Aplaza Congreso de Aguascalientes fechas para presentar declaraciones patrimoniales

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A través de un acuerdo emitido por la Contraloría Interna del Congreso de Aguascalientes, se informó la ampliación del plazo para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los integrantes del Poder Legislativo y del Órgano Superior de Fiscalización (OSF).

Originalmente, la fecha límite para que los legisladores y el personal que labora en el Congreso Estatal cumplieran con dicha obligación era el 31 de mayo, sin embargo, se informó que el plazo fue ampliado al 30 de junio, debido a las condiciones sanitarias de la pandemia del Covid-19.

El documento, firmado por el contralor del Congreso Gerson Alejandro López Ruíz Esparza y publicado en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado de este lunes 31 de mayo, señala que la determinación se acató tras el acuerdo que emitió la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal el pasado 28 de mayo, en el que se amplía al 31 de julio el plazo para que los servidores públicos de la administración federal puedan presentar sus declaraciones.

Para el personal operativo, de base y sindicalizado, la fecha límite será el 30 de septiembre.

La rendición de las declaraciones se solía llevar a cabo de forma física antes de la pandemia del Covid-19, pero ante las nuevas condiciones sanitarias, las contralorías de las autoridades gubernamentales y de los organismos autónomos han tenido que implementar diversos mecanismos para evitar poner en riesgo a los servidores públicos que deben cumplir con dicha obligación.

En el artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece la opción para que las declaraciones patrimoniales puedan ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose métodos de identificación.

Por lo anterior, la Contraloría del Estado emitió un acuerdo en el que se considerarán las dificultades que pudieran presentarse de forma técnica durante el proceso de rendición de cuentas, tales como problemas de logística e infraestructura tecnológica, como internet o sistemas informáticos adecuados para presentar los formatos de las declaraciones.

De igual manera, se deberá tomar en cuenta la inclusión del dialecto en aquellas regiones del país donde el idioma sea diferente al español, así como al personal que impartirá la capacitación para que se pueda tener acceso en las áreas más lejanas del Estado para llevar a cabo dichas capacitaciones.

Cabe destacar que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una obligación de los servidores públicos, pero a partir de septiembre se podrán presentar versiones para consulta pública a través de la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción, con lo que la ciudadanía podrá verificar la información de los sujetos obligados.