Argentina: "Ni Una Menos" se moviliza en séptimo aniversario

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BUENOS AIRES (AP) — Tras un paréntesis por la pandemia de COVID-19, el colectivo “Ni Una Menos" toma de nuevo las calles de Buenos Aires en el séptimo aniversario de su creación para reclamar al Estado que haga efectivas las políticas de erradicación y castigo de la violencia machista.

Las integrantes del colectivo feminista convocaron a manifestarse en la capital y otras ciudades de Argentina bajo el lema ”¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable" en este nuevo aniversario de una lucha que nació para visibilizar la violencia de género.

El disparador de la fundación del movimiento fue el brutal asesinato en 2015 de Chiara Páez, de 14 años, en manos de su novio y ahora es uno de los más activos de América Latina.

Desde la primera movilización hace siete años se han producido unos 2.000 femicidios en Argentina, según organizaciones civiles que consideran que pese a que el Estado señala una leve caída de la cifra de víctimas en 2021 respecto a 2020, todavía falta mucho por hacer para frenar la violencia de género.

Además de insistir en políticas más efectivas para impedir y castigar los femicidios, las manifestantes exigen más recursos para avanzar en “la autonomía y el desarrollo económico de mujeres, lesbianas, travestis y trans”, en lugar de que Argentina pague las deudas que mantiene con organismos de crédito.

Varios actos de protesta se sucedieron antes de la celebración de una marcha encabezada por agrupaciones feministas que se dirigirá a la Plaza de Mayo de Buenos Aires en horas de la tarde y luego a las inmediaciones del Congreso. En 2021 no hubo movilización y en el anterior -en plena pandemia- solo pequeños grupos se movilizaron.

En horas de la mañana, activistas instalaron decenas de zapatos y zapatillas en una vereda para instar a los peatones a ponerse en el lugar de las víctimas. En otro acto de protesta, familiares de personas asesinadas realizaron un memorial con sus imágenes.

El Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, que dirige la organización La Casa del Encuentro --uno de los más reconocidos a nivel nacional-- señaló que en los cinco primeros meses del año, 130 mujeres, mujeres trans y travestis fueron asesinadas, lo que supone que cada 27 horas hay una víctima de violencia de género en el país.

Según informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia con datos anuales, en 2021 hubo 251 víctimas por violencia de género, lo que da un promedio de un femicidio cada 35 horas, respecto a las 287 registradas en 2020.

El presidente Alberto Fernández, en el poder desde fines de 2019, dijo luego de reunirse con familiares de víctimas que el gobierno “ha avanzado mucho en materia de género”. El mandatario señaló que el mayor problema es cultural e instó a "trabajar muy juntos con las fuerzas de seguridad, la justicia y los sectores que tienen las herramientas para que estas cosas no sigan pasando y para que ninguna de estas muertes haya sido en vano”.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, indicó que una de las mayores demandas que hay es que el Estado provea de más abogados a las personas maltratadas y a los familiares de víctimas. Admitió que muchos asesinatos siguen impunes. "Los propios familiares tienen que lidiar con la muerte de una hija y luego contra el poder y, en particular, del Poder Judicial”, indicó la funcionaria.

Las feministas sostienen que quedan muchas asignaturas pendientes. Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro -organización dedicada a denunciar los actos de violencia- dijo que hay “avances lentos, parcialmente ejecutados, sin una verdadera federalización unificada y efectiva”. Señaló que el gobierno debe garantizar mayor asistencia para las personas maltratadas y el poder judicial asegurar el acceso rápido y gratuito a las medidas de protección.

Otras activistas denunciaron que faltan más políticas oficiales para asesorar y acompañar a los sobrevivientes y en ese sentido exigen la expansión de un programa que otorga ayuda económica a quienes sufren situaciones violentas, el cual representa gran parte del presupuesto del Ministerio de Mujeres.

Los grupos feministas también sostienen que el poder judicial es lento a la hora de investigar y castigar la violencia machista.

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