Aplazan audiencia de ministros por derrame de petróleo en Ecuador

Quito, 18 May (Notimex).- La Alianza por los Derechos Humanos informó que la audiencia del juicio promovido por las comunidades afectadas tras el derrame de 15 mil barriles de petróleo sobre la amazonia ecuatoriana, ocurrido el pasado 7 de abril, fue aplazado hasta el próximo 25 de mayo.

La organización precisó que el diferimiento fue solicitado por el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, quien alegó “imposibilidad de acceder al expediente” en la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Lamentamos que por encima de la vida, la salud y la integridad de miles de personas primen acciones que buscan dilatar o retrasar de manera injustificada la protección y garantía de derechos”, manifestó.

Asimismo, recordó al Consejo de la Judicatura que, al ser un proceso a realizarse por vía digital, es su responsabilidad digitalizar los expedientes íntegros para facilitar su acceso y al Ministerio de Energía que las actividades del sector público no han sido suspendidas.

“Es más, como expresamente el gobierno autorizó el mantenimiento de las actividades extractivas, las funciones de control deberían estar en especial alerta y activadas”, remató y aseguró que se trata de una falta al principio de buena fe que las instituciones demandadas no hayan hecho uso oportuno de sus competencias, medios y recursos para acceder a los documentos del proceso.

La Alianza también remarcó que la audiencia ya había sido diferida del 12 al 18 de mayo, por lo que advirtió que de continuar esta conducta, se estaría desnaturalizando a la acción de protección como recurso ágil, sencillo y efectivo.

“Reiteramos al Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana que se está dilatando un proceso que debe desarrollarse con celeridad, tanto por su naturaleza, como por la gravedad de las violaciones a derechos humanos que se siguen dando por el derrame”, sentenció la organización que dio a conocer las afectaciones a 105 comunidades que dependen de los ríos Coca y Napo como fuente de alimento y agua.

La organización evidenció que “paradójicamente”, las actividades petroleras han sido consideradas “estratégicas” por el gobierno ecuatoriano, mientras las más de 27 mil víctimas del derrame ocasionado por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), siguen enfrentado enfrentando afectaciones en la piel y obstáculos para acceder a los mínimos recursos de supervivencia, en un contexto de crisis sanitaria por COVID-19.

Además, alertaron sobre la posibilidad de nuevos derrames por derrumbes en el área de San Rafael, una “amenaza directa, grave e inminente”, cuyos daños pueden ser irreversibles.

“Por todo esto, urgimos al Juez de la presente causa a pronunciarse sobre las Medidas Cautelares que solicitamos con la pretensión de la demanda desde el pasado 29 de abril”, sentenciaron.

Dada la trascendencia del caso y las sospechosas dilaciones causadas por las autoridades, las organizaciones que componen la Alianza exigieron que la audiencia del próximo 25 de mayo, decretado como feriado a nivel nacional, sea transmitida para garantizar su efectiva publicidad.

Las entidades del Estado demandadas son el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría del Estado, el representante del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Andrés Mendizábal, y el gerente de la empresa de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador), Pablo Flores.

-Fin de nota-

 

NTX/ILI/ACP