Axel Kicillof incorporará durante su gestión 45.755 nuevos empleados públicos

Andrés Larroque y Axel Kicillof
Andrés Larroque y Axel Kicillof

La provincia de Buenos Aires, bastión electoral del kirchnerismo, se convirtió con la llegada del gobernador Axel Kicillof en una descomunal usina de empleo público. En efecto, cuando en diciembre del año próximo finalice su gestión, el mandatario bonaerense habrá incrementado el plantel en 45.755 personas, a razón de 31 empleados nuevos por día. Así, la dotación superará con creces el medio millón de empleados estatales. Una cifra que es mayor, incluso, a la de todo el Estado nacional.

Este crecimiento exponencial del empleo público bonaerense figura, en detalle, en el proyecto de ley de presupuesto que Kicillof envió a la Legislatura el 28 del mes pasado y que fue analizado en un informe por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Cuando asumió su mandato en diciembre de 2019, el gobernador recibió un plantel de 489.362 empleados que revistaban en la administración central, organismos descentralizados y en las instituciones de previsión social. Este año cerrará con 528.117 trabajadores y, contrario a lo que dispuso el gobierno nacional –que congeló su propia dotación-, Kicillof va por más y prevé sumar otros 7000 empleados públicos en 2023, un año electoral. Así figura en el artículo 11 de la iniciativa.

En resumidas cuentas, cuando Kicillof finalice su mandato en diciembre del año próximo dejará en herencia un plantel con 535.117 trabajadores permanentes y transitorios. Más de 45.000 empleados nuevos desde que asumió. Para dimensionar la magnitud de la cifra, ésta representa al menos tres dotaciones enteras de la Anses que, con sus casi 14.000 empleados, es uno de los organismos más grandes del Estado por su capilaridad territorial.

A la hora de comparar los datos bonaerenses con los nacionales en materia de empleo público la sorpresa es mayor. En efecto, con su medio millón de empleados Buenos Aires superará la dotación de todo el Estado nacional, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos descentralizados, los entes del sector público (PAMI y AFIP) y las empresas estatales. Todos ellos totalizan poco más de 428.000 empleados permanentes y transitorios según se desprende del último informe de ocupación publicado por el Ministerio de Economía en setiembre pasado.

Habrá que ver si la oposición bonaerense, a la hora de discutir el presupuesto 2023, le habilitará al gobernador Kicillof el nombramiento de 7000 nuevos empleados públicos durante el próximo año que prevé el artículo 11. Sería contradictorio con lo que sus colegas en el Congreso le reclamaron al ministro de Economía Sergio Massa durante el debate del presupuesto nacional: que el plantel estatal se mantuviese congelado el año próximo.

En el artículo 30, además, Kicillof propone que el año próximo se deje sin efecto el tope del 60% sobre los recursos financieros que hoy rige para los gastos de personal. Un combo ideal para cualquier gobernante con ánimos reeleccionistas: poder nombrar más empleados públicos y subir salarios sin límite en un año electoral.

El gasto político, en aumento

Está visto que el gobernador Kicillof goza de mayores licencias presupuestarias que el ministro Massa, quien está forzado a ajustar el gasto público de la administración nacional para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. En cambio Kicillof, que abjura de la sola palabra ajuste, no tiene intención alguna de moderar el gasto; todo lo contrario: el gobernador bonaerense, que aspira a su reelección, está decidido a abrir el grifo y mandó a la Legislatura un presupuesto con partidas que, en su mayoría, superan con creces la inflación promedio del 76% que fijó el presupuesto nacional.

El llamado “gasto de la política” no escapa a este ritmo creciente de dispendio. Cuando asumió su mandato, Kicillof provocó una verdadera explosión de puestos políticos en la estructura gubernamental: el gabinete cuenta ahora con 20 organismos con rango de ministerio y un esquema de 1700 cargos jerárquicos (subsecretarios y directores), más del doble del número que existió hace poco más de dos años.

En lo que respecta al área de la gobernación propiamente dicha, el aumento del gasto llega a porcentajes exorbitantes. La Jefatura de Asesores del Gobernador, un organismo que Kicillof creó para su amigo personal Carlos Bianco cuando por orden de Cristina Kirchner se vio obligado a reemplazarlo en el Ministerio de Jefatura de Gabinete por Martín Insaurralde, tendrá un aumento del 471% respecto de este año ($1702 millones). Esta dependencia cuenta con solo 102 empleados, según consta en el presupuesto 2023.

Para no herir susceptibilidades, la dependencia a cargo de Insaurralde, con una dotación de 1407 trabajadores, también recibirá un fuerte aumento en 2023: $30.088 millones, un 212% de aumento respecto de este año. El triple que la inflación pronosticada. En tanto la Unidad Gobernador, a cargo de Nicolás Beltrám, con 182 empleados, contará con una partida de $994,8, un 189% de suba.

No tendrán la misma suerte, en cambio, otras jurisdicciones sobre las que llamativamente habrá recorte de gasto en términos reales. Según se observa en el informe de ASAP, son los casos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que crece apenas 6,8% (nominal) respecto al 2022 y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que lo hace en 13,2% (nominal).

Más allá de estas podas puntuales, el de Kicillof es un presupuesto expansivo en su gasto público. Lo hace a costa de un mayor déficit: según la iniciativa, el año próximo se prevén ingresos totales por $6.6 billones y gastos totales por $6,9 billones. El rojo fiscal trepará a $249.100 millones, cifra que representa el 3,7% del total de los ingresos, consigna ASAP.

Si Kicillof puede dar rienda suelta al gasto es porque cuenta con la enorme espalda del Tesoro Nacional que nutre de transferencias las arcas provinciales. Además de lo que recibe por coparticipación, Buenos Aires recibirá el año próximo fondos por poco más de medio billón de pesos ($574.214 millones), de los cuales casi la mitad proviene del Fondo de Fortalecimiento Fiscal ($200.745 millones). El doble de lo que ha percibido este año.

El favoritismo es claro. En materia de planes sociales (una herramienta electoral clave para captar el voto en los sectores más vulnerables de la provincia), Buenos Aires acaparará el año próximo el 43,4% de esas partidas, convirtiéndose en la jurisdicción más beneficiada. Un privilegio que no gozan las restantes provincias, tal vez por no llevar el sello kirchnerista.