Alto Comisionado de DDHH insta a Maduro a no aprobar leyes que aniquilen el ‘espacio civil’

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instó al gobernante venezolano Nicolás Maduro no aprobar leyes que socaven el “espacio cívico y democrático” de Venezuela, y que organizaciones no gubernamentales denuncian que buscan silenciar a las voces disidentes y profundizar la represión.

La Asamblea Legislativa inició este martes el debate de leyes que el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, dijo que son para “cuidar y defender” a los venezolanos de “expresiones de odio en las redes sociales, del terrorismo y de las ideas fascistas”.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, expresó su preocupación por la posible adopción del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y por el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.

“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país – en el interés de la cohesión social y el futuro del país,” afirmó Türk.

Rodríguez dijo el lunes en un Consejo de Estado al referirse al proyecto de fiscalización de la ONG que “hay muchas ONG que son la fachada para acciones terroristas” en el país.

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Pero Defiende Venezuela, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, alertó que ese proyecto de ley presentaría una situación de ilegalización expresa de las organizaciones de la sociedad civil, probablemente acompañada de una persecución sustentada en las sanciones económicas previstas en la ley, minando la capacidad financiera para el cumplimiento de sus mandatos.

Además, precisó, se produciría la destrucción de las fuentes de financiamiento, haciendo imposible el mantenimiento de los programas humanitarios, asistenciales y de derechos humanos que actualmente se encuentran en curso, con lo cual se ocasionarían graves afectaciones a las poblaciones beneficiarias.

“Aún más delicado, la aplicación del régimen administrativo de sanciones de la ley serviría de fundamento legal para la iniciación selectiva de casos penales en contra de las organizaciones, especialmente en contra de los miembros de aquellas organizaciones de especial liderazgo o importancia nacional”, indicó la ONG.

Advirtió que esta situación tendría como consecuencia la disuasión de otros actores para involucrarse en actividades sociales de defensa y promoción de derechos humanos y el régimen de Maduro gozaría de “una hegemonía total, aislando a la sociedad de mecanismos internacionales de protección que sirvan de contrapeso al autoritarismo reinante dentro del país”.

Aniquilar al adversario

En cuanto al segundo proyecto de ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, el Observatorio Venezolano de la Justicia ha dicho que es la “última estocada contra los ya maltratados derechos” a la asociación, participación en los asuntos públicos y libertad de expresión, entre otros.

“La manera en la que está redactado el texto deja en claro que sus intenciones son políticas: silenciar a las voces disidentes y sacar del juego político a cualquier adversario”, dijo.

El Alto Comisionado también expresó preocupación por el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias, así como por el uso desproporcionado de la fuerza reportados tras las elecciones presidenciales en Venezuela, y el clima de miedo que resulta de ello.

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“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación,” afirmó el Alto Comisionado.

En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas, según ese organismo internacional.

“Pido la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas”, dijo el Alto Comisionado.

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