Los ataques de Trump contra la capacitación en materia de diversidad obstaculizan las iniciativas de reconciliación racial

WASHINGTON — Para la industria de la consultoría de diversidad en Estados Unidos, este verano ha sido como ningún otro. En medio del ajuste de cuentas iniciado tras la muerte de George Floyd, una ola de ejecutivos de alto nivel comenzaron a analizar de manera crítica sus compañías, y consultores como Melanie Miller y Loretta VanPelt se vieron inundados de trabajo.

Después metió la mano el presidente Donald Trump.

Una orden ejecutiva, emitida en septiembre pasado mientras Trump aumentaba sus ataques contra los manifestantes del movimiento Black Lives Matter y la “corrección política”, prohibió que el gobierno federal, así como sus contratistas, subcontratistas y beneficiarios ofrecieran cierto tipo de capacitación de diversidad en materia de sesgos de género y raza, enseñanzas que la orden calificó como “divisivas” y pertenecientes a una “ideología maligna”.

Esas órdenes, basadas en las obsesiones actuales del presidente, han sido pilares de los años que Trump ha pasado al mando y a menudo no consiguen absolutamente nada. Como otros de sus enfoques, la fijación de Trump en la capacitación en materia de diversidad parece haber nacido de una entrevista que vio en Fox News, cuando Christopher Rufo, académico conservador del Discovery Institute, le habló a Tucker Carlson sobre el “culto de adoctrinamiento” de los programas de “teoría crítica de la raza” del gobierno.

No obstante, esta vez, los efectos han llegado a las corporaciones estadounidenses, la academia y el gobierno a una velocidad extraordinaria. Dos agencias gubernamentales cancelaron sus sesiones con Miller y VanPelt en cuestión de semanas y dos empresas pusieron en pausa sus capacitaciones. Dos más podrían seguir el ejemplo, según señalaron los consultores.

“Primero hubo progreso y movimiento, pero de pronto comenzamos a escuchar las palabras ‘propaganda’ y ‘divisivo’ que no describen en absoluto lo que en realidad se hace con estas capacitaciones”, comentó VanPelt, quien trabaja como capacitadora en Southfield, Michigan. “Si de verdad vamos a tener este diálogo, cambiar el transcurso de la historia, hacer que la gente reflexione acerca del racismo sistémico y tomar medidas es necesario hablar al respecto”.

La “Orden ejecutiva para combatir los estereotipos de género y raza” resulta política de manera transparente. Se trata del esfuerzo más reciente del presidente para obtener el apoyo de sus simpatizantes de mayoría blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Cuando le hicieron una pregunta al respecto durante el debate presidencial el mes pasado, Trump dijo que ese tipo de capacitaciones eran “racistas” y que le “enseñaban a la gente que nuestro país es un lugar horrible”.

De manera implícita y explícita, Trump ha hecho de la raza un centro focal de su campaña de reelección y ha advertido a los electores suburbanos sobre los peligros de las viviendas sociales y la propagación de la “anarquía” en las ciudades. Durante el debate, se rehusó a condenar la supremacía blanca y se dirigió a los Proud Boys, una organización vinculada con la supremacía blanca y los actos violentos, con la frase “retrocedan y prepárense”.

Más allá de la retórica, el presidente ha movilizado al gobierno federal para cumplir con sus iniciativas. Microsoft señaló este mes que el Departamento del Trabajo había iniciado una investigación acerca de su compromiso para duplicar la cantidad de empleados negros en puestos de liderazgo para 2025. El Departamento de Justicia demandó a la Universidad de Yale la semana pasada y acusó a la escuela de discriminar a los solicitantes blancos y asiático-estadounidenses en las admisiones. Después de que la Universidad de Princeton reconoció públicamente su historial de racismo sistémico, el gobierno de Trump abrió una investigación de derecho civil el mes pasado “basada en el racismo admitido” de la escuela.

La ofensiva en contra de la capacitación en materia de diversidad lleva más allá esos esfuerzos individuales. Russel Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, informó a los líderes del gobierno que llevarían a cabo cambios importantes en las sesiones de capacitación en materia de diversidad que eran “propaganda antiestadounidense”. Vought les pidió a las agencias que comiencen a identificar programas de capacitación acerca del privilegio blanco o la “teoría crítica racial”, la cual argumenta que el racismo es intrínseco en las instituciones estadounidenses, y cualquier capacitación que insinúe que Estados Unidos es inherentemente racista o malvado o que cualquier raza o etnia es inherentemente racista o malvada.

La orden ejecutiva de Trump citó un seminario del Departamento del Tesoro que promovía la idea de que “prácticamente todas las personas blancas, sin importar su nivel de concientización, contribuyen al racismo”. El seminario también les pidió a los líderes de pequeños grupos que animen a sus empleados a evitar la idea de que los estadounidenses no deben “fijarse en el color” ni “permitir que las habilidades y las personalidades de las personas sean lo que las distingue”.

Evelyn Carter, psicóloga social y consultora, dijo que no sabía de ninguna capacitación que enseñe que el carácter moral de los individuos se ve determinado por la raza o el género, un concepto prohibido en la orden ejecutiva. Sin embargo, agregó, la sociedad “tendrá una venda en los ojos respecto de asuntos relacionados con la raza y el racismo” si ni siquiera puede hablarse de la opresión sistémica.

La respuesta a la orden ejecutiva ha sido veloz. El Departamento de Justicia suspendió todas las capacitaciones en materia de diversidad e inclusión la semana pasada, y la agencia ha pospuesto de manera indefinida la capacitación de sesgo implícito para los fiscales federales que estaba programada para septiembre.

Por el temor de perder subsidios federales de investigación, la Universidad de Iowa puso en pausa programas en toda la universidad, incluyendo la capacitación para empleados universitarios en materia de estereotipos de raza o género y la práctica de chivos expiatorios. Mediante un comunicado, una portavoz señaló que el consejo general de la universidad sospechaba que la orden ejecutiva quizá aplicaba a todos los empleados, no solo a los que reciben dinero del gobierno federal.

La reacción se ha visto impulsada, en parte, por lo grave de las penalizaciones. La violación de la orden ejecutiva por parte de los contratistas conlleva el riesgo de descalificación o inclusión en una lista negra de contratos gubernamentales, lo cual arruinaría a algunas compañías.

El Departamento del Trabajo ya desplegó una línea telefónica para denunciar la falta de cumplimiento de la orden. La Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales del departamento también exigirá que los contratistas y subcontratistas federales envíen el contenido de los programas de capacitación en materia de diversidad e inclusión, así como su duración y gastos, para su revisión.

Los expertos en derecho dicen que jamás han visto ese tipo de exigencias. La definición de “conceptos divisivos” que propone la orden es excesivamente amplia y el significado de la “práctica de chivos expiatorios”, que se prohíbe en la orden, no tiene sentido, dijo Scott Hommer, copresidente del grupo de contratos del gobierno de la firma de abogados Venable. Agregó que los requisitos de la orden quizá se extiendan a otras partes de una compañía más allá de las divisiones que celebran contratos con el gobierno federal, o quizá no.

Rufo, quien dijo que proporcionó su investigación a la Casa Blanca para la orden ejecutiva, defendió el lenguaje y dijo que las empresas que ahora alteran su capacitación en materia de diversidad “admiten tácitamente la discriminación institucional y, por así decirlo, el racismo institucional”. Dijo que los programas eran un tipo de “acoso racial contra los empleados”.

“La orden ejecutiva es realmente el primer disparo en una larga guerra contra la teoría crítica de la raza”, dijo.

Esa guerra ya ha comenzado. Grupos de derechos civiles, incluyendo el Fondo de Defensa Legal y Educativo de la NAACP, están considerando el litigio, y los grupos de presión empresariales de Washington están contratacando. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, o PhRMA, el principal brazo de cabildeo de la industria farmacéutica, dijo que el ataque a la capacitación en materia de diversidad se produce al tiempo que el presidente depende de la industria farmacéutica para ofrecer terapias y vacunas durante una pandemia que ha afectado desproporcionadamente a las minorías.

“El tema de las desigualdades en materia de salud no es un problema nuevo”, dijo el director ejecutivo de PhRMA, Stephen Ubl. “Es un síntoma de hace mucho relacionado con el racismo sistémico experimentado por los estadounidenses negros y morenos a lo largo de la historia. Y es por eso que debemos hablar en contra de la orden ejecutiva del presidente, que restringe los programas de capacitación de diversidad en el trabajo y la libertad de expresión”.

Glenn Spencer, vicepresidente sénior de la división de políticas de empleo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, comparó la orden con los requisitos de la era de Obama para los contratistas federales.

“No nos gustaba el uso de ese tipo de órdenes ejecutivas en aquel entonces y no nos gustan más ahora”, dijo.

Las empresas más pequeñas no son capaces de montar una defensa. Christina Dawkins, consultora de justicia social en Nueva Jersey, dijo que había accedido a dirigir un taller en una universidad pública sobre movimientos sociales en torno al racismo después de las manifestaciones del verano. Pocos días antes del inicio de la primera sesión, un decano le informó que se había cancelado por ahora.

“Todo lo que hago es una violación de la orden ejecutiva”, dijo Dawkins. “Lo que vi fue una orden a favor de la historia revisionista”.

This article originally appeared in The New York Times.

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