Argentina: polémico fallo Corte Suprema a favor de represor

Por DÉBORA REY

BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema de Justicia argentina benefició el miércoles a un represor condenado por delitos de lesa humanidad con una reducción de su pena, en un controvertido fallo que podría anticipar un cambio de paradigma en las causas judiciales contra ex miembros de las Fuerzas Armadas.

En una resolución dividida, el máximo tribunal consideró aplicable el beneficio de una ley que computaba doble los días en prisión sin condena firme para Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante un operativo militar en 1976.

La norma en cuestión, ya derogada, no había sido aplicada a condenados por delitos de lesa humanidad sino solo a presos comunes.

Si bien el fallo corresponde a un caso en particular servirá de precedente para otros condenados por su accionar durante el régimen de 1976 a 1983.

“Este fallo es abominable”, consideró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “¿Qué clase de delitos de lesa humanidad se constituyen en un genocidio de terrorismo de Estado cuando los equiparan con cualquier preso común? Estamos en un país de trastornados... es una estafa a la moral social”.

Hebe de Bonafini, la líder de las Madres de Plaza de Mayo, el otro organismo emblemático por su lucha contra los dictadores, apuntó que “esto no es nada más ni nada menos que un indulto encubierto”.

La denominada ley “dos por uno” estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando el Congreso la derogó. Durante ese período, los acusados por delitos de lesa humanidad se encontraban en libertad, favorecidos por leyes de amnistía e indultos.

Para tres de los cinco miembros del máximo tribunal debe aplicarse a favor del caso Muiña el principio de ley penal más benigna y que la aplicación de la mencionada norma “resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna”. Los jueces se basaron en un artículo del código penal según el cual ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva salvo que sea más benigna.

Muiña fue condenado por participar en un operativo militar en un hospital de la provincia de Buenos Aires ocurrido en marzo de 1976, en el cual se secuestraron a cinco empleados de ese nosocomio y luego trasladados a un centro clandestino de detención, donde fueron torturados.

La última dictadura militar se cobró la vida de más de 6.000 personas, según cifras oficiales. Para los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos los desaparecidos fueron 30.000.

La resolución judicial implica que Muiña contabiliza a su favor como cumplidos ocho de los 13 años de condena.

“Este fallo determinó que los delitos comunes son iguales a los delitos de lesa humanidad”, opinó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con The Associated Press . “Es una nueva mirada de la Corte Suprema jurídica e ideológica sobre el juzgamiento y cumplimiento de delitos de lesa humanidad. Para mí en el fondo es una mirada más complaciente”.

Los dos jueces que votaron en disidencia consideraron que “una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria” para los delitos de lesa humanidad y recordaron la postura asumida por el propio tribunal en línea con ese principio.

En 2005 el máximo tribunal declaró inconstitucionales los indultos que impedían el juzgamiento de los represores. A partir de ese momento se reabrieron e iniciaron cientos de causas por secuestros, detenciones ilegales, torturas, asesinatos y robo de niños cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y paramilitares.

Hasta marzo de este año había 755 condenados, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para Carlotto, el fallo de la Corte va en sintonía con lo que a su entender marca un cambio de postura del gobierno de Mauricio Macri hacia lo ocurrido durante la dictadura respecto a su antecesora Cristina Fernández (2007-2015), quien hizo de la revisión del pasado una bandera de su gestión.

Macri "trajo como norma el que se olvide, el desprestigio, porque han querido minimizar la cantidad de desaparecidos... nos quieren borrar de la historia", dijo la líder de las Abuelas, que buscan a sus nietos robados durante la dictadura.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expresó por su parte que “respeta” lo dictado por la Corte Suprema. “Sostuve siempre que los derechos humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que tenemos es para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo", afirmó.

El fallo de la Corte se produce a los pocos días que la Iglesia Católica anunciara que recibirá en simultáneo a familiares de desaparecidos y de represores en pos de la reconciliación entre los argentinos, una propuesta que fue rechazada por los organismos de derechos humanos.

“Convocamos a todo el pueblo a defender los derechos humanos. Lo que no se juzga y reprime se repite", advirtió Carlotto.