Aumenta discriminación contra mujeres en el país

Rubén Migueles

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL). - El porcentaje de mujeres adultas que manifiestan haber sido discriminadas en México pasó de 20.1% en 2017 a 24.5% en 2022, mientras que en el caso de los hombres el aumento fue menor, de 20.2% a 22.8%, mostró la Encuesta Nacional sobre Discriminación, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos generales, 21.8 millones de personas afirman haber sido víctimas de la discriminación, cifra que representa 23.7% de la población de 18 años y más, tasa superior a la de 20.2% reportada en 2017.

Sobre qué factores pudieron impulsar el incremento de la discriminación en el país durante los últimos cinco años, Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, aventuró que esto se podría deber a una mayor sensibilización y conocimiento de este fenómeno y sus características, así como al hecho de que en la actual encuesta se incluyeron algunos motivos más de discriminación, sin que esto pudiera afectar la comparabilidad con la encuesta anterior.

Por grupos de población seleccionados, los relacionados con la diversidad sexual y de género, 37.3% refirió haber vivido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses, y en el caso específico de la población femenina en este segmento la tasa asciende a 44.6%.

Por su parte, para la población de trabajadoras del hogar, el porcentaje fue de 34.6%.

"La discriminación busca colocarse como una relación social que señala y administra las diferencias humanas en lugar de reconocerlas y protegerlas, de ahí la importancia de contar con información sobre la discriminación, porque no sólo se le da visibilidad al tema, sino que abre la posibilidad de tomar acciones desde los ámbitos público, privado y social para romper los estereotipos y desafiar los prejuicios más arraigados", comentó Graciela Márquez, presidenta del Inegi en la presentación de los resultados de la encuesta.

En el caso de la población femenina, la cifra se vuelve más reveladora si se observa que del total de mujeres que sufrieron discriminación el año pasado, más de la tercera parte, 35.3%, reporta que fue tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer, destacó la funcionaria.

Márquez llamó la atención sobre el hecho de que el aumento de la discriminación no se concentró en un área específica del país. Los resultados señalan un incremento generalizado en todo el territorio nacional y, por ejemplo, en casi la totalidad de las entidades federativas se observa un alza en el número de personas que han padecido las consecuencias del lenguaje discriminatorio.

Por ubicación. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población adulta que manifestó haber sido víctima de discriminación en los últimos 12 meses fueron Yucatán, con 32.1%; Puebla, 30.6%; Querétaro, 30.5%; Ciudad de México, 29.6% y Jalisco, 27.1%.

En contraste, las entidades federativas con menor porcentaje de población que refirió haber sido víctima de discriminación fueron Sinaloa, con 13.8%; Sonora, 17.5%; Nayarit, 17.9%; Nuevo León, 18.4%, y Campeche, 18.5%.

"Todas y todos somos susceptibles de algún acto discriminatorio, pero en nuestro país hay grupos particularmente presionados y acechados por actitudes discriminatorias, personas afrodescendientes, con discapacidad o trabajadoras remuneradas del hogar, por mencionar los casos más notorios", destacó.

Por ejemplo, de la población de hombres con discapacidad, 34.4% refirió haber tenido alguna experiencia de discriminación.

Causas diversas. De la población adulta que manifestó haber sido discriminada, 30.6% lo atribuyó a su forma de vestir o arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse, perforaciones), seguida de su peso y altura, 27.5%; y por sus opiniones políticas, 24.6%.

De la población de 18 años y más, 20.5% dijo que se le negó injustificadamente algún derecho en los últimos cinco años. De este porcentaje, 21.3% fueron mujeres y 19.6%, hombres.

Del total de a quienes se les negó injustificadamente algún derecho, 46.1% refirió la negación a recibir apoyo de programas sociales, 38.5%, atención médica o medicamentos; 27.4%, servicio en alguna oficina de gobierno.