AMLO y la prisión preventiva oficiosa que golpea y deja en la cárcel a los más pobres

·4  min de lectura
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, incrementó el número de delitos con los que se puede imponer la prisión preventiva | FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, incrementó el número de delitos con los que se puede imponer la prisión preventiva | FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad y la debe dictar un juez.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar, informó que el pleno de ministros se pronunciará acerca de la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y buscará reglamentar la prisión preventiva justificada. Los delitos por los cuales son aplicadas estas medidas cautelares están previstos en el artículo 19 de la Constitución.

Con el argumento de combatir la impunidad y frenar la violencia, en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Legislativo una iniciativa de reformas al artículo 19 de la Constitución, que fue aprobado. Propuso el encarcelamiento ‘preventivo’ automático para más de veinte delitos, más del doble de los previstos con anterioridad.

El ministro Arturo Saldivar informó que miles de mexicanos han estado presos por muchos años debido a la prisión preventiva. Explicó que, desde su punto de vista, la prisión preventiva oficiosa “es inconvencional” porque va en contra de otros artículos de la Constitución. El caso, dijo, podría llevar a declarar que la prisión preventiva viola tratados internacionales y no se debe seguir aplicando.

El ministro Luis María Aguilar Morales propuso que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa, con lo que quedarían en libertad más de 92 mil personas. En su proyecto de dictamen señala que “la prisión preventiva en México es un disfraz, pues es más una sanción anticipada que priva de sus derechos a los acusados. Además, viola la Constitución y tratados internacionales en materia de garantías fundamentales. Incluso, su práctica afecta más a las personas en situación de pobreza que no pueden acceder a una adecuada defensa por falta de recursos.

Ante la determinación de la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, casi en tono de denuncia, comentó: “el proyecto promovido ante la SCJN creará impunidad. Hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte; una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quienes ellos decidan”.

Posteriormente, mediante un comunicado de prensa, López Obrador dijo a los ministros que la existencia de la prisión preventiva es útil para asegurar que los criminales no evadan la justicia. Señaló que su objetivo es evitar que la justicia sea burlada y que los imputados atenten contra víctimas y testigos, así como que reincidan en la comisión de delitos.

Pidió a la SCJN que al resolver sobre el tema “considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental “.

Observamos dos posiciones encontradas. La SCJN que desea resolver un problema y el presidente que desea mantener vigente su reforma de 2019.

Los números no mienten. Las reformas de López Obrador de 2019 aumentaron los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en consecuencia, al corte del primer semestre de 2022, la población penitenciaria creció en más de 28 mil internos.

El incremento no para. El primer semestre de 2022 cerró con casi 227 mil personas privadas de su libertad en el país. De las 226 mil 916 personas en prisión, 92 mil 595 —poco más del 40%— se encuentran en prisión preventiva, sin sentencia. Significa que al menos cuatro de cada 10 personas en un penal siguen siendo legalmente inocentes, pues no se les ha probado en un juicio lo contrario.

El problema que desea resolver la Suprema Corte no es menor. Pudiendo ser válidas las razones de López Obrador para que se mantenga su propuesta, no considera que muchos es la cárcel son pobres e inocentes y que, por causa de un sistema judicial saturado, se mantienen en prisión por años, sin juicio ni sentencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

La sorpresa que solo Thalía podía tener por su cumpleaños; es algo hermoso