Batallas sectoriales: los cinco frentes abiertos que tiene el Gobierno

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Gentileza MercadoPago

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un acuerdo que estabilice la economía y ayude a reducir la inflación y la pobreza, en paralelo y a nivel micro, el Gobierno enfrenta varias disputas sectoriales con actores claves. Resoluciones inesperadas o tensiones entre las cadenas de valor por la suba de precios generaron malestar en las cámaras empresariales, que coinciden en reclamar certidumbre.

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En los últimos meses, el Gobierno abrió frentes de conflicto con las billeteras virtuales, las aerolíneas low cost, las agencias de turismo, las empresas de telecomunicaciones, y las prepagas y prestadoras de salud. También continuó tensionando la relación con el campo y el sector energético, dos actores que tienen un peso particular para el Estado por lo que generan y demandan de dólares.

Fintech

En la última reunión de directorio del Banco Central (BCRA), la entidad sorprendió con la medida que obligaba a las billeteras virtuales (entre las que se encuentran MercadoPago, Ualá, NaranjaX, ValePEI y Yacaré) a dejar encajados (inmovilizados) los fondos depositados de sus clientes. Esto implica que no pueden poner a “trabajar” ese dinero, como hacen los bancos con la liquidez de sus usuarios.

La entidad que preside Miguel Pesce justificó esta medida afirmando que era “para preservar los fondos de contingencias y garantizar que estén siempre a disposición de los y las ahorristas”. Sin embargo, desde que se fundaron las fintech, los fondos de los clientes siempre estuvieron a la vista, disponibles para utilizarse en el momento que sea. Para ello, esta misma conducción del BCRA las había obligado a que los fondos de los clientes estén depositados en los bancos, donde se cree que la seguridad de los ahorros están garantizados.

La nueva restricción tiene un impacto directo en los ingresos de estas empresas, que en los últimos años fomentaron la inclusión financiera al ofrecer herramientas gratis y sencillas para transferir, pagar de manera electrónica y ahorrar.

La Cámara Argentina de Fintech emitió un comunicado tras conocerse la medida y dijo que “genera un enorme daño a la industria fintech, a la innovación, y a la inclusión financiera”.

“Esto impactará sobre muchas empresas y sobre la creación de puestos de trabajo en un sector que ha sido uno de los principales motores de empleo en el país, y que proyectaba 10.000 nuevas posiciones para el próximo año”, agregó.

Aerolíneas low cost

Otra normativa que sorprendió a los actores económicos salió publicada en el Boletín Oficial en la mañana del 24 de diciembre: el Gobierno volvía a establecer bandas tarifas para vuelos de cabotaje. Esta medida, que delega en el Ministerio de Transporte la facultad de establecer tarifas máximas y mínimas dentro de los próximos 180 días, limita la estrategia comercial de las aerolíneas low cost de ofrecer pasajes a precios baratos.

La justificación del Gobierno a esta normativa es que el Estado “debe velar por la adecuada prestación de los servicios públicos y evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan, a la larga, contrarias al interés general”.

En el decreto, el Gobierno dice que realizó “un análisis de los balances presentados y se concluyó que el resultado económico de todas las empresas es negativo”. Según indicó, “los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema”.

Sin embargo, las empresas nunca criticaron esta política, sino que pidieron bajar la presión tributaria, tener más previsibilidad y que haya más competencia para operar en el mercado argentino.

Turismo

La actividad turística tuvo otro impacto inesperado el año pasado. Si bien el programa Pre Viaje ayudó a reactivar la industria tras la peor crisis de su historia, la medida del BCRA que prohibió la venta de pasajes internacionales en cuotas horas antes de que comience el día de promociones del Black Friday fue un golpe duro para las empresas.

La respuesta de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) no tardó en llegar. “Una vez más, ante la incapacidad de generar medidas serias, las mismas decisiones de siempre tomadas de forma inconsulta y, claramente, como un parche que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar”, indicó en un comunicado.

Para calmar las tensiones, el ministro de Turismo, Matías Lammnes, convocó a una reunión a todas las cámaras empresariales que agrupan al sector, pero el resultado fue peor. El Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viaje (Facve) dijo que de parte del Gobierno “no hubo registro del estado crítico del sector, respuestas ni certezas sobre la duración de la medida”.

El Gobierno mencionó la falta de dólares para justificar la medida y dijo que no se podía permitir que la compra de pasajes se financien “en pesos, a tasa fija, porque estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere”, según explicó la vicecanciller, Cecilia Todesca.

Prepagas, obras sociales y prestadoras de salud

La inflación mensual arriba del 3% durante casi todos los meses del año tensionó las cadenas de pago de los sectores regulados; es decir, de aquellos que necesitan el visto bueno del Gobierno para aumentar sus ingresos. En los últimos días, esta problemática se vio con nitidez en el sector de la salud.

Tanto las empresas prepagas y obras sociales como las prestadoras de salud coincidieron en que no les alcanzan los ingresos para mantener la calidad del servicio. Esto se ve reflejado en la cantidad de profesionales que deciden dejar las cartillas médicas para atender de manera independiente.

Si bien el Ministerio de Salud evitó que las prestadoras oficialicen el cobro de un 9% de copago, en la práctica, el cargo se aplica y sobre todo en el interior del país.

“Los representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, dijo la cámara en un comunicado.

“Las decisiones formales adoptadas por la Superintendencia de Servicios de Salud son medidas artificiales que profundizan los problemas y no afrontan la realidad”, indicaron en la Unión Argentina de Salud (UAS).

Internet, telefonía y televisión

El sector de las telecomunicaciones fue el primero en verse impacto por una medida inesperada. Pocos días después de que el Gobierno anunciar el fin de la reestructuración de la deuda extranjera con privados, en agosto de 2020, el Presidente sorprendió al declarar a esta industria como regulada a través de un DNU. Esto significó que los aumentos tarifarios comenzaban a estar autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Desde entonces, las distintas empresas del sector empezaron a transitar por la Justicia para suspender la aplicación del decreto. Este camino lo siguieron las grandes empresas como Telecom, Telefónica, Telecentro y DirecTV. Al estar agrupadas en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a 500 operadores, también están alcanzadas por la cautelar que les permite establecer sus precios con libertad, más allá de las resoluciones del Enacom.

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