Apartaron a un camarista, exabogado de Cristina Kirchner, en una causa contra Macri por defender el lawfare

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El camarista y exabogado de Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Boico, junto a la vicepresidenta.
El camarista y exabogado de Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Boico, junto a la vicepresidenta.

El camarista Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner, fue apartado por la Cámara de Casación Penal de la causa en que el empresario Cristóbal López denunció que el expresidente Maurcio Macri y funcionarios de Cambiemos lo extorsionaron para que apoye sus políticas. Los camaristas entendieron que Boico prejuzgó cuando dijo que Macri montó el lawfare para perseguir a Cristina Kirchner y a funcionarios del kirchnerismo.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, tras un pedido de recusación del camarista que había planteado Mauricio Macri.

Los jueces revocaron la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que había mantenido a Boico en el caso y tomaron la medida a pesar de la oposición del fiscal de Casación, Javier de Luca. Entendieron que de las declaraciones de Boico, antes de asumir como camarista, “permiten cuanto menos fundar un temor objetivo de parcialidad que amerita su apartamiento, pues colisionan con los principios básicos de imparcialidad del juzgador”.

Dijeron que Boico ya asumió una posición frente al caso y eso puede menoscabar las garantías de Macri. Máxime, cuando no está controvertido que Boico, antes de ser camarista, “ejerció la defensa en otros procesos de la hoy vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y del senador Oscar Parrilli”.

“Más allá de que podría conjeturarse que sus exrepresentados pudieran tener algún interés político en el resultado del pleito, tal extremo no alcanza, a nuestro modo de ver, para erigirse como un elemento fundamental a la hora de evaluar su imparcialidad pues, en definitiva, ni la doctora Cristina Fernández ni Oscar Parrilli resultan parte en este proceso”, aunque destacaron que Boico antes de ser juez “tuvo expresiones públicas y concretas que daban cuenta de que, según su modo de ver, durante el gobierno de Mauricio Macri, habría existido una suerte de estructura conformada por distintos funcionarios de ese entonces que se habrían dedicado a la persecución de opositores a esa administración”.

Y, precisamente, eso es parte de lo que se investiga en este caso, dijeron los jueces, que describieron que se trata de dilucidar si existió una persecución montada contra López por parte de Macri y otros integrantes de su gobierno.

Los dichos de Boico

En particular, los jueces destacaron las citas que hizo el abogado de Macri, Pablo Lanusse, de las expresiones de Boico en las que se refirió a “persecuciones judiciales y lawfare durante la administración” de Cambiemos., que es una “hipótesis que constituye parte de la acusación que hoy le toca juzgar como juez de Cámara”.

“Estamos evaluando hacer presentaciones internacionales (…) porque advertimos una deliberada y evidente persecución judicial ”; “no recuerdo en democracia un momento de tanta locura judicial, con persecuciones, pedidos delirantes y filtraciones a los medios de comunicación que ventilan lo que es inventilable”; “estamos en un territorio sumamente hostil y con una persecución política clarísima”, son algunas de las expresiones de Boico.

El camarista también dijo: “Nosotros cuando asumimos esta defensa y en algunas otras donde había personas políticas involucradas en supuestos casos de corrupción habíamos denunciado, ya a principios de 2016, que se estaba configurando una situación que hoy se conoce como lawfare”.

En ese mismo reportaje Boico aludió a un “esquema totalmente aceitado y perverso de manipulación de la opinión pública y de las causas judiciales” , haciendo referencia a toda la estructura judicial y a la necesidad de encontrar herramientas para remediarla. Y ante la pregunta de si esto último era factible durante el gobierno de ese entonces, sostuvo: “No, este Gobierno es parte”.

También en esa entrevista, cuando le preguntaron sobre el exministro de Justicia Germán Garavano, uno de los investigados en esta causa, dijo: “Es insostenible que una persona que ha sido denunciada de semejante tropelía y semejante barbaridad institucional permanezca en el cargo, pero convengamos que no es Garavano solamente. Garavano sería la mano ejecutora de una planificación que viene del único que está por encima de Garavano. Pero, ¿cómo se mantiene esto? Bueno, se mantiene con toda esta estructura enquistada, que está atravesada y penetrada por la política, por los servicios de inteligencia ”.

“Temor de parcialidad”

“Las referidas transcripciones, entonces, se muestran como elementos objetivos que permiten sostener justificadamente la existencia de un temor serio y fundado de parcialidad, pues sin poner en tela de juicio –claro está– la honorabilidad y demás cualidades personales del magistrado, sus expresiones previas a su designación no dejan lugar a dudas de que tiene posición tomada sobre tópicos hoy sometidos a su conocimiento y que esa postura no sólo abarca la materia del pleito, sino que también versa sobre la intervención de uno de los acusados”, escribieron los jueces de la Casación.

La imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o interés frente al caso que debe decidirse, dijo la Corte, lo que en este caso se ve puesto en jaque, destacó el tribunal. “ El Dr. Boico consideraba que la administración de Mauricio Macri –conjuntamente con ciertos sectores del Poder Judicial– había montado una estructura de persecución política y judicial o lawfare contra opositores de ese gobierno; y este extremo, efectivamente, constituye una de las hipótesis que plantean los acusadores en este legajo”, manifestaron.

”En este caso [existen] circunstancias especiales que justifican un temor fundado de parcialidad”, insistieron, por lo que apartaron al juez del caso y mandaron sortear a otro magistrado.

Boico fue designado como juez federal y juró en marzo del año pasado tras un acuerdo político entre el kirchnerismo y la oposición en el Consejo de la Magistratura.

La causa y el fallo contra Rodríguez Simón

En esta causa, Macri y funcionarios de su gobierno y asesores, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, son investigados porque supuestamente presionaron a Cristóbal López -empresario que durante el kirchnerismo expandió geométricamente sus negocios en el juego, los medios y el petróleo- en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos so pena de ocasionarle perjuicios económicos, según denunció López.

En tanto, hoy se supo que la Justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político de Rodríguez Simón, quien está prófugo con un pedio de captura en esta causa de la jueza María Servini.

La jueza uruguaya Adriana Chamsarian rechazó al pedido de asilo, siguiendo los fundamentos de un dictamen de la Comisión de Refugiados (CORE) que había recomendado desestimar la presentación. El fallo es de diciembre pasado y se conoció hoy, cuando lo difundió la agencia oficial Télam.

La CORE dictaminó el año pasado que no existía ningún elemento que demostrara arbitrariedad y, por lo tanto, justificara esa condición. La jueza Chamsarian resolvió que el trámite queda en suspenso “hasta la resolución firme sobre la calidad de refugiado invocada”. El fallo fue apelado por los abogados de Rodríguez Simón en Uruguay.

Rodríguez Simón aparece involucrado en la causa en la que, según describió Servini, “se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.

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