Yahoo Noticias AP Explica: ¿Por qué Morales afronta protestas en Bolivia?
LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia vive las mayores protestas de las últimas décadas tras las polémicas elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Evo Morales se declaró ganador para un cuarto mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude. ¿Cómo llegó Bolivia a este punto de inflexión?
¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA REELECCIÓN EN BOLIVIA?
Tres años después de asumir el poder en 2006, Evo Morales llamó a una constituyente para reformar la Carta Magna y la reelección presidencial fue uno de los temas más debatidos. El nuevo texto entró en vigor en 2009 y dice que el presidente “puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”.
El primer presidente indígena de Bolivia llamó a elecciones anticipadas con el argumento de que el país se estaba refundando con una nueva Constitución y no hizo valer los tres años que llevaba en gobierno (2006-2009). El Tribunal Constitucional avaló la postura oficialista y no computó ese primer mandato.
Mientras la oposición estaba débil y fragmentada, Morales alcanzaba el pico de su popularidad. Ganó la elección para el periodo 2010-2014 y lo hizo valer como su primer mandato. En 2014 fue reelegido para un segundo mandato, el último según la Constitución que él mismo aprobó.
¿POR QUÉ EL REFERENDO DE 2016 FUE CLAVE PARA EL ENOJO POPULAR DE HOY?
Como la Constitución le impedía buscar un tercer mandato en 2019, Morales llamó a un referendo en 2016. Con éste pretendía obtener respaldo popular para modificar una vez más la Carta Magna y habilitarse, pero perdió por un estrecho margen.
Ignorando la opinión de los bolivianos, optó por desconocer el resultado argumentando que “ganó la mentira”. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), apeló al Tribunal Constitucional --dominado por jueces afines al gobierno-- y dijo que era un derecho humano ser reelegido al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Ese tribunal volvió a darle la razón.
Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) --integrado por jueces electos en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo--, validó la postulación del mandatario a pesar de los múltiples rechazos de la sociedad.
El desconocimiento del voto popular fortaleció a la oposición y movilizó a las llamadas plataformas ciudadanas, que emprendieron protestas en contra de la “ilegal” postulación de Morales.
¿CON QUÉ APOYO POPULAR LLEGÓ MORALES A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES?
Tras casi 14 años en el poder, Morales llegó debilitado a los comicios más cerrados de su carrera. La mayoría de las encuestas decían que ganaría en primera vuelta con un margen de entre 32% y 38% de los votos y que una segunda vuelta le sería adversa ante la posibilidad de que se uniera el voto opositor. Los analistas decían que a Morales le convenía ganar en primera vuelta y evitar el ballotage.
La oposición acusó al TSE de ponerse al servicio del candidato oficial. Varios magistrados renunciaron por divergencias internas y buena parte del equipo informático fue desmantelado por renuncias.
¿POR QUÉ EL CONTEO DE VOTOS DESATÓ POLÉMICA?
El 20 de octubre, día de los comicios, el país seguía expectante el conteo rápido y preliminar que daba a Morales un 45% de los votos frente el 38% de su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, de la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC). Por entonces se tenía el 83% de las actas computadas y esos resultados proyectaban una segunda vuelta.
Para ganar en primera se precisa obtener el 50% de los votos o alcanzar el 40% con una ventaja de diez puntos sobre el competir más cercano.
Sin embargo, la transmisión de conteos se suspendió abruptamente y 24 horas después se reanudó. Para ese momento, la proyección perfilaba a Morales como ganador en primera vuelta y se encendió la alarma en la sociedad.
La variación en la proyección del voto llevó al jefe de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Manuel Gonzales, a declarar que “estamos ante un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”.
La Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia respaldaron a la OEA.
La oposición denunció fraude. Esas sospechas se vieron alimentadas por denuncias de ciudadanos que encontraron maletines de votos en casas particulares.
¿CÓMO ARRANCARON LAS PROTESTAS?
Aquellas sospechas encendieron las manifestaciones con asaltos y quemas a sedes del tribunal electoral y huelgas con cortes de ruta que mantienen paralizado a gran parte del país.
Choques violentos entre oficialistas y opositores derivaron hasta ahora, en la muerte de tres opositores y más de un centenar de heridos.
En paralelo, como un gesto que legitimaría la ventaja que ha defendido tener, Morales aceptó que la OEA haga una auditoria electoral que estaría concluida la próxima semana. A pesar de ello, las protestas no se calman. En paralelo, el mandatario convocó a sus bases a defender su voto y acusó a los opositores de tramar un golpe para derrocarlo.
La violencia viene de los dos bandos y ninguno está dispuesto a ceder. El gobierno ha dicho que acatará el veredicto de la OEA; los opositores desconfían porque sospechan que avalará el triunfo de Morales y han pedido nuevas elecciones.
Morales tiene en su haber el mandato más largo de la historia de su país, pero ahora tiene un frente complicado: la oposición política y la confrontación civil liderada por Luis Fernando Camacho, presidente del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, bastión opositor quien ha pedido la renuncia del mandatario y una comunidad internacional vigilante.
“Ninguna de las dos posiciones se impondrá a la otra, no al menos sin elevados costos; la salida sólo saldrá de una concertación entre las partes”, dice el analista y exdiputado Carlos Borth.
La sospecha de otra burla del voto encendió la protesta a pesar de su buena gestión económica de Morales. No obstante, también debilitaron al mandatario los escándalos de corrupción y acusaciones de abuso de poder que según los opositores se traduce en un control de los otros poderes: la justicia, el tribunal electoral y hasta los sindicatos más influyentes.
