Amnistía Internacional denuncia gran desprotección a la vivienda social en España

MADRID (Reuters) - Cientos de miles de personas aún están en peligro de perder sus casas en España si el gobierno no adopta una mejor política de vivienda social, denunció el martes Amnistía Internacional en su último informe sobre desahucios. El estudio "Derechos desalojados" considera insuficiente las medidas que hasta ahora se han adoptado y denuncia que sólo se hayan beneficiado 31.500 familias del conjunto de 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008. "Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", dijo en una nota de prensa el director de Amnistía Internacional España Esteban Beltrán. Según la organización, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción en más del 50 por ciento del gasto en vivienda social entre 2008 y 2015. "El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones", dijo Beltrán. Amnistía Internacional destacó que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea (1,1 por ciento), sólo superado por Grecia y muy lejos de los niveles de Holanda (32 por ciento). La organización también denuncia el poco uso que se realiza desde el Gobierno del parque de viviendas vacías en España, que alcanza los tres millones de casas en todo el país y representa el 30 por ciento del total de la Unión Europea. Por ello, el organismo pide la paralización de los desalojos hipotecarios, en concreto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de que los jueces analicen cada caso de desalojo en virtud de su proporcionalidad. Varias de las plataformas ciudadanas que han llegado al poder municipal tras las elecciones del pasado mayo, como Ahora Madrid o Barcelona en Comú, han introducido entre sus prioridades acabar con los desahucios a través de un acuerdo con los bancos y promover la vivienda social.