La batalla por la tierra de las comunidades del Atrato colombiano

Yuto (Colombia), 29 may (EFE).- Las comunidades afrocolombianas vinculadas al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), en el departamento del Chocó, ganaron una batalla judicial para ser dueños de su tierra hace dos años, pero en la práctica sus derechos, rotos en el conflicto, aún no han sido restablecidos.

La esperanza yace en el reconocimiento que está haciendo de la situación el Gobierno, que este lunes entregó a los voceros de la organización en Yuto, cabecera municipal de Atrato, una copia de la sentencia y se comprometió a trabajar de la mano con las comunidades para restablecer sus derechos, especialmente los relacionados con las tierras que les han sido arrebatadas.

"A pesar de que no ha habido mucho cumplimiento, hoy tenemos el compromiso en territorio de la ministra (de Agricultura, Jhenifer Mojica) no con la representante legal, sino con las comunidades acá presentes", dice a EFE la representante legal de Cocomopoca, Glenis Garrido.

UNA LUCHA DE AÑOS

Las 46 comunidades vinculadas a Cocomopoca habitan los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui, pueblos que han sufrido los estragos de la violencia guerrillera y paramilitar.

Según la Sentencia 006, que fue proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 27 de julio de 2021 y es la que busca restituir sus derechos, las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas porque sus territorios han sido utilizados por los grupos como "sitio de escondite y abastecimiento, con hechos de ocupación de sus viviendas, reclutamiento forzado y asesinato de sus miembros".

"Empecé el proceso en 2015 cuando hice una denuncia por la violación de los derechos territoriales de Cocomopoca. Esa denuncia en el Tribunal de Tierras de Antioquia duró seis años. Y cuando salió, no se podía implementar porque la mayoría de las instituciones involucradas no le daban cumplimiento a la sentencia", afirma a EFE Américo Mosquera, oriundo del municipio de Atrato.

El hombre, que saluda con cercanía a todos los vecinos y es la persona que mejor conoce el caso, asegura que el “alma de la sentencia es el despojo territorial”.

“El 15 de diciembre de 1999 hicimos la solicitud de titulación colectiva, que ya estaba reconocida en la Constitución (…) Después de tanta lucha y espera, al menos ya se empezó a ver luz en el túnel. Necesitamos que los entes de control empiecen a hacer su trabajo, a sancionar a aquel que no cumple con la sentencia, pero los entes de control son muy pasivos y en dos años apenas se va a empezar a buscar para implementar la sentencia”, añade.

UN IMPULSO FESTIVO

A Yuto llegó este lunes una delegación del Gobierno liderada por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quienes fueron recibidos con emoción por una comunidad que confía en que las promesas de cambio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se hagan realidad.

Las comunidades, que estaban conmemorando además el Día de la Afrocolombianidad y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes declarado por la ONU, realizaron una “armonización” con rezos y cantos tradicionales, así como presentaciones del grupo de danza y chirimía del municipio de Lloró, con lo que reivindicaron sus tradiciones culturales.

La ministra de Agricultura manifiesta a EFE que el Gobierno pretende cumplir las sentencias pendientes con los consejos comunitarios que han “sufrido todo tipo de violencias”. La alta funcionaria revela que esta es la primera vez desde que se emitió la sentencia que las autoridades y las comunidades hacen seguimiento al cumplimiento de lo dictaminado por el tribunal.

“La idea es hacer una gestión integral territorial, hacer una mayor presencia en las entidades públicas que están convocadas, porque esto estaba muy concentrado en Bogotá sin el esfuerzo ni la capacidad suficiente, y lograr, con el concurso de las comunidades, cumplir la sentencia”, añade Mojica.

Para avanzar se instalaron mesas para atender cada uno de los problemas y la idea, explica la ministra, es que allí las partes “puedan concurrir para avanzar de manera consensuada”.

El director de la URT, entre tanto, destaca que la sentencia tiene 31 órdenes, que incluyen asuntos variados como restitución de tierras, fortalecimiento de proyectos económicos o vivienda.

“En el marco de la integralidad del territorio (…) se deben afianzar sus Gobiernos propios”, concluye Yule.

Jorge Gil Ángel

(c) Agencia EFE