Alberto Fernández, un presidente sitiado

Carlos Pagni
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Hay un estado de perplejidad en la sociedad, en la política. Sobre todo en aquellos que tienen que analizar el fenómeno del poder, así como también en muchas personas, dirigentes, funcionarios que rodean a Alberto Fernández y se identifican con él. Existe una perplejidad respecto de comportamientos atípicos, en términos políticos, por parte del Presidente.

Entre esos comportamientos, hace pocas horas señaló que estaba dispuesto a entregar a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Lo más raro es que dijo: “Se va a ir si encontramos reemplazante, sino se queda”. Y además, condescendió a analizar los nombres de algunos eventuales reemplazantes que están en los diarios desde hace días, sometidos al desgaste de estar allí, como posibles nuevos ministros de Justicia, a quienes tampoco confirmó. Lo interesante de esto es que podríamos usar una metáfora de guerra, una metáfora militar: Fernández entrega una nueva colina, como si fuera un presidente sitiado.

Esto produce un estado de desconcierto sobre todo porque olvidamos el diseño de este aparato de poder. Si uno recordara cómo fue armado este artefacto que llamamos oficialismo, en vez de sorprendernos por la forma en que se comporta el Presidente la entenderíamos como totalmente lógica. Primera rareza, quien lidera el grupo, la dueña de los votos (sobre todo del conurbano), Cristina Kirchner, decidió no ser presidenta. Segunda rareza: no se puso al costado, se puso abajo. Es decir, es un oficialismo donde el segundo le da órdenes al primero porque es el que tiene el poder, los votos, la legitimidad. Y la tercera rareza, la más insólita de todas, es que eligió a alguien que no sabemos cómo piensa (es probable que a esta altura haya enormes dudas respecto de cómo piensa Alberto Fernández), pero sí sabemos que a lo largo de nueve años se encargó de hacernos creer que pensaba distinto de Cristina. Casi que pensaba más parecido a Macri que a ella.

Es decir, no solamente no tiene el poder, no solamente el poder lo tiene su segundo, (subrayo esto: primera en la línea sucesoria, está como una amenaza permanentemente de reemplazo aunque no haya una crisis), sino que además existe esta ambigüedad permanente respecto de cuál es el nivel de acuerdo conceptual entre Fernández -el Presidente- y su jefa -la vicepresidenta-. Esto que acabo de describir, lo único que puede generar es incertidumbre e idas y vueltas de Fernández respecto de sus propias decisiones, que es lo que estamos viendo.

Es un Presidente sitiado. Sitiado por su vicepresidenta que a su vez es su jefa. Uno de los ejes de conflicto es la visión de la Justicia. Hoy el Presidente dijo que él coincidía con Cristina Kirchner en su visión de los problemas judiciales. Ya resulta aburridísimo ir a buscar en el archivo los videos donde Fernández critica la política judicial de Cristina. Basta recorrer todo lo que él dijo durante los años 2013 y 2014 cuando Cristina Kirchner impulsaba la denominada “democratización de la Justicia”. Pero lo más interesante es que ella no lo deja coincidir, porque hace muy poco tiempo, desde el Senado, dijo algo así como: “La idea que tiene el Presidente de reforma, eso que en el Gobierno llaman ‘reforma judicial’, para mí no lo es”. Es bastante claro que no coinciden.

Hoy es un día en que el tema judicial está de nuevo en el corazón de la escena. No solamente por esta definición acerca de que Losardo se va, siempre y cuando le consigan un reemplazante. Da la impresión de que el Presidente trata a Losardo como Cristina lo trata a él, porque realmente es una falta de respeto para cualquier colaborador que digan: “Se va a ir, pero a lo mejor no, depende de si le encuentro un reemplazante”. No es el único motivo por el cual el tema judicial está en escena, sino que ha llegado una noticia desde Brasil que es extremadamente importante para toda la narrativa que tiene el Gobierno, y sobre todo Cristina y el kirchnerismo, respecto de la cuestión judicial. Esa narrativa que ellos titulan con la etiqueta de lawfare.

La noticia es que en el Supremo Tribunal Federal brasileño, una especie de Corte Constitucional que está por encima, la cúspide de todo el Poder Judicial, hay una Sala que se encarga de la causa de Lava Jato. Esa Sala tiene un relator, un juez encargado de ese tema, el que guía a todo el Tribunal en las definiciones sobre la causa. Ese juez, que se llama Edson Fachin, dijo que el juez Sergio Moro de Curitiba “no tenía jurisdicción para tratar la cuestión del Lava Jato en relación con Lula da Silva, porque fue imputado de temas que no tienen relación directa con dicha causa”.

Esto fue un terremoto en Brasil porque, como saben, probablemente mucho más que acá, hay una impugnación por parte de la izquierda, por parte del PT, a todo el proceso contra Lula, con el argumento de que ese proceso tuvo como finalidad excluirlo de la competencia electoral para que gane Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil se encargó de darle verosimilitud a esa teoría, porque terminó nombrando ministro de Justicia al juez Moro, que es quien había condenado a Lula en primera instancia.

¿Esto significa que Lula es inocente? Eso es lo que tuiteó hoy Alberto Fernández. “Finalmente Lula es inocente”. ¿Es lo que dijo el juez Fachin? No. Lo que dijo es que tiene que volver todo el proceso a fojas cero. Hay que examinar de nuevo toda la prueba por parte de otro juez, determinar en primera instancia si es culpable y, en todo caso, habrá que ver si en la segunda instancia se lo condena o no. Es importante la condena porque en Brasil si algún ciudadano es condenado en primera y segunda instancia no puede ser candidato en las elecciones. Nota al pie de página: ya hay abogados en Brasil que dicen que lo que hizo Fachin es anular todas las decisiones de Moro, también la recepción de la denuncia. Un detalle técnico importante: si no existió nada de lo que dice Moro, los tiempos judiciales hay que contarlos desde que se produjeron los hechos por los cuales está imputado Lula. Si se anula todo y los tiempos judiciales corren desde que se produjeron los hechos, habría la posibilidad de que prescriban todos esos delitos. No habría ninguna posibilidad de que sea penalizado Lula y estaría en condiciones de ser candidato a presidente en 2022.

Por supuesto que todo este enredo procesal que acabo de contar, aquí se sintetiza por parte del kirchnerismo como “Lula es inocente, de nuevo las pruebas de que en América Latina, tanto en el caso de Brasil, como el de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia y eminentemente en la Argentina con Cristina Kirchner, lo que ha habido es una persecución de los medios, la derecha, los Estados Unidos, el sistema financiero, los empresarios, etc. para culpar a aquellos que eran inocentes”. Es decir, una persecución estrictamente política. Nombré determinados casos. En el caso de Kuczynski en Perú, no. O el caso de Piñera en Chile tampoco, porque son derecha. Ahí no hay lawfare, hay justicia.

Un detalle: Bolsonaro piensa visitar Buenos Aires el próximo 26 de marzo para conmemorar los 30 años de la firma del tratado de Ouro Preto que termina de consolidar el Mercosur. Habrá que ver cómo convive la presencia del mandatario brasileño en la Argentina con este discurso que denuncia la arbitrariedad de todo un proceso que, según la izquierda, le permitió a Bolsonaro ser presidente. Otro comentario al pasar: Bolsonaro tal vez esté contento de lo que está pasando con Lula porque en el fondo su estrategia es como la estrategia de Macri con Cristina, polarizar con el otro. El blanco y el negro. Lo necesita al otro vivo, activo, para poder ejercer esa tensión. A Macri esa estrategia le salió mal, habrá que ver cómo le sale a Bolsonaro.

Lo cierto es que el lawfare se está transformando con el paso del tiempo en una especie de contraseña política institucional que alinea cosas y que favorece a algunos vivos. Por ejemplo, Hernán Cappiello publicó en LA NACION un dato muy interesante: en un concurso judicial del Consejo de la Magistratura, para elegir un juez Penal Criminal en el temario del examen que les toman está el lawfare. No hay ninguna figura jurídica en el Derecho Penal que se llame lawfare. En todo caso, son cuestiones de teoría jurídica, teoría del derecho. Se presume que dos miembros del jurado ligados a esa materia, el doctor Falcone o el doctor Minata introdujeron ese tema. ¿Para qué? Seguramente por una cuestión ideológica y para hacer un guiño de oficialismo.

En el mismo concurso, aparece que se les va a preguntar también a los candidatos a jueces por el totalitarismo financiero, que es una categoría que tampoco existe. Nos vamos muy lejos del Derecho Penal Criminal. ¿Por qué digo que sirve para los avivados? Porque si alguien quiere ser juez, ya sabe por dónde tiene que ir, aunque no piense lo que le están sugiriendo. Aunque no crea en el lawfare o el totalitarismo financiero, ya en el temario le están avisando que se tiene que alinear ideológicamente de determinada manera para ganar el concurso.

Ya hay un debate dentro del Consejo de la Magistratura. Gente de la oposición presentó una queja por esto y está en el escritorio de Graciela Camaño, que es quien preside la comisión de selección de jueces. Habrá que ver cómo se resuelve este tema del temario del concurso 450.

Miren qué interesante esto: acaba de aparecer un libro sobre el lawfare. Los autores son gente muy ligada a Cristina, por supuesto. Uno es Eugenio Zaffaroni, una especie de Sumo Sacerdote del Derecho kirchnerista; Cristina Caamaño, exfiscal, actualmente titular de la AFI; y una especialista también en Derecho Penal y Criminal, muy cercana a Zaffaroni, con muchos estudios en Alemania, Valeria Vegh Weiss. El libro se llama Bienvenidos al lawfare. Y el prólogo es de Lula Da Silva. Más oportuno imposible. La editorial es Capital Intelectual: de Hugo Sigman, un gran proveedor del Estado, que hace negocios con el Conicet, y gran proveedor de vacunas, con un régimen muy especial para fabricarlas, que el Estado le garantiza comprarle, más allá del negocio con AstraZeneca que siempre quedó un poco en la penumbra. ¿Hay también un negocio empresarial de hablar de lawfare para estar más cerca del poder? Pregunta sin respuesta. Pero ahí está el libro editado por Sigman, firmando por Zaffaroni, Caamaño y Vegh Weis, prologado nada menos por Lula da Silva que es la estrella del día.

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Sin embargo, esta teoría del lawfare tiene dos límites. Cristina la expuso muy vehementemente en su alegato frente a la Cámara de Casación. Dos límites que ella no está dispuesta a reconocer. El primero son las pruebas. ¿Puede haber habido arbitrariedades judiciales? Seguramente. ¿Qué duda cabe de que Comodoro Py no es un ejemplo de corrección republicana en el manejo de la justicia? Ahora, esas incorrecciones se corrigen en distintas instancias. El propio Horacio Verbitsky, que comulga con el Gobierno, escribió en su momento que era inaplicable esta doctrina del lawfare, por ejemplo, en el caso Boudou, porque hay 25 jueces, fiscales, camaristas, que intervienen en un caso judicial cuando ese caso avanza a lo largo de todo el proceso. El límite a la teoría no es ese solamente. Está bien, admitamos que todo fue lawfare, fue una gran conspiración de los medios de comunicación, los empresarios, el sector financiero, Estados Unidos. Ahora bien, cada secretario de Néstor Kirchner juntó 70 millones de dólares. ¿Lawfare? José López apareció con 9 millones de dólares y una ametralladora en un convento a las 3 de la mañana. ¿Lawfare? Hay infinidad de funcionarios y empresarios que en la causa de los cuadernos confiesan, reconocen que las anotaciones de Centeno son verdaderas. Una causa donde puede haber varias arbitrariedades, pero hay una tonelada de pruebas. Ricardo Jaime, que pertenecía al entorno más íntimo de Néstor Kirchner, para atenuar una pena dijo: “Sí, yo cobraba coimas”. ¿Lawfare?

Y hay otra limitación. Cristina Kirchner dice: “A mí me perseguía Macri”. Y muchos macristas, que tienen menos que justificar porque tienen menos escándalos de corrupción, sostienen que la que persigue es Cristina. Dicen, por ejemplo: “La causa por las irregularidades, por los delitos cometidos por la AFI en la época de Macri que se lleva adelante en Lomas de Zamora, es la venganza de Cristina”. No, es una causa. Habrá que ver si son inocentes o culpables. Hasta ahora, no parece que fuera la venganza de nadie. La contradicción Macri-Cristina que es la que nos ordena todo oculta el otro límite de la denuncia del lawfare.

El problema es que fue alimentado por los propios. Si uno mira bien, y acepta por un minuto que hubo lawfare, debe reconocer que, si hay alguien que persiguió a Cristina en la Justicia, esa persona era Sergio Massa. ¿En la clase política argentina hay alguien más cercano a Bonadio o al fiscal Marijuan que él? ¿Quién decía en los actos que iba a meter preso a todos? Y “todos” eran Cristina y su grupo. Entonces, ¿cómo se explicará Cristina a sí misma que tuvo que sufrir la humillación de pactar con Massa? ¿Eso no es lawfare? ¿A eso lo recortamos y lo dejamos de lado?

Supongamos que damos crédito a los que, como Cristina, dicen que hubo una campaña de “creación de ambiente”, ¿Alberto Fernández, que recorrió los canales de televisión durante una década hablando de ella, no creó ningún clima? ¿Cómo se explica que tuvo que humillarse y hacerlo presidente?

Es decir, que esta teoría del lawfare hace agua por muchos lados, pero sigue siendo una hipótesis que hace juego con una forma de pensar las instituciones y la Justicia.

Con independencia de los delitos y de las imputaciones que se le hacen, cuando Cristina habla de lawfare manifiesta algo muy anterior a los escándalos de corrupción y algo en lo que realmente cree. Tan es así que, el 22 de noviembre de 2006, cuando el kirchnerismo -a la luz pública- todavía era inmaculado, ella defendió en el Senado la reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5, y dijo: “En algún debate anterior mencioné que en determinados medios de comunicación se decía tal o cual cosa en nombre de la República y de la Constitución, porque hacerlo en nombre de los verdaderos intereses sonaba horrible. Por eso a estas discusiones tenemos que desmitificarlas de todo el academicismo que se pretende impregnar o imponer. Señores: ¡son intereses! Aquí, en Estados Unidos, en Europa, con el sistema americano o con el sistema continental europeo, con el sistema de salas o no salas. Señoras y señores, el Derecho es siempre la expresión de la relación de fuerzas que existe en la sociedad. Siempre se expresa de esa manera”.

Estas palabras, que están en el corazón de su idea, se vieron reflejadas en su declaración por la causa de dólar futuro. Y hay que observar un detalle: no declaró desde su casa como cualquier imputado, sino que lo hizo desde la vicepresidencia de la Nación. De esta manera, no era un imputado frente a un grupo de jueces, sino que se trataba de un conflicto de poderes entre, como dijo ella, una persona que fue votada y que, por lo tanto, tiene la impunidad que concede el voto (como si fuera una especie de inmunidad especial) contra un conjunto de personas que no fueron votadas. En el fondo, lo que está sosteniendo es que todo lo domina la política y que no hay ninguna lógica, ni siquiera la del derecho penal, que pueda sustraerse al poder del que manda.

Esto está detrás de su teoría de lawfare y se terminó cobrando la cabeza de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que es una sobreviviente del anterior Alberto Fernández. Él se resiste a entregarla porque percibe que, si ella cae, pueden caer otras fichas después y le pueden tomar otras colinas. Esto se debe a que está entregando a alguien que está con él desde hace décadas: fue su colaborada tanto en la consultora privada que tenía, como en el Grupo Bapro (cuando él estuvo allí durante el gobierno de Duhalde), y fue la representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura a instancias de Fernández (durante la gestión de Néstor Kirchner). Se trata, entonces, probablemente de las 2 o 3 personas más ligadas al Presidente y a su carrera política. Ponerla en ese rol fue una manera de expresar que sus ideas y las de Cristina estaban en tensión porque no tenían las mismas ideas.

Esto se demostró cuando el fiscal Carlos Stornelli, la bestia negra del Gobierno, contó que es amigo del escribano Fernando Mitjans, el marido de Losardo. Ambos son amigos de Daniel Angelici y están vinculados al mundo del fútbol, muy ligado –a su vez- con la Justicia. Sumado a esto, la ministra era un puente, además, con el Comodoro Py que el kirchnerismo quiere dinamitar.

Entre los nombres que le sugieren al jefe de Estado figura Martín Soria, que no era kirchnerista, pero se hizo kirchnerista. Se trata del hermano y antecesor de la actual intendenta de General Roca, en Río Negro, María Emilia Soria, quien votó a favor del desafuero de Julio De Vido. Es decir que los antecedentes kirchneristas de Soria son, por lo pronto, discutibles, con lo cual daría la impresión de que fue lanzado para bloquear al candidato natural, Juan Martín Mena: el hombre del kirchnerismo dentro del Ministerio y el segundo de Losardo. Es el Vizzotti. Se va Ginés asume Vizzotti, ¿se va Losardo y por qué no sube Mena? Porque Fernández no quiere terminar de entregar esa política y, pese a lo que dijo, parece no tener la misma visión que Cristina respecto de las relaciones con el Poder Judicial.

También entre los candidatos figura un massista, aunque sería bastante paradójico que el actual presidente de la Cámara de Diputados termine dominando el Ministerio de Justicia.

Por supuesto que, detrás de la embestida contra Losardo, hay un tiro a otra mujer: Elena Highton de Nolasco, la madrina y maestra de la actual ministra. Cabe decir también que esta jueza llegó a la Corte propuesta por Fernández, en su rol de jefe de Gabinete de Néstor.

En los dos discursos, tanto en el de Alberto frente al Congreso, como en el alegato de Cristina frente a la Cámara de Casación, se habló de Elena Highton y de la urgencia porque renuncie dado que tiene más de 75 años y está protegida por un pronunciamiento del fuero Contencioso Administrativo. Highton está demolida emocionalmente por ese ataque, que no esperaba (especialmente de parte del actual mandatario), pero resiste. Como jueza de la Corte, tiene otro nivel de poder y autonomía, superior al de Losardo.

Todo es regido por la política y está es la idea que está detrás del lawfare y también, de la economía. La segunda colina que vemos que Fernández entrega es la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde la campaña, él prometió que una de las estrategias del Gobierno era resolver el problema de la deuda (primero, con el sector privado y después, con el FMI), para lo cual estaba Martín Guzmán.

Inicialmente, dijeron que el acuerdo con el Fondo se cerraría en febrero. Sin embargo, cuando el dólar se disparó, se dieron cuenta que ese acuerdo les daría una credibilidad de la que carecían y dijeron que sería en diciembre. Ahora están hablando de mayo, pero es muy difícil que haya un acuerdo para ese entonces y, por lo tanto, es muy complejo que haya un acuerdo antes de las elecciones. El acuerdo con el Fondo está agonizando severamente y seguramente pase para después de la votación.

Hay otra clave en lo que señala Cristina en sus discursos. Cada vez que nombra a Axel Kicillof, después hace una afirmación: él es el probablemente único ministro de Economía que logró ganar unas elecciones en la provincia de Buenos Aires como gobernador. Lo que quiere decir Cristina es: la política de Kicillof fue convalidada en las urnas; y por lo tanto, igual que el lawfare, es la correcta. No puede haber una verdad minoritaria porque el pueblo es quien determina cuando algo es cierto, aunque se trate de verdades técnicas.

Con este mensaje, Cristina le está hablando a Guzmán y a Fernández. Ya lo había dicho en La Plata en diciembre: si ganamos no es solamente por la unidad, sino también por la política económica de Kicillof, que es –al mismo tiempo- la suya. Y uno de los ejes de esa política fue el enfrentamiento con el sistema financiero internacional y el otro era la gestión tarifaria.

La cuestión tarifaria está en el centro de la política. En el gobierno de Néstor se hizo demagogia energética y pretendieron regalar a los ciudadanos lo que en el resto del mundo sale caro. Por el contrario, en el mandato de Mauricio Macri las tarifas aumentaron, algo que él temía que podía hacerle perder las elecciones, como finalmente ocurrió. En las encuestas, los votantes dicen que en esos 4 años se vivió un ajuste insoportable y eso fue –justamente- un resultado de su política tarifaria. En este último año, con el gobierno de Alberto y Cristina, volvieron a bajar las tarifas y es en esta cuestión donde radica parte de la tensión con Guzmán.

El actual ministro de Economía se compromete a bajar el déficit porque, no solo es muy abultado, sino que no hay forma de financiarlo salvo con emisión, lo cual genera inflación, produce atraso cambiario y –finalmente- una fuga hacia el dólar que termina en un colapso. Bajo esta reflexión, negocia con el FMI.

Del lado de Cristina y sus funcionarios energéticos –a cuya cabeza está Darío Martínez, el secretario de Energía-, sostienen que con esa idea perderían las elecciones. Hoy el Estado se hace cargo del 60% del costo de la Energía, sobre todo del gas; esto significa que se paga con los impuestos de todos.

Para cumplir con los números del presupuesto de Guzmán, habría que bajar esa cifra al 35%. El Estado solo estaría en condiciones de afrontar ese porcentaje del costo energético. Esto significaría que habría que reducir los subsidios, o subir el peso de las tarifas, entre 27 y 35%, según la época del año. Sin embargo, a Guzmán le dicen que no lo haga porque el kirchnerismo está entusiasmado con el incremento de los ingresos provenientes de la soja (unos 250.000 millones de pesos, vía retenciones) y del impuesto a la riqueza. Con este gravamen recaudarán lo máximo que se pensaba: 300 mil millones de pesos. Esa caja adicional hace que, en principio, no tengan que hacer un ajuste.

Elaborado por el economista Fernando Marull
Elaborado por el economista Fernando Marull


Elaborado por el economista Fernando Marull

¿Cuál es la estrategia entonces? Suspender el acuerdo con el Fondo porque el propio Fernández, en las reuniones con los funcionarios de Cristina, los defiende a ellos en vez de apoyar a Guzmán.

En conclusión, seguramente no haya acuerdo hasta después de las elecciones y la Argentina vaya a un default en mayo con el Club de París, que son los mismos accionistas que están en el FMI. Luego, con este panorama, habrá que hacer una renegociación si, en ese momento, la realidad económica recomienda a la política ir a un acuerdo; es decir, que depende de cómo impacte ese acuerdo en los votos.

Así, no solo se entregó a Losardo, sino también una política importante: la de normalización de la deuda y de acuerdo con ese organismo internacional. Incluso, daría la impresión de que se subió un tono esa estrategia y ya hay cierta tensión con el FMI. Además, se acusa al gobierno anterior de haber arreglado con ellos, pero –en rigor- este es un reproche a los funcionarios de esta entidad.

Este fin de semana, Clarín publicó una nota en la que informa que el Gobierno analiza exponer en la ONU el mega préstamo del FMI, como se hizo con los holdouts. La diferencia es que, en el caso actual, se está lidiando con países y eso podría impactar distinto en Naciones Unidas.

Hay una novedad adicional que es favorable para el Gobierno: la de capitalizar al FMI, es decir que se le asignaría a los países un monto importante de la moneda del organismo, llamada Derechos Especiales de giro (DEG). Una propuesta que apoya la administración de Joe Biden, contraria a la postura de su antecesor, Donald Trump. Tan es así que la secretaria del Tesoro acaba de respaldar esta capitalización en la reunión del G-20 del 25 de febrero.

Esta iniciativa le permitiría a la Argentina devolverle al Fondo lo que le debe utilizando su propia moneda, escenario que, en Washington, algunos integrantes del organismo ven como posible. Si eso sucede, Cristina ganaría esta pelea. Como siempre.

La tercera amenaza que pesa sobre el Presidente es la pandemia, en la que se ven muchas arbitrariedades en torno a la vacunación y a partir de la cual se disparó el escándalo en Formosa. El gobierno de Gildo Insfrán está abrazado a números muy exitosos frente al coronavirus: es la provincia que ha tenido menos casos y, por lo tanto, menos muertos. Además, tiene un sistema de salud aceptable en comparación al resto de provincias del norte. Sin embargo, lo que el mandatario provincial no pensó es que es imposible abrir la economía y volver a cerrarla, lo cual hizo que estallara la clase media, vista como el enemigo por el propio Insfrán.

La situación en Formosa es importante porque trae al centro de la consideración pública cómo se mueven los liderazgos caudillezcos del norte, que tiene muy poco que ver con el discurso progre que le gusta modular a un profesor de Derecho de la UBA. Hoy Fernández tuvo que traer a Insfrán a una reunión en la que participaron algunos gobernadores. Horacio Rodríguez Larreta, que no se enoja nunca, se negó a ir para evitar salir en una foto con el formoseño.

Si le queda a Fernández algún interés por seducir a la clase media, Insfrán se lo está complicando. Algo que es aún más relevante considerando que es uno de los grandes aliados de Cristina en el Senado, junto con Gerardo Zamora (de Santiago del Estero) y con Carlos Verna (de La Pampa). Es, además, el presidente del congreso del peronismo.

Lo que sucede en Formosa es, de esta manera, un problema para Fernández: ¿y si él también, por el avance de la pandemia, debe volver a cerrar la economía? ¿Le pasará lo mismo que Insfrán? Hay que volver a mirar a Brasil, ahora no por Lula, sino por el estallido de la pandemia que en lugares como San Pablo ya desbordó el sistema de salud.