Armerías de EE.UU. son “cómplices de la delincuencia”, asegura demanda del Gobierno de México

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En el mes de agosto, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó ante una corte federal en EE.UU. a diversos fabricantes de armas de fuego en dicho país. La querella destacó que el país del norte abastece el mercado criminal mexicano e, inclusive, reclama una suma económica que podría ascender a los 10.000 millones de dólares.

La demanda civil reclamó a filiales de Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Incm, Sturm, Ruger & Company y otras empresas de “prácticas negligentes”que facilitan el tráfico ilegal de sus armas a territorio mexicano. Las empresas han pedido a la Corte estadounidense desechar la demanda, debido a que la Ley en EE.UU. avala esa inmunidad, inscrita en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege el derecho al pueblo de poseer y portar armas.

De acuerdo con la Asociación de Control de Armas, la demanda del Gobierno de México constituye una acción novedosa y forma parte de los esfuerzos en su combate al tráfico de armas y al desmantelamiento de los grupos de la delincuencia organizada; es por ello que, hace unos meses decidió condecorar a la actual administración.

En días recientes, el diario El Universal reveló que, un recurso legal interpuesto ante una corte de Massachusetts, acusa a las empresas fabricantes de armas de ser una cadena de tráfico ilícito de sus productos, ya que tienen la capacidad de rastrear los artefactos, y pese a ello, no cambian sus políticas de comercialización.

La demanda también sostiene que, al menos ocho firmas de armas han “facilitado” que los grupos de la delincuencia organizada en México usen empresas fachada, prestanombres y realicen operaciones trianguladas para simular compras lícitas de armas que llegan al país azteca.

El medio antes referido desveló el contenido de la demanda: “Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”.

Y añade: “Parte del deber que asumieron los demandados fue vender y distribuir cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo, a través de comerciantes y distribuidores intermedios, algunos de los cuales, los demandados saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”.

Y es que, según datos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) de México, cada año ingresan al país más de 200.000 armas de fuego de todo tipo. Esto significa 567 al día, cerca de 22 cada hora. La Sedena reveló que el 70 por ciento de este armamento proviene de EE.UU. y se trafica en la frontera norte.

Cifras de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) también revelaron que, en el año 2019, cerca del 70 por ciento de los asesinatos que ocurrieron en el país fueron cometidos con armas de fuego. Y de estos artefactos mortales, al momento de su investigación, se descubrió que la mayoría era de origen estadounidense.

La demanda del Gobierno de México asegura que las compañías producen cerca del 68 por ciento de las armas, lo que podría significar la venta anual de más de 340.000 unidades que van desde las plantas de armas en Massachusetts a la frontera sur entre EE.UU. y México.

Algunos especialistas creen que muchas de las armas compradas por la delincuencia organizada son ocupadas por los cárteles de la droga que mantienen una disputa por el control de ciertos estados de la República Mexicana, tales como Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León e, inclusive, Sinaloa, Durango y la Ciudad de México.

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