Atrapada entre el narco y la burocracia: la lucha de una maestra michoacana para huir del Cártel Jalisco

Sábado, 10 de agosto de 2019. Tres de la tarde en Uruapan, Michoacán. Una camioneta negra transitaba despacio por las calles de la colonia y se estacionó frente a la puerta de una pequeña panadería artesanal.

En la suburban viajaban cinco hombres. Dos bajaron.

Érick, panadero de 31 años, los observó entrar en su negocio. Llevaban pasamontañas cubriéndoles el rostro, chalecos antibalas, y fusiles de asalto.

“Tranquilo, son militares”, trató de convencerse, aunque pronto se dio cuenta de un detalle que le hizo tragar saliva: los soldados no llevan tenis.

-Somos los de las cuatro letras -se presentaron los sicarios-.

Algo más de un año y medio después, en una entrevista para este reportaje en la que narra con detalle la escena, a Érick aún le tiembla la voz al describir lo que sintió cuando escuchó lo de las ‘cuatro letras’: ante su mostrador tenía al Cártel Jalisco Nueva Generación (C.J.N.G.), el mismo que un par de días antes colgó a 19 personas en un puente del bulevar industrial.

-Dinos a quién le pagas piso -dice Érick que le ordenaron los pistoleros-.

Con la voz quebrada y la boca seca, el panadero balbuceó que no entendía. Que en los cinco años que llevaban en la ciudad él y su esposa Martha, una maestra de educación especial de 28 años, nunca habían tenido problemas con nadie.

-Mira güey, no te hagas pendejo -lo amenazaron-. ¿Le pagas a Los Viagra? ¿A Los Antrax? Mejor dinos. Ya ves que luego aparecen colgados en los puentes…

Érick insistió en que no le pagaba a nadie.

-Pues mira, a partir de ahora el pedo va a estar así: nos van a dar todas las semanas cinco mil pesos. Y si nos damos cuenta de que le das a alguien más se los va a cargar la chingada. ¿Te queda claro?

-Oigan, pero eso es mucho dinero -trató de protestar el panadero-. Somos un negocio muy chiquito. No tenemos…

-Eso es lo que nos vas a dar -lo cortó de tajo uno de los sicarios-. Sabemos que venden un chingo, no se hagan. ¿O quieres que sea más lana?

A continuación, los delincuentes le ordenaron que vaciara la caja. Agarraron el dinero y le informaron que pronto pasaría gente del cártel a marcar la fachada del negocio para que nadie más les exigiera la cuota. Luego, le pidieron el número de su celular y el de su esposa, y antes de salir le hicieron una pregunta insólita.

-¿Por cuánto nos saldría un pastel para 300 personas?

Estupefacto, Érick dijo que nada.

-No’mbre, cómo creen. Yo se los…

-No cabrón -volvió a interrumpirlo el sicario, ofendido-. Nosotros no venimos a pedirles nada regalado. Queremos que trabajen. Por eso vamos a protegerlos.

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La huída

Martha cuenta en entrevista que aquel día estaba escondida junto a sus dos hijos, un niño y una niña, al otro lado de la puerta que da acceso a la panadería. Cuando al fin los tipos se marcharon, salió y preguntó qué sucedía. Érick se lo explicó: el cártel les exigía cinco mil pesos todas las semanas para comprar armas y municiones con las que “limpiarían la ciudad de viagras y de antrax”; dos de las muchas bandas rivales del crimen organizado.

A Érick las amenazas lo dejaron con el cuerpo cortado. Pero tenía que cumplir con sus proveedores. Se subió a la motoneta y comenzó a repartir el pan. Pero ni a los diez minutos, Martha lo vio regresar con la cara igual de desencajada.

-No mames, me volvieron a llamar. Me están pidiendo más dinero. Ahora quieren 30 mil pesos, o si no se llevan a los niños hasta que les paguemos. ¡Tenemos que irnos de aquí ya! -gritó desesperado-.

Martha lo escuchaba, pero estaba en shock: aún no le caía el veinte de que su vida ya había cambiado para siempre.

-¿Irnos? ¿A dónde? -preguntó extrañada-. No podemos irnos. ¡Tengo la lavadora puesta! ¡Y tengo que dar clases el lunes!

Érick le mostró el celular, que tenía en silencio. En el altavoz, los sicarios lo amenazaban para que no cortara la llamada mientras iban de vuelta al domicilio.

-Órale, pues que vengan -gritó Martha-. Que vengan y que vean que no tenemos más. Que vean que no somos gente rica.

Érick trató de hacerla entrar en razón.

-Los narcos no son gente con la que puedes negociar, ni dialogar -le dijo-. Al menos salte de la casa con los niños, busca refugio con los vecinos.

Pero Martha se negó a dejarlo solo por temor a que se lo llevaran secuestrado.

-¡Entonces vámonos! -bramó de nuevo Érick-.

Entre tropiezos, el matrimonio corrió a la habitación de los niños, que lloraban: “¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¡Esto no son vacaciones!”, decían entre gritos al ver que sus padres metían sin mirar su ropa en una bolsa y no en las maletas de los viajes a la playa. Luego, cerraron la panadería y todos salieron de la casa sin pasaportes, credenciales, nada. Subieron al carro, una Crossfox del 2013, y huyeron con lo puesto.

En el teléfono, los sicarios seguían en altavoz. Le preguntaban a Érick desorientados por algún punto de referencia para encontrar de nuevo el domicilio. “Se ven muy torpes, no son de Uruapan”, pensó Martha, mientras su marido buscaba rutas alternas para no topárselos de frente.

-¿Ya nos tienes el dinero? -insistían-. ¿Cuánto nos vas a juntar?

Pero la Crossfox ya iba llegando al pueblo vecino, a Taretan. Sobreexcitado por la adrenalina, Érick pensó saltarse la barrera en la caseta de cobro, pero una patrulla de policía lo disuadió. Abonó el peaje y a los pocos kilómetros apagó el teléfono. Ya en Taretan el matrimonio respiró aliviado: ahí manda otro cártel rival. Los de Jalisco no se atreverían a seguirlos hasta territorio enemigo.

Al fin, llegaron en mitad de la noche a la casa de unos familiares a pedir refugio. Érick prendió el celular. Una llamada con número oculto entró de inmediato.

-¡No respondas! -le pidió Martha-.

Érick obedeció. Pero a los minutos le llegó un mensaje con la sentencia.

“Se pelaron hijos de su puta madre. Si vuelven a pisar Uruapan los matamos”.

Tierra Caliente: tierra de desplazados

Martha y Érick son ahora refugiados en su propio país. Son víctimas de un desplazamiento interno forzado; un fenómeno que en los últimos 13 años ha afectado a 364 mil 845 personas que también abandonaron sus hogares por la violencia en México, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Pablo Cabada, investigador de la CMDPDH, explica en entrevista que el caso de este matrimonio en Michoacán no es, ni mucho menos, aislado: hasta 12 mil 908 personas huyeron de la violencia entre 2016 y 2020, siendo esta entidad uno de los focos rojos de desplazamientos forzados en el país, junto a Guerrero.

Dentro de Michoacán, la región de Tierra Caliente es la zona más expulsora, “sobre todo Aguililla, Parácuaro, Buenavista y Tepalcatepec”, plantea Cabada. Precisamente, en Aguililla decenas de familias completas aprovecharon la reciente visita el pasado 23 de abril del nuncio del Vaticano, Franco Coppola, para salir huyendo del omnipresente cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mientras que Uruapan, en los límites de Tierra Caliente, si bien no está entre los focos rojos de éxodos masivos, como Aguililla, la zona se ha vuelto altamente inestables en los últimos años, especialmente desde que en 2019 el cártel de Jalisco entró a la ciudad e inició una fuerte disputa con otros grupos como La Familia y con células del cártel de Sinaloa, como Los Antrax.

Esta disputa ya se ha visto reflejada sobre el papel: en 2020, los homicidios en Uruapan aumentaron 255% en comparación con 2015. Y si la comparación es con 2019, el boom es todavía mayor: 313% al alza.

Estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cambio, no reflejan otro problema que raramente se denuncia por miedo: las extorsiones. En los últimos cinco años tan solo se han registrado 15 denuncias en Uruapan por este delito (en 2019, el año de entrada del cártel no se registró ni una). Sin embargo, Martha y Érick aseguran que es raro el empresario o comerciante, por pequeño que sea, al que no le hayan exigido la “cuota” a cambio de supuesta protección.

“Dentistas, médicos particulares, dueños de tortillerías, pollerías… Hasta al señor que vendía tamales en la esquina le piden la cuota”, dice Martha, que, a pesar de este contexto de violencia y de desplazamiento, y a pesar de la amenaza de muerte del cártel, tuvo que regresar a Uruapan.

Allí permaneció otro año, escondida en un cuarto, aterrada, y sin poder ejercer con seguridad la profesión que ama. Y todo, denuncia, porque la burocracia de autoridades y sindicatos no le permitieron cambiar su lugar de trabajo.

“No entienden que al narco no le importa la burocracia”

Después de permanecer un año dando clases en Uruapan, Martha cuenta que un día tomó la decisión de que aquello no era vida: “Me iba a trabajar y estaba todo el rato con el teléfono. Me marcaba mi esposo y me decía: ¿ya llegaste a la escuela? ¿Ya saliste? ¿Te persiguió alguien? Era una histeria constante. Escondida en un cuartito y viendo a qué horas se cobraban su venganza”.

Sentada junto a su pareja en el dormitorio de su nuevo hogar donde se desarrolla la entrevista para este reportaje vía Zoom, Martha explica que acudió ante las autoridades de la SEP en Michoacán para pedirles ayuda con el cambio de plaza al municipio donde acudió a refugiarse.

Pero asegura que el director de su escuela, primero, le negó el apoyo para solicitar el cambio argumentando que no tenía más personal cualificado en educación especial con el que sustituirla, mientras que la subdirección de Educación Especial del estado le pidió pruebas de su historia.

“Fui con la subdirectora y le conté que no me quería cambiar por gusto, sino porque mi vida y la de mi familia corre peligro en Uruapan. Pero su respuesta fue que no, porque muchos maestros le hacen así para cambiarse de lugar”.

Martha fue entonces el 28 de agosto con su padre a la Fiscalía del Estado, en Morelia, a levantar una denuncia por las amenazas del crimen organizado. Quería mostrarle a la SEP que su caso no era un cuento, ni un berrinche para cambiarse de lugar. Pero asegura que una vez allí le recomendaron que mejor no le moviera más al asunto. Que ya no regresara a Uruapan.

Atemorizada, la maestra decidió no denunciar. Pero sí hizo ante el Ministerio Público una relatoría de hechos en un documento oficial del que este medio guarda copia. También le pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de otro oficio, al que este medio también tuvo acceso. Incluso, fue a pedir ayuda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero ahí explica que también le cerraron las puertas.

“La Coordinadora me llegó a decir que me estaba brincando derechos de otros maestros y que, si me daban el cambio, ellos lo iban a impugnar”, dice enojada.

Finalmente, tras abandonar Uruapan, Martha encontró trabajo en otra escuela de una comunidad rural, a una hora de trayecto de su nueva ubicación. Ahí atiende a niños y niñas que viven en contextos de pobreza extrema; menores cuyas familias no tienen dinero para atender una dislexia, ni terapias del lenguaje, y donde la deserción escolar, especialmente en pandemia, “está dejando un terreno todavía más fértil para que los niños acaben en el narco”.

Pero, de nuevo, las puertas se le están cerrando. El pasado mes de abril, la Secretaría de Educación de Michoacán le hizo llegar un oficio, del que se guarda copia, en el que se expone que, tras realizarse una auditoría para detectar ‘aviadores’ en el estado, comprobaron que está laborando en un centro de trabajo distinto al que se le asignó y donde cobra (Uruapan). Por lo que se le insta a que presente la documentación que justifique ese cambio de lugar de trabajo.

“Me dicen que si no entrego la orden de adscripción a mi nuevo centro de trabajo me van a suspender el sueldo”, plantea Martha, que explica que esa orden de adscripción se la ha pedido en múltiples ocasiones a la Subdirección de Educación Especial, en Morelia. Pero hasta ahora, la respuesta “ha sido negativa tras negativa”, con el argumento de que la zona donde trabaja actualmente tiene una clave económica distinta y un sueldo superior al que percibía en Uruapan: de 5 mil pesos quincenales, ahora cobra 6 mil 500.

Martha dice que se ha desvelado noches enteras buscando en las leyes y en los manuales del USICAMM (Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros). Pero en ninguna parte, asegura, ha encontrado que no se pueda cambiar de lugar a un maestro porque sea una zona económica distinta.

“Les dije que renunciaba a la diferencia de salario para que me dejaran trabajar. Pero no entienden -dice ahora frustrada-. No entienden que los narcos no les importa la burocracia, ni el papeleo. Y que tienes que huir si no quieres que te quiten la vida. De hecho, a mí ya me la quitaron -lamenta-. Porque ahora ya no puedo caminar por la calle sin mirar en cada esquina si alguien me persigue”.

La respuesta de la Secretaría de Educación de Michoacán

Animal Político buscó a la Secretaría de Educación de Michoacán para plantearle este caso. En una entrevista, el secretario de educación estatal, Héctor Ayala, destacó en primer lugar que es obligación de la dependencia que dirige resguardar la integridad física de los trabajadores de la educación, y que, de hecho, en los dos últimos ciclos escolares ya reubicaron a 12 maestros y maestras “por causas de fuerza mayor”, entre estas amenazas del crimen organizado.

Cuestionado acerca de cuáles son los requisitos que debería cumplir la maestra para que le concedan el cambio de lugar de trabajo, el secretario señaló que el requisito principal es contar con una denuncia formal ante alguna Fiscalía.

“El único documento importante es que tenga una denuncia formal -recalcó-. Porque hay que decirlo también: muchas veces la gente se aprovecha. Es decir, los trabajadores argumentan alguna situación de carácter de seguridad para tratar de reubicarse en lugares donde radica su familia. Por eso se pide una denuncia. Y por eso también se les dan facilidades para que la presenten en fiscalías alejadas al lugar donde sucedió el problema. Una vez que tenga la denuncia, nosotros nos encargamos de darle la atención y el acompañamiento legal a la maestra. Ella no debe de estar en Uruapan, nos queda claro”.

-¿Y si no tiene una denuncia como tal, pero sí una constancia de hechos ante el Ministerio Público, como es el caso de esta maestra? -se le preguntó-.

-Con esa constancia de hechos sería suficiente para que nosotros resguardemos a la maestra. Ya con ese documento nos movemos para darle una ubicación en el lugar (donde está refugiada), y formalizarla en un grupo de trabajo -se comprometió el secretario, que también hizo hincapié en que “no hay ninguna manera en que le corten el salario a la maestra” por estar trabajando en un lugar distinto al que le fue asignado, aunque sí debe formalizarse esa situación.

En cuanto a la negativa que la maestra ha recibido de manera reiterada a cambiarle su plaza, porque el municipio al que huyó pertenece a una zona económica superior, el secretario dijo que, en efecto, eso es un “impedimento” debido a que cada trabajador tiene una clave presupuestal asignada.

“Pero en ningún caso un tema de carácter administrativo puede poner en peligro la vida de nadie. Nosotros, como autoridad educativa, debemos buscar las alternativas que se adecúen a las necesidades de esta maestra”, volvió a comprometerse el secretario Héctor Ayala.

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