Biden desafía a republicanos por obligatoriedad de vacunas

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El presidente Joe Biden camina hacia su oficina tras regresar a la Casa Blanca luego de una visita a la Escuela Secundaria Brooklnad en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON (AP) — Los nuevos requerimientos de vacunación obligatoria del presidente de Estados Unidos tienen a los gobernadores republicanos amenazando con demandar. La respuesta de Joe Biden: “Dale”.

El gobierno se prepara para otro choque grande entre la autoridad federal y las de los estados y aunque muchos detalles de las reglas son desconocidos aún, Biden parece estar en un terreno legal sólido para emitir la directriz alegando la seguridad de los empleados, de acuerdo con varios expertos entrevistados por The Associated Press.

“Mi apuesta es que, respecto a esa autoridad reglamentaria, ellos tienen una base muy firme dada la evidencia que indica claramente... el nivel de riesgo que representan (las personas no vacunadas), no solamente para sí mismas, sino también para otras”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Connecticut Sachin Pandya.

Los republicanos criticaron inmediatamente el mandato que pudiera impactar a 100 millones de estadounidenses, diciendo que es el gobierno se está excediendo en su autoridad y prometieron que entablarán demandas. Los empleadores privados que se resisten al requerimiento pudieran demandar también.

El gobernador de Texas Greg Abbott llamó el mandato un “asalto a los negocios privados”, mientras que el gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster prometió “pelear hasta las puertas del infierno para proteger la libertad y el sustento de cada persona en Carolina del Sur”. El Comité Nacional Republicano ha dicho también que demandará al gobierno “para proteger a los estadounidenses y sus libertades”.

Esos casos pudieran presentar otro choque entre la autoridad federal y la de los estados mientras el Departamento de Justicia de Biden está demandando ya a Texas por su nueva ley que prohíbe casi todos los abortos en el estado, argumentando que fue promulgada “en desafío abierto a la Constitución”.

La Casa Blanca se prepara para los desafíos legales y cree que incluso si algunos de los mandatos son anulados, millones de estadounidenses se vacunarán debido a los nuevos requerimientos, salvando vidas y previniendo la diseminación del virus.

Biden está encargando del cumplimiento de su orden a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés), que está redactando una regla “en las próximas semanas”, dijo el viernes Jeffrey Zients, coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia de COVID-19. Advirtió que “si un lugar de trabajo se niega a seguir el estándar, las multas de la OSHA pudieran ser significativas”.

Los tribunales han ratificado los requerimientos de vacunación como condición de empleo, tanto antes de la pandemia —en objeciones presentadas por trabajadores de salud— y desde el estallido del brote, dijo Lindsay Wiley, directora del Programa de Políticas y Leyes de Salud en la American University en Washington.

Donde los requerimientos de Biden pudieran ser más vulnerables a un ataque es en la pregunta de si el gobierno siguió el proceso apropiado para implementarlos, acotó.

“Los argumentos de que la vacunación obligatoria vulnera la autonomía corporal o la toma de decisiones médicas… no han sido exitosos y no veo que eso cambie”, dijo Wiley. “Creo que las objeciones cuyos resultados son más difíciles de pronosticar serán aquellas sobre si se siguió el debido proceso”.

Los estándares temporales de emergencia —bajo los que las reglas se están implementado aceleradamente— han sido particularmente vulnerables a las impugnaciones legales, dijo Wiley. Pero los riesgos presentados por el coronavirus y la existencia de una emergencia púbica declarada pudieran poner los requerimientos de vacunación obligatoria sobre “una base más fuerte que cualquiera que gobiernos pasados hayan tratado de imponer”, agregó.

De hecho, la cuestión de si un mandato es sólido legalmente es independiente de si será ratificado por los jueces, incluso por una mayoría conservadora en la Corte Suprema que ha tendido a interpretaciones generosas de la libertad religiosa y pudiera tratar de garantizar que cualquier mandato tiene en cuenta las objeciones basadas en fe.

La vacunación “se ha vuelto politizada y hay muchos jueces republicanos que pudieran ser hostiles a la regulación por razones políticas”, dijo Michael Harper, profesor de Derecho de la Boston University.

“Puedo imaginar una opinión desafortunada que trate de justificar esa posición política al rechazar el uso de la OSHA contra una enfermedad infecciosa en lugar de contra los peligros intrínsecos del lugar de trabajo”, dijo Harper en un correo electrónico.

Las reglas disponen que todos los empleadores con más de 100 trabajadores obliguen a sus empleados a vacunarse o someterse a pruebas semanales del virus, un mandato que afecta a unos 80 millones de personas en el país. Y los 17 millones de trabajadores en instalaciones de salud que reciben Medicare o Medicaid también tendrán que estar plenamente vacunados. Medicare es el programa de asistencia médica federal para los ancianos, mientras que Medicaid es el programa de ayuda médica a los pobres o discapacitados.

Biden además va a requerir la vacunación de todos los empleados de la rama ejecutiva y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, sin opción de someterse simplemente a pruebas diagnósticas. Eso cubre a varios millones más de trabajadores.

El estado de Montana, controlado por los republicanos, es el único que tiene una ley que contradice directamente el nuevo mandato federal. El estado aprobó la ley este año, haciendo ilegal que las empresas privadas requieran vacunación como condición para empleo.

Pero el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Montana Anthony Johnstone dijo que las normas federales estarían por encima de la ley estatal. Eso significa que empleadores grandes en Montana que previamente no podían requerir que sus empleados se vacunaran ahora se verán requeridos a hacerlo, incluso hospitales que son algunos de los mayores empleadores en el estado.

Dado que las reglas aún están siendo redactadas y no han sido publicadas, los expertos dicen que la clave estará en los detalles. Queda por ver exactamente lo que la regla va a requerir que los empleadores hagan o no y cómo tendrá en cuenta otros derechos que los empleados no vacunados pudieran reclamar, como un derecho a consideración por discapacidad, dijo Pandya, el profesor de Derecho.

Por ejemplo —con el creciente número de negocios y trabajadores que trabajan plenamente desde sus casas—, si se redactan las reglas para incluir a las personas que no están expuestas a un lugar tradicional de trabajo, “ciertamente hay cabida para disputa ahí”, dijo Erika Todd, abogada de empleos Sullivan & Worcester en Boston.

Charles Craver, profesor de Derecho Laboral en la George Washington University, dijo que el mandato presenta “una pregunta aguda” legalmente, pero dijo que el gobierno de Biden tiene un argumento legítimo de que ese requerimiento es necesario para que los trabajadores puedan proteger la seguridad de empleados, clientes y el público.

El asunto más espinoso, no obstante, es cómo los empleadores —y las cortes— lidiarán con los pedidos de exenciones por empleadores sobre bases religiosas y otras.

Aunque esas exenciones pudieran incluir que un empleado trabaje desde casa, “puedes tener una situación en la que alguien tiene que estar presente y no puedes proveer la exención por el peligro involucrado”, dijo.

“No me gustaría apostar si eso fuera ante la Corte Suprema”, dijo Craver. “Yo pudiera incluso imaginar una corte dividida 5-4 y no apostaría a cómo votaría”.

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Richer reportó desde Boston. Iris Samuels contribuyó desde Helena, Montana.

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