Asesinatos, desapariciones y desplazamiento: consecuencias del conflicto agrario en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca

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Mayolo Quiroz Barrios, de 56 años, madrugó el pasado 10 de octubre. La víspera había movido dos toros de su pequeño ranchito en Mier y Terán, una comunidad indígena mixteca del municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, y todavía tenía que mover otros dos. Salió de casa sobre las 5 de la mañana. Su familia no volvió a verlo.

“Regresamos en la tarde y vimos que el desayuno seguía en la mesa, que no lo había tocado. Pensamos que a lo mejor alguien le invitó. Llegó la noche y él no llegaba, tampoco en la madrugada ni en la mañana siguiente”, relata Edith, su hija.

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Quiroz Barrios es uno de los cinco desaparecidos en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, en Oaxaca. Desde el 23 de octubre se busca a Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, quienes están en paradero desconocido después de un ataque armado en el que fueron destruidas diversas viviendas.

Cinco días después desapareció la activista Irma Galindo Barrios. Había acudido a la Ciudad de México para solicitar medidas de protección pero nunca llegó a la reunión que tenía concertada con el Mecanismo de Protección. Además, unas 300 personas están desplazadas ya que sus viviendas fueron destruidas.

Ante esta ola de violencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de estas comunidades y de las cinco personas desaparecidas.

Relata Edith que existían rumores de que algo podía ocurrir. Que se había escuchado la amenaza de que podría haber violencia. La zona está sometida a un conflicto agrario entre las comunidades de la región mixteca. Por un lado, pobladores de Guerrero Grande y Mier y Terán. Por el otro, las autoridades de San Esteban Atatlahuca. La disputa es por tierras y recursos, pero también por la explotación natural. Hay vecinos que se oponen a la tala ilegal que se desarrolla en la zona. Pero Mayolo Quiroz no era un tipo activo en las protestas. Por eso su hija nunca pensó que desaparecería.

“Todos nos juntamos y nos pusimos a buscar en el lugar. Pero no hay rastro”, dice la mujer, que lamenta que, a día de hoy, no hay noticias de su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por su parte, informó de ha abierto cuatro carpetas de investigación por las desapariciones y aseguró que también investiga la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue hallado el 25 de octubre en el paraje Shinitoo, de la Agencia de Ndoyonoyuji.

Sin embargo, a día de hoy no hay ningún detenido por estos hechos. El único arrestado a quien la FGE vincula con la violencia en la zona es Juan Gabriel “N”, agente municipal de Guerrero Grande, e integrante del Frente de Resistencia Indígena Juxtlahuaca.

Las víctimas, por su parte, señalan al presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Heriberto Nicanor Alvarado. Animal Político trató de contactar con la municipalidad para conocer su versión, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Esta situación de violencia fue denunciada por Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas, quien llevó el caso ante la CIDH. La institución dio la razón a las comunidades indígenas y consideró que estas “se encuentran en una situación de riesgo” por las agresiones armadas registradas en octubre.

En este sentido, instó al gobierno mexicano a “proteger la vida y la integridad personal de las familias indígenas de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji”, así como “garantizar la seguridad”, con el objetivo de “prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones y agresiones en contra de sus pobladores”. Además, también instó a que se tomen medidas para que los desaparecidos sean encontrados con vida.

Por el momento, no hay avances en ningún sentido. Los desaparecidos siguen sin ser localizados y las autoridades no han encontrado a los responsables de los ataques contra las comunidades.

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