ARA San Juan: el Consejo de Guerra sancionó con 45 días de “arresto riguroso” al exjefe de la Armada Marcelo Srur

Mariano De Vedia
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Con la lectura del veredicto del Consejo General de Guerra, quedaron determinadas las responsabilidades militares en la tragedia del ARA San Juan, que en noviembre de 2017 provocó la muerte de sus 44 tripulantes. El entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Srur, fue sancionado con 45 días de “arresto riguroso”, y el capitán de navío Claudio Villamide fue destituido.

También se ordenó una sanción de 60 días de “arresto riguroso” para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo. Se aplicaron además arrestos rigurosos de 30 días al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Los otros cuatro militares sometidos a este proceso no fueron finalmente sancionados.

La decisión se conoció hoy al mediodía en el edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, luego de cuatro meses de audiencias realizadas con carácter confidencial, por los datos sensibles de estrategias militares que podrían filtrarse, como la misión del submarino. Integraron el tribunal el viceministro de Defensa, Sergio Rossi (hermano del ministro Agustín Rossi), el jefe del EMC, general de división Juan Martín Paleo, y el subjefe, brigadier Pedro Girardi.

En el momento de la tragedia, Villamide era comandante de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata, y López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y su puesto de comando estaba en la Base Naval de Puerto Belgrano.

Las sanciones disciplinarias impuestas pasan a ser ejecutivas a partir de las 8 de mañana. La destitución implica la baja del militar en actividad sancionado.

Fuentes cercanas a los marinos destituidos señalaron su disconformidad con el proceso y advirtieron que el Consejo de Guerra solo puede intervenir como tribunal de alzada, lo que no ocurrió en este caso, ya que no hubo una instancia previa, argumentaron.

Muchos de ellos –incluidos López Mazzeo y Villamide- enfrentan como procesados la causa penal que se tramita en Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yañez.

A diferencia del proceso judicial, los familiares no participaron en las audiencias del Consejo de Guerra, ni fueron citados como testigos, si bien algunos de ellos se encontraban a bordo del barco que localizó, un año después del siniestro, el lugar donde se hundió el submarino.

La ley 26.394 que rige el funcionamiento del Consejo de Guerra contempla penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.