La anulación de ‘Roe v Wade’ dificulta el aborto para las jóvenes migrantes bajo custodia de EE.UU.

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A los defensores de los inmigrantes les preocupa que la oleada de nuevas restricciones al aborto tras la anulación de Roe vs. Wade limite el acceso a la atención reproductiva de las migrantes menores de edad no acompañadas que están bajo la custodia del departamento de inmigración estadounidense.

En la actualidad, las menores de 18 años que cruzan la frontera y son retenidas en instalaciones gestionadas por la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados) pueden solicitar atención médica para un aborto, pero a menudo son detenidas en estados como Texas y Arizona, que tienen restricciones extremas para el aborto. En consecuencia, las jóvenes deben pasar por el proceso de ser trasladadas a otro estado para acceder a los procedimientos.

“Es una capa más de lo endeble que es el acceso al aborto para una población muy vulnerable”, dijo a BuzzFeedNews Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU. “No tengo ninguna duda de que si un presidente antiabortista es elegido en 2024, eliminará las protecciones para el acceso al aborto que existen actualmente para las menores bajo custodia de la ORR”.

En octubre, la ORR publicó una guía en la que instaba al personal de la agencia a intentar “en la mayor medida posible” colocar a las jóvenes migrantes embarazadas en instalaciones fuera de Texas. El estado, con sus 1.254 millas (2.000 kilómetros) de frontera entre EE.UU. y México, alberga a la mayoría de los menores no acompañados en EE.UU. detenidos por la ORR.

Los activistas de la inmigración están instando a la ORR y a su agencia matriz, el HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE.UU., a adoptar una política nacional en torno al acceso al aborto para las menores embarazadas no acompañadas, tras la decisión de la Corte Suprema de junio de poner fin al derecho constitucional a la atención al aborto.

The Independent se ha puesto en contacto con el HSS en busca de comentarios.

Aunque los datos sobre la frecuencia de los abortos en los centros de detención de la ORR siguen siendo incompletos, los datos sugieren que la atención al aborto es una necesidad para numerosas jóvenes migrantes, que a veces huyen de o sufren abusos durante su viaje a Estados Unidos.

Entre el 30 de marzo de 2018 y mediados de 2019, por ejemplo, más de 50 migrantes solicitaron abortos mientras estaban bajo custodia del gobierno, según los documentos presentados en una demanda de la ACLU contra la administración de Trump.

El grupo de derechos civiles demandó a los funcionarios de inmigración en nombre de una migrante centroamericana referida como Jane Doe, a quien, cuando tenía 17 años, se le impidió el acceso a la atención del aborto y se le obligó a ir a un “centro de crisis de embarazo” afiliado a la religión para coaccionarla a llevar el bebé a término en contra de su voluntad, incluso después de haber obtenido una orden judicial que le permitía tomar decisiones médicas sin sus padres.

El caso dio lugar a que la ORR anunciara en 2020 que ni ellos ni sus refugios asociados pueden impedir o interferir en el acceso de las menores inmigrantes no acompañadas a la atención médica reproductiva, incluidos los abortos.

La detención de inmigrantes, donde a menudo los inmigrantes carecen de los conocimientos más rudimentarios de inglés y están bajo el completo poder de los funcionarios estadounidenses, puede ser a menudo un lugar peligroso para las libertades reproductivas.

En diciembre de 2020, más de 40 mujeres denunciaron que habían sido obligadas a someterse a procedimientos de salud reproductiva no deseados, incluidas esterilizaciones, sin información completa ni consentimiento mientras estaban detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.