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Argentina: critican proyecto que regula protestas

BUENOS AIRES (AP) — Políticos, activistas sociales y organismos civiles cuestionaron el jueves un proyecto de ley oficialista que regula las convocatorias a protestas callejeras que, de prosperar, modificaría la actitud permisiva del gobierno frente a las manifestaciones callejeras.

Varios diputados del oficialismo presentaron en la víspera la iniciativa que fue diseñada a instancias de la presidenta Cristina Fernández. El texto exige condiciones de legitimidad para la protesta y obliga a notificar las manifestaciones ante la policía con una antelación no menor a las 48 horas, además de informar lugar, duración y objeto de la misma.

El organismo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales afirmó que el proyecto es "un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años". La iniciativa "intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones", sostuvo.

Gastón Chillier, director ejecutivo del organismo, dijo además a The Associated Press que dar aviso de las protestas es "de difícil implementación" porque muchas veces esas manifestaciones implican cortes de calles que no se pueden prever. También cuestionó que haya que notificar a la policía, dado que las fuerzas de seguridad "han participado en la represión ilegal" en casos que todavía investiga la justicia.

El dirigente también cuestionó que se exija la identificación de un organizador de la protesta al sostener que "a veces no hay un solo líder o vocero".

Los cortes de calles y otros lugares públicos son frecuentes en el país para exigir reclamos de diversa índole o manifestar el rechazo contra medidas gubernamentales. Fernández ha sido permisiva con este tipo de protestas, que se han incrementado en los últimos tiempos al calor la pérdida del poder adquisitivo por la creciente inflación. Ello le valió las críticas de los opositores y de sectores de la opinión pública.

Luis D'Elía, líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, señaló a medios de prensa que el proyecto "suena feo y contradictorio". El dirigente es un activista cercano al gobierno.

El diputado conservador Federico Pinedo en coincidencia con otros políticos dijo ser partidario de "pensar un poco más (el proyecto)", y definir mejor qué es legítimo y qué es ilegítimo.

En tanto opositores izquierdistas señalaron que el proyecto atenta contra el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha.

El diputado del peronismo oficialista Carlos Kunkel, autor del proyecto, apuntó que "parece razonable buscar algún mecanismo que establezca cómo se puede uno manifestar, y ver qué hacemos con la cláusula del código penal que nadie aplica, la de que hay que meter presa a la gente que impida la circulación"

El proyecto que será discutido en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con suficientes aliados para aprobarlo, estipula que la manifestación será "legítima" cuando no impida el normal funcionamiento de servicios públicos, ni la circulación total de persona y vehículos, entre otros. Si la protesta no cumpliera con estos requisitos, entonces será considerada "ilegítima" y podrá ser impedida.