Avanza acusación contra el gobernador de Santiago por su gestión en las protestas

Agencia EFE

Santiago de Chile, 23 ene (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de Felipe Guevara, intendente (gobernador) de la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, por su gestión durante las protestas sociales, y quedó suspendido de sus funciones hasta que el Senado se pronuncie.

La acusación constitucional en contra del intendente se presentó e pasado el 2 de enero por diputados opositores, quienes lo acusaban de haber infringido el derecho de expresión y reunión contemplados en la Constitución.

Ello por haber determinado la ocupación policial de la céntrica Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones sociales que se dan en el país desde el 18 de octubre de 2018, para tratar de evitar que los ciudadanos se manifiesten y reúnan en ese lugar, especialmente los días 20 y 27 del pasado mes de diciembre.

Guevara llegó a la Intendencia el pasado 30 de octubre tras nombramiento de su antecesora, Karla Rubilar, como portavoz del Gobierno por parte del presidente del país, Sebastián Piñera.

En la sesión en la Cámara de Diputados de esta jornada, la diputada opositora Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), en representación de la comisión encargada de analizar la admisibilidad del libelo, recomendó su aprobación.

La diputada aseguró que el intendente vulneró la Constitución al promover la estrategia de copamiento y el principio de legalidad, al disponer de cerca de 1.000 efectivos de carabineros en un lugar, no cumpliendo el objetivo de orden público.

"Al contrario, se desprotegió a la población", aseguró Sepúlveda, agregando que su uso fue "ineficaz, ineficiente y desproporcionado".

La legisladora defendió la importancia del derecho a reunión como un "catalizador de las demandas sociales" y aseguró que el problema del copamiento preventivo "es que no distingue entre quienes son pacíficos de quienes no".

En sus palabras finales, criticó que en ninguna parte de la defensa de Guevara aparecieran las palabras "derechos humanos", "como si eso no existiera, como si no fuera gravitante".

Frente a esto, aseguró que "hay un deber ético" y que la Cámara "no puede ser cómplice en la vulneración de los DDHH", y en este caso se estaría "frente a una vulneración de DDHH innegable".

En representación de Guevara, el abogado Rodrigo Ávila solicitó el rechazo de la acusación defendiendo que el copamiento policial de un lugar es una táctica policial y que no hubo de parte del intendente un acto formal administrativo para instruirlo los días 20 y 27 de diciembre con el objeto de impedir el derecho de reunión, de expresión y el principio de legalidad.

Asimismo, mencionó el testimonio de los citados generales de Carabineros y dijo que el copamiento es un procedimiento establecido en los protocolos policiales que tiene como finalidad evitar que se desarrollen actos violentos que puedan afectar al resto de los manifestantes o a las personas o bienes que se encuentran en el lugar.

Conforme a las normas vigentes, el proceso ahora deberá pasar al Senado, en donde una comisión defenderá la acusación constitucional.

Los senadores decidirán si acusan a Guevara o no, quien hasta entonces queda suspendido en sus funciones, acto que cesará solo si el Senado desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.

Las protestas de Chile han dejado al menos 27 muertos y un total de 3.649 heridos, según el último reporte del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El estallido, que comenzó por el aumento del billete de metro y se convirtió luego en un clamor contra la desigualdad y el Gobierno, ha dejado además episodios de violencia extrema (barricadas, incendios y saqueos) y graves señalamientos contra los agentes por violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales como la ONU o Amnistía Internacional.

Los traumas oculares, presuntamente ocasionados por la acción de las fuerzas del orden al disparar balines de goma y latas de gases lacrimógenos, superan los 400 y se han convertido en uno de los grandes símbolos de denuncia contra la acción policial.

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