¿Por qué alguien votaría en contra de la Ley de Violencia contra la Mujer? La verdad es complicada

Andrew Naughtie
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<p>La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habla sobre la votación de la Cámara para renovar la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) en el Capitolio de los EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el 17 de marzo de 2021. El proyecto de ley, originalmente firmado por el presidente Clinton en 1994 expiró en 2019. </p> (EPA / JIM LO SCALZO)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habla sobre la votación de la Cámara para renovar la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) en el Capitolio de los EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el 17 de marzo de 2021. El proyecto de ley, originalmente firmado por el presidente Clinton en 1994 expiró en 2019.

(EPA / JIM LO SCALZO)

Uno de los logros legislativos más orgullosos de Joe Biden, la Ley de Violencia contra la Mujer, que recién acaba de ser reautorizada por la Cámara de Representantes, con 172 republicanos votando en contra.

A primera vista, parece impactante que alguien vote en contra de una medida diseñada específicamente para acabar con la violencia de pareja, un flagelo que arruina millones de vidas y mata a personas en todo Estados Unidos, principalmente mujeres, cada año.

Pero las razones por las que tantos republicanos votarían en contra del proyecto de ley van más allá del partidismo de rango y no necesariamente se basan en ideas simples sobre qué es la violencia de pareja íntima o qué se debe hacer al respecto.

Aprobada por primera vez en 1994 y actualizada con nueva legislación varias veces desde entonces, la ley ha enfrentado oposición durante mucho tiempo debido a lo que dice sobre las armas. Muchos miembros republicanos del Congreso se oponen a las medidas en la ley que impiden que las personas condenadas por delitos menores de abuso doméstico posean armas de fuego, aunque desde el punto de vista de proteger a las personas en riesgo de violencia letal por parte de sus parejas, esas disposiciones hasta ahora han sido relativamente limitadas.

Solo esta última versión del proyecto de ley cierra lo que se conoce como el "vacío legal del novio", una brecha en la ley federal que significaba que la restricción sobre la posesión de armas no se aplicaba a las parejas actuales o anteriores que nunca han vivido con una víctima o compartido un niño con ellos.

La idea de un proyecto de ley federal que limite el acceso de cualquier persona a las armas no sienta bien a numerosos republicanos, algunos de los cuales han hecho campaña específicamente para cambiar este lenguaje. Las medidas ayudaron a descartar un esfuerzo por renovar el proyecto de ley hace dos años, que se estancó en el Senado controlado por el Partido Republicano; esta vez, Marjorie Taylor Greene, una nueva congresista ya infame por sus puntos de vista extremos y a menudo extraños, insistió en que la mejor defensa para las mujeres en riesgo de violencia de pareja era ofrecerles entrenamiento en armas.

Leer más: Una de cada 3 mujeres es sometida a violencia física o sexual en su vida, dice la OMS

Taylor Greene también objetó un principio que comparten muchos en la derecha: que el proyecto de ley no debe extender la protección a las mujeres trans (o como las llamó la congresista, “hombres biológicos”).

“Nuevamente, los demócratas quieren violar los derechos de las niñas y las mujeres al destruir la creación de Dios, masculina y femenina”, tuiteó. “Poner a hombres biológicos en cárceles de mujeres, refugios de abuso y extender sus derechos NO ayuda a las mujeres y niñas biológicas que han pasado por el infierno”.

Esta objeción en particular se ha revitalizado últimamente a medida que la derecha despliega cuestiones de identidad y seguridad transgénero como una cuestión de división cultural. Pero las protecciones de la ley para cualquier persona en cualquier cosa que no sea una relación heterosexual cisgénero siempre han sido inútiles para muchos conservadores sociales. La lucha para extender sus disposiciones para cubrir mejor las relaciones entre personas del mismo sexo fue un tema de discordia durante años, y fue solo con la reautorización en 2013 que la ley incluyó explícitamente a las víctimas LGBT de abuso doméstico en su programa de subvenciones más grande.

Esta última versión de la ley tiene otras características nuevas, entre ellas las sanciones a la “pornografía no consensual", que establece específicamente la responsabilidad penal para cualquiera que comparta "imágenes privadas, sexualmente explícitas o desnudas" de otra persona sin su consentimiento. También amplía las protecciones para otorgar a las autoridades tribales jurisdicción sobre "los no indígenas que cometen un delito en un país indio".

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