Ex alto funcionario boliviano enfrenta juicio por soborno por un acuerdo con empresa del sur de la Florida

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AIZAR RALDES/AFP via Getty Images

Cuando el líder boliviano Evo Morales se vio obligado a renunciar en medio de la agitación política por su controversial reelección hace dos años, un gobierno rival desplegó a la policía con gases lacrimógenos para atacar a las multitudes de manifestantes que apoyaban al ex presidente socialista.

El agente químico fue comprado a precios muy inflados a una empresa de armas tácticas en el sur de la Florida por los funcionarios bolivianos conservadores que asumieron el poder, según los registros judiciales y los cargos penales presentados en el sur de la Florida.

Los sobornos sellaron el trato, según las autoridades federales de Miami.

En el centro del presunto plan de corrupción en el extranjero estaba Arturo Carlos Murillo Prijic, ex ministro de gobierno boliviano. Fue arrestado a principios de este año en una casa en Doral y acusado en diciembre de cargos de confabulación y lavado de dinero que lo acusan de aceptar más de $500,000 en sobornos del proveedor de gas lacrimógeno del sur de la Florida entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo, de 57 años y quien está detenido desde su arresto, tiene un juicio programado para el 18 de enero en el tribunal federal de Miami. Es el único de los cinco acusados en el caso que ha optado por ir a un juicio con jurado.

Los otros cuatro acusados nombrados como coconfabulados ya se declararon culpables en 2021: Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51 años, ex jefe de gabinete; Bryan Berkman, de 36 años, director general de Bravo Tactical Solutions en Tamarac; su padre, Luis Berkman, de 58 años, de Georgia; y Philip Lichtenfeld, de 48 años, ciudadano estadounidense. Está previsto que todos sean sentenciados ante el juez de distrito Paul Huck el mismo día en que Murillo vaya a juicio.

Bryan Berkman, su padre, Luis Berkman, y Litchtenfeld están acusados de pagar más de $1 millón en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener un contrato por los gases lacrimógenos con valor de $5.7 millones con el gobierno conservador de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez. Los Berkman y Lichtenfeld lavaron el dinero de los pagos a los ex funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en la Florida y Bolivia, según las denuncias de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) presentadas por el fiscal Eli Rubin.

La abogada defensora de Murillo, Ana Davide, dijo que el enjuiciamiento federal de su cliente es el resultado de un juego de poder político en Bolivia por parte del nuevo gobierno socialista que reemplazó a la administración de Áñez, y que duró solo un año después de la salida de Morales.

“Nuestra posición es que la persecución del señor Murillo está impulsada por la actual administración boliviana, que está tratando de silenciar a sus críticos”, dijo Davide al Miami Herald el martes. “El gobierno boliviano ha encarcelado a todos los miembros del gobierno de Murillo, incluyendo a la ex presidenta, Jeanine Áñez, por sus opiniones antisocialistas”.

Los cuatro admitieron su culpabilidad

En el tribunal federal de Miami los cuatro acusados firmaron declaraciones de hechos como parte de sus acuerdos de culpabilidad, admitiendo el siguiente plan:

Entre marzo y abril del año pasado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Lichtenfeld, Murillo y Méndez hicieron arreglos para que el Banco Central de Bolivia transfiriera unos $5.7 millones a Bravo Tactical Solutions. A su vez, la empresa del sur de la Florida transfirió unos $3.3 millones de esos ingresos a una cuenta bancaria en Brasil para pagar al fabricante real del gas lacrimógeno en virtud del contrato de defensa de Bravo con el gobierno boliviano.

La enorme diferencia —unos $2.4 millones— correspondía al contrato de defensa inflado de Bravo, que cubría tanto los beneficios como los sobornos, según los fiscales.

Ambos Berkman organizaron entonces la transferencia de $700,000 a través de una cuenta bancaria en Miami como sobornos a Murillo y Méndez, y otros $500,000 como honorarios a Lichtenfeld por ayudar a obtener el contrato de gases lacrimógenos de Bravo con el gobierno boliviano, según los acuerdos de declaración de culpabilidad de los acusados. Lichtenfeld era un viejo amigo de Méndez, ex jefe de gabinete del ministro.

Se pagaron otros $40,000 en sobornos a otros dos funcionarios bolivianos no identificados, según los fiscales.

Los acusados “realizaron intencionadamente transacciones complicadas para dificultar el rastreo del origen de este dinero en efectivo”, según las declaraciones presentadas con sus acuerdos de culpabilidad.

Los abogados de los cuatro acusados, Michael Nadler, Joseph DeMaria, Frank Schwartz y David Magilligan, declinaron hacer comentarios antes de la sentencia de sus clientes.

No solo enfrentan varios años de prisión, sino que los fiscales planean recuperar millones de dólares en ganancias ilícitas a través de juicios de confiscación y luego entregar el dinero al gobierno de Estados Unidos.

Bolivia también demanda

Sin embargo, lo que hace que este caso de corrupción en el extranjero sea diferente a otros es que el actual gobierno del presidente boliviano Luis Arce, afiliado al partido socialista de Morales, está tratando de recuperar los mismos millones a través de acciones legales. El gobierno de Arce ha demandado a los mismos acusados en el caso penal federal, pero en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, alegando incumplimiento de deberes fiduciarios y conspiración civil.

“Bolivia ha sufrido importantes daños monetarios como resultado directo ... de la participación de cada uno de los acusados en la conspiración”, dice la demanda, que fue presentada por el bufete de abogados Greenberg Traurig en Miami.

El caso del gobierno boliviano está programado para ser juzgado en octubre de 2022, pero ese procedimiento ocurriría mucho después de cuando se espera que los fiscales federales obtengan sentencias de confiscación contra los acusados.

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