Un mes después que un repunte de la violencia de las pandillas en el vecindario cercano a la embajada de Estados Unidos provocó la decisión del Departamento de Estado de ordenar la salida de parte del personal de la embajada, los sonidos de disparos de armas automáticas siguen sembrando el pánico y provocando gritos de auxilio en toda la capital haitiana.

Mientras que algunas partes del suburbio de Tabarre, donde está la embajada, siguen siendo zona prohibida, hombres fuertemente armados controlan ahora grandes franjas de la comunidad de Carrefour-Feuilles, en lo alto de una colina, lo que hace temer a los habitantes de las inmediaciones que estén un paso más cerca de perder completamente Puerto Príncipe a manos de pandillas armadas.

Durante meses, los habitantes impidieron que los grupos armados, que ya controlaban alrededor de 80% de Puerto Príncipe, ampliaran y estrecharan su control, haciendo retroceder los intentos de invasión. En abril, después que la policía detuvo en la capital a un grupo de presuntos miembros de una pandilla que viajaban en un vehículo, habitantes los lincharon y quemaron vivos.

El acto provocó una reacción en cadena en las cercanas Debussy, Pacot, Canape Vert, Turgeau y Carrefour-Feuilles, mientras los habitantes prometían desarraigar a las pandillas.

El jueves, sin embargo, parecían estar perdiendo la batalla. Las pandillas saquearon e incendiaron una subestación de policía en Savane Pistache, situada en el segundo distrito de Carrefour-Feuilles. El día anterior, el director de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, había elogiado las operaciones policiales en la comunidad, afirmando que “varios bandidos habían muerto y se habían recuperado muchas armas de fuego”.

La incapacidad de la Policía para actuar contra las pandillas y mantener el control es uno de los muchos retos que enfrenta el asediado cuerpo, y la comunidad internacional, que aún no ha decidido si apoyará un despliegue de fuerzas extranjeras en Haití y cómo sería esa despliegue.

A pesar del preocupante entorno de seguridad, el gobierno de Biden envió el jueves un vuelo de deportación a Haití, un día después que el Departamento de Estado dijo a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran el país “lo antes posible”.

“Es una burla que Estados Unidos esté enviando vuelos de deportación a Haití en estos momentos; debería considerarse una violación de los derechos humanos y un posible crimen contra la humanidad”, dijo Guerline Jozef, cofundadora de Haitian Bridge Alliance, un grupo activista a favor de los migrantes en Estados Unidos. “No podemos estar pidiendo la evacuación de personas y deportándolas al mismo tiempo”.

Jozef dijo que activistas confirmaron que el vuelo se dirigía a Puerto Príncipe, junto con otro vuelo fletado por el gobierno estadounidense, cuya misión no estuvo clara.

“Solo podemos suponer que [el segundo vuelo] va a apoyar la evacuación de personas que son de interés para Estados Unidos”, dijo Jozef, pidiendo al gobierno de Biden que regrese el vuelo de deportación con 66 personas.

“Ellos mismos están enviando a personas a lo que creen que es un peligro”, dijo. “No me importa quién esté en el avión en este momento, si es gente deportada de la frontera o de otro lugar”.

Un vocero del Departamento de Estado dijo que el Departamento de Seguridad Nacional está supervisando la situación en Haití y coordinando estrechamente con el Departamento de Estado y los aliados internacionales.

“En este momento, continúa la expulsión de ciudadanos haitianos desde nuestra frontera sur y la deportación de ciudadanos haitianos encontrados en el mar”, dijo el portavoz. “Desde enero, más de 63,000 haitianos han sido examinados y aprobados para viajar y más de 50,000 han llegado. Animamos a todos los que quieran emigrar a Estados Unidos a que lo hagan por vías legales y seguras”. Las personas interceptadas en el mar están sujetas a deportación inmediata, y las que están en Estados Unidos sin una base legal para permanecer están sujetas a expulsión”.

En virtud de un programa de libertad condicional humanitaria de dos años puesto en marcha por el presidente Biden en enero, los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pueden emigrar legalmente a Estados Unidos si cuentan con un patrocinador financiero y superan una verificación de antecedentes. Entre quienes han abandonado el país se encuentran cientos de agentes de la Policía Nacional de Haití, según fuentes del país.

El vocero no quiso hacer comentarios sobre el segundo vuelo, diciendo que “no comentamos los detalles específicos de ningún ajuste de seguridad o de personal”.

El jueves, la Oficina de Naciones Unidas en Haití publicó su informe más reciente sobre la situación de la seguridad en Haití. Aunque sus informes abarcan el período comprendido entre enero y junio, las cifras ofrecen una instantánea del círculo vicioso de violencia que este fin de semana desembocó en la muerte de varios miembros de una iglesia cuando una pandilla abrió fuego contra ellos mientras se dirigían a su comunidad en las afueras de Puerto Príncipe.

Según la ONU, más de 1,800 personas fueron víctimas de la violencia relacionada con las pandillas en Haití durante los seis primeros meses de este año, y el número de individuos muertos, heridos o secuestrados aumentó 14% entre enero y marzo en comparación con los mismos tres meses del año pasado.

El mayor número de incidentes violentos ocurrió entre abril y mayo, cuando, tras el asesinato del líder de una pandillas, Carlo “Ti Makak” Petithomme, a manos de uno de sus socios en el rico enclave de Laboule, en Petion-Ville, la población decidió tomar cartas en el asunto.

Armados con machetes, gasolina y palos, los habitantes de los barrios de Puerto Príncipe salieron con la Policía a dar caza a los pandilleros, mientras otros formaban grupos de “autodefensa” para proteger sus barrios. Bautizado como “Bwa Kalé”, el violento movimiento, que pronto se extendió por todo Haití, provocó “un aumento sin precedentes de los linchamientos colectivos”, según la ONU.

“Los linchamientos... causaron la muerte de al menos 238 personas presuntamente vinculadas a pandillas”, entre el 24 de abril y el 30 de junio, informó la ONU.

También murieron durante este período en actos de violencia relacionados con las pandillas 13 policías y al menos 467 pandilleros, la mayoría linchados por la población. Siete personas murieron en ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por fiscales nombrados por el gobierno en las ciudades meridionales de Les Cayes y Miragoâne.

Jean Ersnt Muscadin, fiscal de Miragoâne, declaró que Nippes, el departamento regional donde está, “es el cementerio de los bandidos”. Lleva a cabo públicamente ejecuciones sumarias de presuntos o sospechosos pandilleros que han sido arrestados, una práctica que tanto los activistas de los derechos humanos de Haití como la ONU han denunciado enérgicamente.

El informe de la ONU, que también documenta 298 secuestros en todo el país durante ese período, señala que la región occidental, que incluye el área metropolitana de Puerto Príncipe, concentra la mayor parte de los delitos relacionados con las pandillas, seguida del valle del Artibonito, justo al norte.

La violencia, que incluye pandillas que usan la violación como forma de aterrorizar a los habitantes, ha continuado a pesar de las operaciones policiales en curso, una tregua de pandillas en julio y la muerte de cientos de pandilleros.

Tras un descenso de los asesinatos y secuestros relacionados con las pandillas, que los grupos de derechos humanos atribuyeron a la brutal justicia de los Bwa Kalé, los haitianos están viendo una intensificación de los ataques.

La nueva ola de ataques en Carrefour Feuilles y Tabarre ha desplazado a miles de haitianos que ahora duermen en plazas públicas y en al menos 24 escuelas, según el Ministerio de Educación.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que hasta el mes pasado había casi 200,000 haitianos desplazados, entre ellos miles de niños.

“Esta violencia ocurre mientras Haití enfrenta necesidades humanitarias sin precedentes, con casi 5 millones de personas, la mitad de la población, que no puede encontrar lo suficiente para comer”, dijo la agencia de la ONU. “La prolongada sequía, y las inundaciones de junio, han limitado las cosechas de primavera, dando como resultado rendimientos por debajo del promedio de cinco años”.

La oficina señaló también que la actividad de las pandillas en la terminal petrolera de Varreux, que las pandillas tomaron durante seis semanas el año pasado, y en las principales carreteras cercanas al puerto está poniendo de nuevo en peligro la disponibilidad de combustible en el país.

“La asociación de comerciantes de productos petrolíferos ha alertado al Ministro de Economía, señalando que las elevadas tarifas que cobran las pandillas para entrar y salir de la terminal están dando lugar a unos costos de transporte prohibitivos que los distribuidores están teniendo que pasar a las gasolineras, a pesar de los precios fijados por el gobierno, a riesgo de que las cierren. La industria petrolera está perdiendo un promedio de dos camiones al día”.