La ASF denunció a Renato Sales por una presunta irregularidad en la que no tuvo injerencia; él acusa uso político del órgano

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Renato Sales
Renato Sales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso el 11 de mayo una denuncia por el presunto desvío de 807 millones de pesos en la compra de un software realizada por la extinta Policía Federal el sexenio pasado, en la que incluyó al actual fiscal de Campeche, Renato Sales, pese a que en la investigación de la auditoría realizada en 2019 y en los años posteriores el propio órgano fiscalizador no le había adjudicado alguna responsabilidad. 

La auditoría en la que se basa la denuncia no menciona ninguna injerencia de la Comisión Nacional de Seguridad —entonces dirigida por Sales—, sino que concentra el señalamiento sobre posibles irregularidades en las áreas de la Policía Federal que firmaron y pagaron el contrato. 

El documento oficial de la ASF que señala como presunto responsable a Sales fue exhibido por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter, en respuesta a los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que presuntamente se escucha al líder priista negociar montos millonarios para campañas electorales.

“Todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje, que nunca se entregó a la Policía Federal y que se ‘robó’ el hoy fiscal de Campeche. El proveedor es una empresa israelí, y un ‘pajarito’ acaba de contar que lo tiene el fiscal (antes Comisionado Federal de Seguridad). Ya está denunciado por la ASF ante la FGR, por ese ‘robo’ de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir”, tuiteó Moreno.

 

En el primer audio, publicado el 4 de mayo, supuestamente se oye a Moreno ordenar pagos millonarios al publicista Antonio Solá. En el segundo, difundido el 11 de mayo, supuestamente habla de la exigencia a proveedores para que hicieran aportaciones a campañas electorales. 

Justamente ese día, el 11 de mayo, la ASF interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Renato Sales. La denuncia está firmada por Heladio Ramírez, director jurídico de la ASF. 

Sales afirmó en entrevista que se trata de una utilización política de la ASF, puesto que el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría en la Cámara de Diputados, Pablo Angulo, es muy cercano al dirigente del PRI e incluso es secretario de técnico de su Comité Ejecutivo Nacional y ambos son originarios de Campeche. 

Angulo tiene una curul por la vía plurinominal, es decir, su posición fue decidida por el partido y no obtenida a través de voto directo. La lista de representación proporcional en la que fue incluido fue determinada por el propio Alejandro Moreno.

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De su lado, la ASF aseguró que en la denuncia penal “no se denuncian a personas, sino hechos”, aunque en el documento exhibido por Moreno aparece el nombre de Sales y fuentes de la fiscalía confirmaron a este medio que el funcionario de Campeche sí fue denunciado. 

Al preguntar a la ASF la razón por la que denunció a un funcionario que no estuvo mencionado en la auditoría del caso, el órgano respondió: “Ese análisis lo hace el área técnica para construir un dictamen técnico, lo cual es distinto a una auditoría. El dictamen técnico es la base de la denuncia. Mientras que el área jurídica solo se encarga del trámite de la denuncia”. 

Esta es la cuarta denuncia interpuesta por la ASF en lo que va del año, aunque aún no está registrada en su página de internet, como ocurre siempre después de que se realiza una. Las primeras denuncias de este año solo están relacionadas con La Estafa Maestra.

En contraste, como publicó Animal Político, pese a que ya se vencieron los plazos legales de revisión de otros casos de presuntos desvíos de recursos en el actual gobierno, la ASF no ha interpuesto ninguna denuncia. Además, el ritmo de denuncias de la ASF en la gestión del auditor superior, David Colmenares, es 70% menor que en la gestión previa, a cargo de Juan Manuel Portal. 

Gerardo Lozano, exauditor de la ASF, antes de renunciar informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que para noviembre de 2021 ya había dictámenes listos para realizar denuncias penales, pero la ASF las estaba frenando. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia —que, según la ley, es la responsable de pedir cuentas a la ASF— hizo caso omiso. 

La auditoría 

Este caso deriva de la auditoría número DN19006, sobre la “Adquisición de la ‘Plataforma del Sistema de Explotación de la Información’”, realizada entre 2015 y 2019, y en la que se advierte un probable daño al erario por 807 millones de pesos debido a que el supuesto software adquirido no fue localizado, es decir, se presume que no se concretó el servicio. 

En todo el proceso de fiscalización realizado en 2019, la ASF señaló como responsable a la Policía Federal, porque “no fue posible acreditar que toda la infraestructura pagada haya sido recibida por la Policía Federal debido a que se identificaron discrepancias en el inventario proporcionado por la entidad fiscalizada”. 

De hecho, a quien la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha responsabilizado del caso es a Frida Martínez, quien fue secretaria general de la Policía Federal y se encuentra prófuga de la justicia por el presunto desvío, según confirmó la SFP, en un citatorio publicado el 16 de agosto de 2021. 

Sin embargo, este 11 de mayo, la ASF incluyó en la denuncia a Sales, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, pese a que el contrato lo hizo la Policía Federal, que era un órgano administrativo desconcentrado, adscrito al comisionado nacional de Seguridad, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). 

De acuerdo con su manual de organización, el cargo de mayor jerarquía era el comisionado general, cargo ocupado por Enrique Galindo y Manelich Castillo durante el proceso de compra al proveedor Rafael Advanced Defense Systems, LTD.

Sales aseguró en entrevista que la Comisión Nacional de Seguridad era solo un ente “coordinador” de los órganos desconcentrados. “Reglamentariamente, no teníamos atribución de compras ni adquisiciones y no necesitaban mi autorización”, dijo. 

Según Sales, por eso es que se sorprendió con la denuncia, puesto que durante la investigación de la ASF en 2019 y en los dos años siguientes nunca tuvo ningún requerimiento, aviso o consulta por parte de los auditores, ni en los dos años siguientes. 

Incluso, en la auditoría sobre la adquisición del software, la ASF hace una línea de tiempo en la que destaca que el levantamiento de necesidades y el diseño de la plataforma comenzaron cuatro meses después de la firma del contrato y dos meses después del pago del anticipo. 

Además, del 4 al 12 de septiembre de 2016, tuvo lugar la revisión de avances del proyecto en la ciudad de Tel Aviv, Israel, en la cual se hizo la primera demostración del sistema Wisdom Stone, nueve meses después de la firma del contrato, a la que asistieron 12 servidores públicos de la Policía Federal, con los gastos de viáticos y pasajes pagados por el proveedor.

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