueden usar el financiamiento de Estados Unidos solo para otras necesidades de salud, no para pagar ni los servicios de aborto ni la asesoría.

Shaheen señaló que, hasta ahora, 47 senadores se han comprometido con una propuesta para la revocación de las restricciones del financiamiento para siempre. Se espera que otros demócratas se sumen a esta iniciativa.

“Necesitamos un nuevo compromiso para una planeación familiar cabal que garantice que no se restrinja la atención médica dependiendo del presidente que esté en la Casa Blanca”, comentó Shaheen.

En 2016, antes de que Trump recortara el financiamiento, Estados Unidos otorgaba 69 millones de dólares al Fondo de Población de Naciones Unidas, el principal organismo proveedor de servicios de planificación familiar en el mundo. Con el dinero que les han devuelto, este organismo prevé que podría ofrecer planificación familiar y atención médica a 4,2 millones de mujeres y niñas en un año, lo que posiblemente evitaría 1,4 millones de embarazos no deseados y 640.000 contagios de enfermedades de transmisión sexual.

Natalia Kanem, directora ejecutiva de esa agencia de las Naciones Unidas, narró que hubo una combinación de alegría y alivio entre los países miembros al escuchar este mes que Estados Unidos restituirá el financiamiento a los proveedores de atención médica del exterior. En una entrevista, tuvo cuidado de no hablar sobre el debate político interno de si el Congreso deba dejar atrás la política de vaivén de Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que la pandemia del coronavirus, la pobreza y los enfrentamientos en algunos de los países más inestables del mundo subrayaron que “no solo tenemos que regresar a donde estábamos hace cuatro años, o hace 20”.

Debido a la poca predictibilidad del apoyo internacional que ha originado una disminución en los servicios sanitarios para las mujeres y las niñas, las autoridades estadounidenses deben emprender “algo con determinación, más que realizar solo cambios superficiales”, comentó Kanem.

“Financiar las colaboraciones estables salva vidas”, aseguró.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company