Argentina tensa su vínculo con Bolivia por los nuevos controles migratorios

Redacción Colaboradores
Inmigrantes bolivianos residentes en Argentina se manifiestan frente al Congreso de la Nación | AFP

Daniela M. – Buenos Aires, Argentina

La colectividad boliviana en Argentina es la segunda más grande de residentes extranjeros en este país. Tan sólo superada por la paraguaya, los oriundos de Bolivia que viven en tierras australes son alrededor de 350.000, lo que representa un 19% de del total de la población de extranjeros.

Para los bolivianos, mudarse a Argentina representa la promesa de hallar una oportunidad laboral si no tienen empleo en su tierra natal, y/o la de acceder a universidades y hospitales públicos, entre otros beneficios. Y para los argentinos, este movimiento migratorio significa una importante fuerza de trabajo disponible, principalmente para labores duras y mal pagadas, como el trabajo en obras de construcción, cosechas, fábricas, etc.

El vínculo entre ambos países, sin embargo, podría comenzar a quebrarse a partir de los nuevos controles impulsados por la gestión del presidente argentino, Mauricio Macri.

Bolivia respondió con preocupación. El país vecino del norte argentino entendió que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente argentino, Mauricio Macri, para endurecer los controles migratorios, fue un llamado de atención para quienes residen como extranjeros en ese país.

La medida tomada a fines de enero preocupó, principalmente, al presidente de Bolivia, Evo Morales. Y esta preocupación expresa un problema que podría profundizarse si los controles se extralimitan a sus funciones.




Por esta razón, representantes de los gobiernos de Bolivia y Argentina se pusieron como meta verificar que no se cometan excesos en la frontera al aplicar las normas migratorias aprobadas por el Ejecutivo argentino.

“Se ha decidido instalar o hacer funcionar dos puntos focales, dos personas que del lado argentino y del lado boliviano van a verificar que no haya excesos“, dijo la semana pasada el presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales. “Cualquier exceso que se cometa inmediatamente va a ser transmitido a las autoridades e inmediatamente se van a tomar acciones“, advirtió.

Por estas razones, se decidió formar una mesa de trabajo de “carácter técnico-jurídico”. ¿Por qué tantos reparos por parte de Bolivia con las nuevas medidas?

Declaraciones de Patricia Bullrich, la punta del iceberg

El problema principal de la medida tiene que ver con un sustrato discriminatorio presente en la sociedad argentina. Las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, no hicieron sino evidenciar la forma de pensar de una gran parte de los argentinos respecto de los inmigrantes.

“Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, había dicho Bullrich. Vinculó, de esta manera, el aumento del narcotráfico en Argentina con la inmigración los países limítrofes.

Fue esto lo que causó un gran malestar en el gobierno de Evo Morales. El presidente del Senado de Bolivia calificó luego la visita de “oportuna y positiva” porque se pudieron “aclarar estos temas”, aseguró, colocando un manto de paz al tema. “No hay ningún motivo por el cual alguna autoridad argentina podría volver a salir a los medios con un discurso de características xenófobas o discriminatorias”, dijo después. Es decir, dejó ver que el Gobierno boliviano vio directamente a las declaraciones de Bullrich como discriminación.

La delegación boliviana que viajó la semana pasada a Argentina le pidió formalmente a Patricia Bullrich que las modificaciones recientemente implementadas por su cartera en la ley de migraciones “no lesionen, resientan o cercenen algún derecho”.

El rechazo de una norma que poco tiene de constitucional

Lo cierto es que especialistas regionales coincidieron en señalar preocupación por estas declaraciones. Marlene Pérez, miembro de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina -que nuclea a 35 organizaciones de la comunidad migrante en el país-, la reforma que se aplica desde el 31 de enero “tira por la borda la presunción de inocencia de los extranjeros porque el que delinque, antes de ser juzgado, tiene tres días para abandonar el país“.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, esta inmigrante boliviana afincada en Buenos Aires desde 1986, piensa que el cambio en la ley vía decreto presume que el detenido es culpable porque el presidente Mauricio Macri “lo decide” y no porque haya sido juzgado antes de ser deportado. Y apuntó otra cuestión: “La firma del decreto no se justifica porque, con base en cifras y estudios no citados, sólo el 6 % de los presos que ocupan las cárceles del país es inmigrante. No es que desbordó y que hay un 25, 30, 50, 70 por ciento de extranjeros entre rejas“, aseguró.

El problema central de la norma es su bajo (o nulo) consenso constitucional: al haber sido aprobado vía decreto, la nueva legislación no pasó por el proceso institucional establecido, sobre todo para un tema tan sensible como algo que está en el preámbulo de la constitución argentina (la apertura a los inmigrantes). Pérez reconoció que aunque la reforma “no recoge ningún muro similar al planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, es un documento ‘totalmente inconstitucional’ por no haber pasado por el Congreso”.

A todo esto se suma un problema: la droga no entra a la Argentina ni a ningún país por los mecanismos habituales. “El narcotráfico es palabra mayor y el mismo Gobierno sabe por donde transita. No es un migrante, no es un boliviano, no es un peruano (…) no pongamos esta mochila a la inmigración“, opinó Pérez.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina es, a pesar de los nuevos controles, optimista. Aseguraron que las puertas de Argentina “están abiertas para todos los hombres del mundo de buena voluntad” y aclararon que la ley marca “una diferencia entre delincuentes y personas que vienen a sumar el esfuerzo cotidiano a los argentinos”.

Entre las causas que impiden el ingreso de extranjeros se encuentran tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. También haber incurrido “en actos de Gobierno o de otro tipo”, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad y en cualquier acción susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

La relación de Argentina con Bolivia, así, no pasa por su mejor momento. Sobre todo si se tiene en cuenta que los 12 años precedentes, bajo el mandato de Cristina Kirchner, Evo Morales tuvo a una aliada en la región que le abrió la puerta más de una vez. Ahora, esa puerta podría cerrarse.