Argentina tiene "deuda pendiente" ante muertes ilícitas, según relator de ONU

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- En Argentina persisten "bolsones de prácticas de violencia institucional" y el Estado tiene una "deuda pendiente" ante las muertes ilícitas producto de ellas, según señaló este viernes a EFE el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

"Los casos son puntuales. No son parte de un patrón generalizado ni mucho menos, sino que representan lo que llamo bolsones de prácticas de violencia institucional", sostuvo Tidball-Binz.

En una entrevista con EFE al concluir diez días de visita a Argentina, el relator especial señaló que estas prácticas "en algunos casos tienen reminiscencias a prácticas del pasado en cuanto al modus operandi de detención arbitraria, de torturas a veces seguida de muerte o de ejecuciones de personas que luego son presentadas como situaciones de intercambio de disparos o accidentes".

"Hay un deuda pendiente. Se ha hecho y se sigue haciendo muchísimo en Argentina con respecto a verdad, justicia y reparación con el pasado, pero hay algunos fenómenos, como los que esta visita ha ayudado a visibilizar, que creo que es necesario y urgente que el Estado atienda con medidas muy concretas para impedir y prevenir su repetición", indicó.

La visita de Tidball-Binz, un médico forense nacido en Chile pero criado en Argentina, es la primera al país suramericano desde la creación en 1982 del mandato de esta relatoría especial.

Tidball-Binz destacó la "acogida" y la "apertura" de las autoridades argentinas para el desarrollo de su visita, que incluyó reuniones con representantes gubernamentales, judiciales, parlamentarios, académicos y familiares de víctimas, entre otros.

Ha hecho foco en los casos de muerte por violencia institucional, incluyendo decesos en cárceles o comisarías, casos de "gatillo fácil" y feminicidios cometidos por agentes de seguridad haciendo uso de armas reglamentarias.

RECOMENDACIONES

A Tidball-Binz le queda por delante la elaboración de un informe final de su visita que presentará en junio de 2023, pero de modo preliminar recomienda crear un Consejo Nacional de Medicina Forense para fortalecer a los servicios de medicina legal de las provincias mediante la coordinación y cooperación entre estas instituciones para mejorar la capacidad de investigar y promover las buenas prácticas.

"En muchos de estos casos la investigación está amañada porque en los primeros pasos, incluyendo los de la escena del delito, hasta la autopsia, no se siguen los protocolos básicos y mínimos de actuación", señaló el relator, que ha trabajado para el Comité Internacional de la Cruz Roja como primer director de la Unidad y Servicios Forenses.

Además de la creación de un órgano a imitación del Consejo de Medicina Legal creado en España en 2014, Tidball-Binz ha recomendado que el Parlamento argentino avance en el tratamiento de un proyecto de ley integral contra la violencia institucional.

DESIGUALDADES INACEPTABLES

Durante su visita a Argentina, Tidball-Binz se reunió con un gran número de familiares de víctimas de violencia institucional, incluyendo muertes en custodia y por violencia de género.

Pudo constatar que estas familias enfrentan grandes escollos, incluyendo discriminación para lograr verdad y justicia, así como trabas en las investigaciones, hostigamientos y amenazas de parte de los propios acusados, quienes con frecuencia se benefician de impunidad.

"Las víctimas son en su gran mayoría personas de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la población, al punto tal que en la mayoría de estos casos las denuncias no prosperan", apuntó Tidball-Binz, que también es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense, organización pionera en la aplicación de métodos científicos para investigar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El relator especial urgió a las autoridades para que se investigue y sancione debidamente a los responsables de toda muerte ilícita y se garantice la asistencia jurídica adecuada y la protección a las víctimas.

Tidball-Binz observó que, en muchos casos, los victimarios cuentan con una asistencia legal "desmedida" aportada por la institución a la que pertenecen.

"Las familias expresan que no hay igualdad ante la ley porque ellas no pueden pagar un abogado y en la práctica no acceden a una asistencia letrada gratuita, mientras que los perpetradores tienen un grupo de los mejores asistentes letrados. Hay una desigualdad allí que tampoco es aceptable", aseveró.

Natalia Kidd

(c) Agencia EFE